El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido que
intervenir para evitar que una pareja con dos hijos pequeños, tras agotar todas
las instancias judiciales nacionales, fuera desalojada de una vivienda que
ocupó por extrema necesidad de forma ilegal. Si el derecho a la vivienda está
consagrado en la
Constitución , ¿por qué se ha tenido que acudir a instancias
supranacionales para que se imparta justicia en España? ¿Acaso hay que llegar a
actos de ciega desesperación para que lo “social”, que debería caracterizar a
nuestro Estado, sea atendido por el Gobierno antes que lo “económico”? Ya son
varios los suicidios protagonizados en diversas ciudades españolas por personas
desesperadas que iban a ser desahuciadas por impagos de sus hipotecas. Incluso
una pensionista de 74 años se ha visto
obligada a encerrarse en una sucursal del banco BBVA de Guadalajara para forzar
una negociación con la entidad que evitase su desahucio. La anciana había
presentado su vivienda como aval para la hipoteca de un piso que solicitó su
hijo, también pensionista por minusvalía, y que había dejado de pagarla tras
perder el empleo.
En Alcalá de Henares, una alumna que iba a matricularse en
septiembre para el segundo curso intermedio de inglés no ha podido cumplir su
sueño. La tasa de matrícula había subido de 120 a 250 euros, más 19 de
gastos. Y eso sin repetir, pues en tal caso la tasa se elevaría a 299 euros. Su
familia no podía costear tales gastos y tuvo que renunciar a continuar sus
estudios. La “solución” de las becas universitarias tampoco se presenta factible puesto que, a partir de este curso,
se exigirá una nota media de 6,5 y aprobar la totalidad de las asignaturas para
poder conseguirla. Ser pobre y del “montón” te condena a convertirte en mano de
obra barata, sustituible sin apenas “costo” por despido.
Trabajadores y sindicatos protestan en Valencia ante la Consejería de Bienestar
Social por la asfixia económica a la que someten a centros y programas de
atención a menores, familias y jóvenes en situaciones de maltrato, desahucios y
otros casos de exclusión social, y que eran gestionados por entidades sin ánimo
de lucro en aquella Comunidad. Circunstancias semejantes que dejan de ser
paliadas y que empujan a un albañil de 57 años, en paro, que intentaba
“arreglarse” con las miserias que obtenía como gorrilla en un solar de Málaga, a
prenderse fuego porque ya “no tenía ni para comer”.
Menos dramático, pero sin comer, están más de 6.500 niños de
cerca de un centenar de colegios de Cádiz, Huelva y Sevilla a causa de la
huelga de transportistas de una empresa que abastecía de alimentos a los
comedores escolares de estas provincias, por impagos de la Junta de Andalucía. Las
guarderías de la región también habían advertido el pasado verano de que se
verían obligadas a cobrar directamente a los padres el coste de sus servicios
ante los atrasos en las subvenciones acordadas con la Administración
comunitaria.
Los médicos de Madrid dimiten en masa de sus cargos
directivos para disuadir al Gobierno de la región de sus planes para la
privatización de hospitales y centros de salud. La marea blanca de protestas no
frena, sin embargo, una iniciativa en la que no se desglosa ningún detalle ni
estudio que evidencie la supuesta “mejora” para la sanidad y el “ahorro” para
las arcas públicas que represente una gestión privada frente a la pública. Mientras
tanto, se retira la tarjeta sanitaria a los inmigrantes, se exige el pago de un
euro por receta a los usuarios y se impone el copago en las medicinas a los
pensionistas que estaban exentos. Además, se suprimen determinadas prestaciones
de la cartera de servicios y el aborto vuelve a estar restringido a supuestos
que limitan este derecho de la mujer.
Todas estas medidas –y otras muchas- hunden la capacidad de
las familias para el ahorro y abocan al paro y al empobrecimiento general de
una sociedad española paralizada de espanto. Según Eurostart, la cifra de
desempleados alcanza ya los 6 millones de personas, lo que sitúa la tasa de
paro en el 26,6 por ciento, el doble de la media en la zona euro.
Mientras estas transformaciones van moldeando una nueva sociedad,
los casos de corrupción se multiplican y afectan incluso a la familia Real. Más
de 300 cargos imputados, repartidos en cinco autonomías fundamentalmente
(Baleares, Valencia, Cataluña, Galicia y Andalucía) y que afecta a los partidos
mayoritarios, dan muestra del desvalijamiento que los políticos más inmorales y
desvergonzados hacen del dinero público. Un dinero que falta para prestar los
servicios básicos que demanda la sociedad, pero que corre a raudales para el
enriquecimiento de unos pocos o favorecer a los poderosos.
Si este es
el modelo de sociedad que queremos, creo que nos hemos equivocado. España ha
dejado de ser un Estado Social para convertirse en uno mercantil; tampoco es
Democrático por la falta de pluralidad que de hecho amordaza la expresión
pública, y el Derecho tiene que impartirlo un tribunal europeo porque las leyes
en España amparan a los poderosos y los ricos. Esta no es la sociedad que
prefiero. Tampoco la he votado.
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