viernes, 30 de junio de 2017

Vacaciones


Como otros años, también este tomamos vacaciones. Pero serán unas vacaciones un tanto especiales: durarán más tiempo. En vez de los quince días habituales, desaparecemos de la cotidianeidad durante un mes completo, los próximos 31 días de julio. Y es que los jubilados, como el amanuense de este blog, también tienen derecho a disfrutar de vacaciones, aunque en realidad se limiten a cambiar no hacer nada en la ciudad por no hacer nada frente al mar. Pero es un cambio, al fin y al cabo, que sirve para replantearse algunas cosas, tales como dónde desayunar y comprar el periódico cada mañana, qué hacer a media tarde y olvidarse a duras penas del ordenador y el móvil. Es decir, retomar una vida más analógica que digital, con lo que ello conlleva de ruptura con rutinas o dedicaciones, ninguna de ellas obligatorias pero asumidas con la debida responsabilidad, como las que exige esta bitácora desde hace años.

Es por tal motivo que informamos a nuestros fieles e invisibles babilonios que durante el mes de julio Lienzo de Babel se mantendrá en silencio, no registrará ningún post o interrogante sobre las incertidumbres que inquietan a su autor y comparte con sus lectores y seguidores. Con toda probabilidad, esa interrupción vacacional devendrá útil para unos y otros. Entre otras cosas porque posibilita tomarse un descanso y mantener la debida distancia (espacial, temporal y personal) para renovar enfoques, ampliar expectativas y refrescar ánimos con los que enfrentar una temporada nueva que a buen seguro será emocionante. Y es que son tantos los problemas, tantos los obstáculos y tantas las preocupaciones que se avizoran en el futuro inmediato que éste será cualquier cosa menos tedioso, en el que destacan, por ejemplo, el desafío secesionista catalán, el brexit inglés, la visceralidad amenazante de Trump o la podemización del ¿nuevo? PSOE en España. Se están produciendo cambios en las relaciones internacionales, retos en las cuestiones nacionales y luchas interminables en las locales que nos desubican y ponen en cuestión nuestras certidumbres, hasta el extremo de precipitarnos en un abismo donde reina la desorientación y la zozobra. No sabemos qué va a pasar mañana.

Pero estar en silencio no significa ser mudo, ni estar ausente ser invisible. También en vacaciones seguiremos atentos a lo que depare la realidad para, si la voluntad no flaquea, poder comentarla en agosto o, en función de su gravedad, interrumpir la plácida inactividad de la bitácora con la recurrente reflexión o cuestionamiento con que intentamos comprenderla. Y es que el compromiso de Lienzo de Babel con sus lectores no va a verse alterado ni estando de vacaciones. Es tanto el respeto que nos merecen que sólo manteniendo este compromiso podemos corresponder al interés y la fidelidad con que nos premian. Dándoles, pues, las gracias por ello, sólo nos resta desearles que disfruten de unas estupendas vacaciones. Nos las merecemos, todos. Y no olviden meter en la maleta algunos libros, por si las horas se hacen eternas. La imagen de tu vida, de Javier Gomá Lanzón (Galaxia Gutemberg), y La gran transformación, de Karl Polanyi (Fondo de Cultura Económica), ya me acompañan. ¡Volvemos en agosto!

jueves, 29 de junio de 2017

Comisiones de investigación y sistema político

Siempre se ha dicho que para que algo no cambie, si está muy cuestionado, hay que crear una comisión de investigación que lo estudie y aporte soluciones. La mayoría de ellas concluyen en nada y dejan el problema como estaba, salvo cambios cosméticos que nada modifican ni arreglan. Especialmente, si las investigaciones son políticas. Ahora mismo existen, simultáneamente, cuatro comisiones de investigación en las Cortes españolas, algo inédito en nuestra joven democracia: una, sobre las “escuchas” del Ministerio del Interior contra adversarios políticos, que ya ha obligado a comparecer al exministro Jorge Fernández Díaz y al exresponsable de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso; otra, a instancias de Podemos, sobre la crisis bancaria, que aguarda pacientemente a que no se retrase más su constitución; otra más, la tercera, acerca de la presunta financiación ilegal del Partido Popular (PP) y los casos de corrupción que le afectan; y la cuarta, en el Senado y a instancias de un PP que se cree víctima de un “proceso político” por la comisión anterior, sobre la financiación de los demás partidos políticos con representación parlamentaria, que también está en trámite de apertura y de acordar la extensa lista de comparecientes. Esta última se constituye en el Senado porque en esa Cámara dispone el PP de mayoría absoluta y la oposición no puede rechazarla. De todas ellas, la más llamativa, para la prensa y, por ende, para los ciudadanos, es la que pretende aclarar la financiación ilegal del Partido en el Gobierno. Y el “show” ya ha comenzado.

Para deleite de unos y enfado de otros, el primero en comparecer ha sido Luis Bárcenas, el delincuente que, aprovechando su cargo como responsable de la tesorería del partido conservador, se ha enriquecido ilícitamente –su fortuna está a buen recaudo en el extranjero- gracias a donaciones que realizaban magnates y empresarios al Partido Popular a cambio de adjudicaciones públicas. Esa ingente cantidad de dinero de procedencia ilegal se administraba a través de una contabilidad “B” -o “contabilidad extracontable” como reconocía el propio Bárcenas-, opaca al control de cuentas de cualquier entidad sin ánimo de lucro y de interés público como es un partido político, y se destinaba a la financiación ilegal del partido y la remuneración adicional y no declarada, en sobres nominativos de entrega personal, de altas personalidades de la formación y cargos del Gobierno. Un dinero “extra” que servía para “engrasar” una maquinaria de “favores”. El listado detallado de cantidades y personas beneficiadas es lo que se conoce como “papeles de Bárcenas”, filtrado en su día a la prensa y certificada su autenticidad de manera fehaciente. Así era, precisamente, la manera de proceder de la trama de corrupción Gürtel, tanto en Valencia como es Madrid, comunidades gobernadas por el Partido Popular, y de la que los “papeles de Bárcenas” constituye un capítulo adicional, no el más importante, que se investiga judicialmente en pieza aparte. Sin embargo, las implicaciones políticas del caso –han hecho del PP el primer y único partido de España imputado judicialmente por financiación ilegal-, es lo que intenta esclarecer la comisión de investigación del Congreso, para determinar el alcance y gravedad de los hechos. Y por esa causa, además, es por lo que está citado a declarar como testigo el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante el tribunal que juzga el caso. Algo también inédito en la historia de la democracia española.

Podemos imaginar, desde ya, cómo finalizará la investigación parlamentaria, con “chivos expiatorios” que cargarán con la culpa (siempre se halla alguien que abusa del sistema) y melifluas alusiones condenatorias al sistema que convive con la corrupción (como en una relación simbiótica). Pero también es posible que tengamos la oportunidad de conocer hechos, relaciones y personajes que han entronizado dicho sistema y unas determinadas políticas con la intención de preservar privilegios de unos pocos, de una élite que retiene el poder en España desde siempre. Bárcenas no es más que un fiel reflejo de ello. Este miembro de la élite, que ya ha pasado por la cárcel donde recibió mensajitos de apoyo por parte del mismísimo presidente del Gobierno, es el que ha inaugurado las comparecencias en el Congreso de los Diputados. Y se ha comportado como cabía esperar, con un cinismo chulesco –o una chulería cínica- que ha dado lugar a enfrentamientos verbales con algunos diputados que lo interrogaban, excepto con los de su propio partido, quienes ni siquiera le han preguntado y han dedicado la sesión a glosar las bondades de una inequitativa recuperación económica que el Gobierno supuestamente ha propiciado.

Y decimos que este extesorero del PP es una muestra fidedigna de los de su especie porque representa, por modales, apariencia, vinculaciones y comportamiento, a los herederos de quienes vencieron, tras sublevarse, en una Guerra Civil y consideran España su botín de guerra. Gente engreída, déspota, engominada, conservadora e hipócrita en lo moral, algo más relajada en lo social y ultraliberal en los económico, pero detentadora de privilegios sólo explicables como resultado de una conquista militar o por la fuerza, no gracias al esfuerzo o el mérito personal. Su adhesión a la democracia es coyuntural siempre y cuando les sirva para retener prebendas que consideran patrimoniales, heredadas de esos antepasados (biológicos o ideológicos) que las conquistaron tras el fratricidio bélico. Actúan como si España fuera su finca y, por ello, no dudan en “doparse” (utilizar una financiación “extra” o ilegal para competir electoralmente), como hace el Partido en el que se cobijan, para garantizarse el control del poder político, económico y social de este país que creen les pertenece, cual cortijo privado. Este sistema político, vestido para la ocasión con traje democrático, vino impuesto con una monarquía que encarna no la voluntad popular libremente expresada, sino la tutela diseñada por un dictador para asegurarse que la élite que él representaba controlaría los hilos, atados y bien atados, que nos manejan, someten y gobiernan. Esa monarquía, incrustada en un proyecto constitucional de forma inseparable, nunca pudo ser elegida por los ciudadanos, por lo que contiene esa ilegitimidad de origen que la vincula indefectiblemente a la voluntad de un dictador, que se preocupó por “educar” convenientemente al sucesor de su régimen y portador de la corona.

No es de extrañar, por tanto, que, con esa mentalidad de dominio absoluto sobre el país, la corrupción y la desfachatez hayan impregnado hasta la Casa Real en algunos de sus miembros, donde algún yerno se ha creído con poder para imitar la avaricia voraz que permitiría el rango o que su titular se comportara sin comedimiento en cacerías escandalosas en Botsuana (África) o en Vólogda (Rusia), y hasta se condujera exento de esa moralidad que públicamente exhibía, ante los demás no con él mismo, al entablar “amistades” íntimas con princesas y empresarias, y dar rienda suelta a sus pulsiones. O que el símbolo supremo del poder civil del Estado, aconfesional pero en sus formas y fondo religiosamente católico, consiguiera, como heredero del rey y de la Jefatura, contraer matrimonio con una divorciada con toda la solemnidad y el boato de una boda religiosa, cosa no permitida al común de los creyentes mortales. Todo lo cual constituye un ejemplo paradigmático de una élite que no se siente sujeta a normas ni leyes, sean estas civiles o religiosas, éticas o morales. Y ante la que la Iglesia, siempre dispuesta a respetar los reinos de este mundo, no duda en modular sus normas y atenuar sus exigencias en función del alma distinguida que será uncida con su bendición, ya sea a través del sagrado sacramento del matrimonio y paseándola bajo palio. Al fin y al cabo, la Iglesia es un poder terrenal más y aquí desarrolla su actividad. Comprendemos, de esta forma, la confluencia de intereses que este sistema oculta bajo su apariencia democrática y convivencial. Intereses económicos, políticos, religiosos y sociales que configuran el poder de una élite nada acostumbrada a ser cuestionada, investigada y mucho menos a dar explicaciones. Exactamente, lo que evidencia la cínica actitud de Bárcenas y de su partido.

Todo un sistema político en el que la economía, las instituciones sociales y hasta el marco moral están subordinados a los intereses y privilegios de esa élite que históricamente acapara el poder en España. Una élite que se ha valido, en democracia, del Partido Popular -anteriormente Alianza Popular y, antes aun, con integrantes del Movimiento Nacional, el partido único creado en 1937 por el franquismo-, como el instrumento político más eficaz para la defensa de sus privilegios y prerrogativas ideológicas. Fue creado por miembros directos de la dictadura y herederos ideológicos de aquel régimen fascista y opresor. En la actualidad se encuadra en el pensamiento de derecha, conservador o neoliberal, sinónimos que designan la misma finalidad: retener el control del sistema en manos de la élite que detenta el poder, mediante una monarquía parlamentaria. Tan formidable es su capacidad de persuasión de la población, declarándose defensor de las esencias patrias, que ni siquiera protagonizando los mayores escándalos de corrupción en nuestro país deja de ser la primera fuerza política por número de votos. Frente a otras opciones aparentemente más favorables a la equidad e igualdad social, e incluso con menos casos de corrupción en su seno, sigue siendo el partido preferido por los españoles. Ni a pesar de haber ejecutado los mayores recortes económicos y sociales, con excusa de una crisis económica, que han empobrecido a la mayor parte de los ciudadanos, dejado orillados a los más desfavorecidos, pero beneficiados a los pudientes y poderosos, es abandonado por los que escogen la papeleta del Partido Popular en unas elecciones. Su influencia en la sociedad es tan abrumadora que narcotiza a las masas y les impide distinguir que el Partido Popular conjuga ideología con intereses particulares de las élites. Por eso se creen impunes y hasta autorizados para la corrupción, el latrocinio y la arbitrariedad más sectaria. Piensan que administran los intereses de la finca de su gente. Como Bárcenas, al que una comisión de investigación no le va a arredrar en la defensa de sus intereses ni a despeinar el engominado pelo que cubre sus convicciones ideológicas. Tampoco va a cambiar el sistema político. 

lunes, 26 de junio de 2017

RTVE, un medio para la excelencia

Excepto bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, Radio Televisión Española (RTVE) siempre ha estado al servicio del Gobierno de turno para utilizarla como un formidable instrumento propagandístico de sus políticas y para la manipulación sectaria e ideológica. Aquel gobierno socialista quiso profesionalizar la Televisión pública (TVE) y conferirle la mayor neutralidad posible del poder político, de tal manera que sus contenidos, sobre todo los informativos, fueran fruto del criterio periodístico de sus profesionales –que los hay y muy buenos- y no del recado de obligado cumplimiento de la Moncloa (Presidencia del Gobierno) o del Ministerio correspondiente. Recuerdo que en estas mismas páginas ya hicimos en su día una valoración de la reforma que impulsó en 2006 el Gobierno socialista de Zapatero para intentar que TVE se pareciera lo más posible, en rigor e independencia, a la BBC inglesa, corporación mediática que se toma como modelo de una televisión pública de calidad  En aquel entonces se legisló para que el presidente del Ente Público fuera elegido por una mayoría de dos tercios del Parlamento, lo cual evitaba que un único grupo con mayoría absoluta pudiese designarlo sin consenso entre sus correligionarios, y se establecieron las bases para una progresiva autosuficiencia financiera que la librara de la dependencia de los Presupuestos Generales del Estado, incluso renunciando a la tarta publicitaria que se disputan las televisiones privadas. Se perseguía, con aquellas medidas, una televisión de servicio público de indiscutible profesionalidad e independencia, y no un panfleto audiovisual gubernamental. Hasta que llegó Rajoy en 2012 y recuperó “la voz de su amo”.

Gracias a la mayoría absoluta de su primera legislatura, el Gobierno del Partido Popular modificó aquel sistema de elección del Presidente de RTVE y del Consejo de Administración por el de simple mayoría absoluta, lo que permitía su designación sin mediar consenso con los demás partidos de la Cámara. Además, los eximió de la dedicación exclusiva que el anterior sistema les exigía, suprimiéndoles el sueldo como consejeros pero remunerándolos con el cobro de dietas por su asistencia a las reuniones, compatibles con los emolumentos que percibieran por su actividad privada o funcionarial. Para mayor control, redujo de 12 a 9 el número de miembros del Consejo de Administración y consideró extinguidos –y, por tanto, eliminados- los tres puestos de ese Consejo que eran nombrados por los sindicatos mayoritarios. El resultado de todo ello está a la vista con el deterioro de la credibilidad de la Televisión pública, las múltiples quejas de los propios profesionales de la Corporación sobre las trabas y las interferencias políticas en su trabajo y por unos índices de audiencia que la sitúan en los puestos más deshonrosos del ránking nacional. El modelo impuesto por Rajoy era el perpetrado en TeleMadrid por el Gobierno de la Comunidad Autónoma con tanto éxito “manipulador” que el presidente del canal regional fue la persona designada para dirigir la televisión pública nacional, con los resultados ya señalados.

Actualmente, al gobernar en minoría, el Gobierno del Partido Popular no ha tenido más remedio que aceptar, en el último momento, una propuesta del PSOE, apoyada por la mayoría del Parlamento, para recuperar el sistema de elección de la Dirección de RTVE mediante mayoría cualificada de dos tercios, y que ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados. No ha podido impedir que se recupere el estatuto de RTVE que implantó el denostado presidente Zapatero para que la imparcialidad, la neutralidad y la independencia rigieran el servicio público de la televisión que sufragan todos los españoles. Ahora, vuelve a requerirse una mayoría de dos tercios para la elección del Presidente y el Consejo de Administración de TVE y, en un plazo no mayor de tres meses, proceder a renovar la actual Dirección del Ente, nombrada sin consenso por el Gobierno de Mariano Rajoy gracias a su anterior mayoría absoluta. Dicha renovación se hará por concurso público y los candidatos deberán ser refrendados por esa mayoría cualificada del Congreso y el Senado. Pero para evitar bloqueos como los que el PP realizó al final de la legislatura socialista, si no se logra esa mayoría de dos tercios, la elección se hará por mayoría absoluta, siempre que consiga el aval de la mitad de los grupos parlamentarios. De esta manera, ningún partido podrá bloquear la renovación de la Dirección de RTVE. Se pretende con ello implantar un modelo de desgubernamentalización y despolitización en la gestión de la Televisión pública de España.

Ni qué decir tiene que la modificación legal del Estatuto de la RTVE ha sido recibida con satisfacción por los trabajadores y periodistas de la empresa pública, por su consejo de informativos y por los sindicatos con representación en ella, Habría que añadir que, también, por los ciudadanos que demandaban una Televisión pública neutral y de calidad que no avergonzara a la audiencia. Se revierten, por fin, las políticas de manipulación informativa del Gobierno del Partido Popular que utilizaba la Televisión pública como órgano de propaganda a su servicio. Se recupera, además, la profesionalidad, la independencia política y la neutralidad de un medio de comunicación tan importante y que aspira a la excelencia, como es Radio Televisión Española. ¡Ya era hora!

jueves, 22 de junio de 2017

Feliz verano


Ya estamos, desde ayer, oficial y astronómicamente en verano, aunque el calor hace tiempo que se adelantó en el calendario. Y ya estamos todos deseando tomar las merecidas vacaciones veraniegas para engañarnos con un descanso que no es tal, una desconexión de las rutinas que tampoco es completa y unas ansias de felicidad que suelen frustrarse, la mayor parte de las veces, con los inconvenientes que también trae consigo esta estación calurosa y excesivamente lumínica. Una luz que, sin embargo, ya ha comenzado a menguar. Aunque ayer fue el día con más horas de luz del año, es curioso que con el verano empiecen los días a ser imperceptible pero progresivamente más cortos, hasta que a mediados de agosto nos sorprendan esas tardes lánguidas que contagian nostalgia con una luz mortecina que nubla el horizonte. Y es que, nada más empezar, ya estamos temiendo el final de un verano en el que, año tras año, depositamos esperanzas inútiles y sueños baldíos que casi nunca se cumplen. Pero la promesa permanece intacta como un boleto de lotería que cada verano nos invita a participar en esta ilusión colectiva con la que alguien, en algún lugar en durante algún momento, cree que acaricia la felicidad. Que paséis un buen verano. Os lo merecéis.

miércoles, 21 de junio de 2017

¿Un nuevo PSOE?


Pedro Sánchez, reelegido secretario general de los socialistas de manera abrumadora en un proceso de primarias después de haber sido forzado a dimitir en un convulso comité federal hace sólo ocho meses, ha nombrado a un nuevo comité ejecutivo federal con personas de su plena confianza y en total sintonía con él. No quiere que otra vez vuelvan a posicionarse en su contra y obligarlo a abandonar la dirección del partido. Esa es la consecuencia del cambio más novedoso acaecido en la organización socialista: modificar el modelo de extracción de los componentes de la dirección federal, que integraba a los discrepantes y respetaba, en cierta medida, la representación territorial de las distintas federaciones (los famosos “barones”), por una concentración del poder que acapara el ahora elegido y le permite rodearse exclusivamente de sus más fieles escuderos. Incluso su posible destitución ha de ser consultada a esas bases que lo votaron, blindando de esta manera el cargo frente a una probable censura por parte de los órganos competentes del comité intercongresos o federal. Podría decirse que se ha optado por una ejecutiva presidencialista en vez de colegiada, propia de un organismo supuestamente federal. Todo lo cual, no obstante, es legal y fruto de la normativa por la que se rige el partido desde que asumió convocar primarias para la elección de sus dirigentes. Nada que objetar, por tanto, salvo una escasa generosidad y ese cariz vengativo que denota la nueva ejecutiva del PSOE en sus primeras medidas.

Cariz vengativo porque, al parecer, se ha optado por extender la pétrea homogeneidad “cesarista” que exige el renombrado líder a las distintas federaciones que le negaron su apoyo en primarias. Todos esos “barones” díscolos se van a tener que enfrentar a candidatos que disputen su liderazgo en los próximos congresos regionales y que, presumiblemente, surgirán con la bendición de la nueva dirección federal del PSOE. La intención implícita es la sustitución de esos líderes locales críticos por otros afines al secretario general. Tal actitud queda lejos de “coser” el partido como todos decían desear. Más bien parece uniformarlo en el silencio acrítico en vez de unirlo en la diversidad de sus voces hasta lograr un coro perfectamente armónico. La gran “novedad” del PSOE consiste, por lo que puede apreciarse, en un empoderamiento de las bases, de semejanza asamblearia, en detrimento de la democracia representativa seguida hasta la fecha para la extracción de las élites que conforman el “aparato” del partido. De ahí aquella exitosa argucia electoral de diferenciar un PSOE de los militantes de otro supuestamente de las élites, del “aparato” y también, cómo no, de la gestora. Todo ello se ha precipitado cuando ha convenido a un líder que persigue alcanzar como sea acuerdos con otras formaciones parlamentarias que posibiliten desalojar al Gobierno de Mariano Rajoy. Algo legítimo de todo partido cuando es posible, pero contraproducente si es a causa de una obcecación ajena al resultado electoral e inviable con la actual aritmética parlamentaria y el apoyo de fuerzas desintegradoras de la cohesión territorial y social.

Hay que recordar, al respecto, que las coaliciones de gobierno son honestas cuando se establecen y concurren previamente en elecciones para que los ciudadanos decidan. Además, no se forjan a cualquier precio, puesto que suelen ser más inestables cuanto mayor son las diferencias entre los coaligados. El proyecto y hasta la identidad del partido que las necesita pueden disolverse entre las exigencias nunca suficientes de sus provisionales socios de gobierno. Y ese afán de Pedro Sánchez por conseguir acuerdos con las “fuerzas del cambio” para desbancar al Gobierno del Partido Popular no es, en absoluto, nada nuevo, pues ya fue una iniciativa que resultó fallida en 2016 tras dos elecciones generales, con resultados cada vez peores para los socialistas. Aquella intransigencia en seguir intentándolo, sin importar condenar al país a un tercer proceso electoral y mantenerlo paralizado con un gobierno en funciones durante cerca de un año, fue lo que provocó su desautorización por un comité federal ante el que, finalmente, acabó presentando su dimisión. Prefería unas terceras elecciones a desatascar la situación de bloqueo mediante la abstención del grupo parlamentario socialista, lo que acarreraría –como de hecho sucedió- la constitución de un gobierno en minoría del Partido Popular, al que los ciudadanos habían dado su confianza como primera fuerza parlamentaria, aunque con una minoría mayoritaria. Una abstención que se negaba acatar esgrimiendo el mantra del “no es no” –por eso dimitió también como diputado-, pero que ahora –las vueltas que da la vida- no ha tenido empacho en utilizar con ocasión de la moción de censura presentada por Podemos contra ese mismo Gobierno.

Pero es que ni siquiera el lema “somos la izquierda” del 39º Congreso del PSOE supone novedad alguna más allá del mero recurso publicitario, útil para atraerse a los socialistas descontentos que hayan podido pasarse a Podemos. Se supone que de izquierdas siempre se han reconocido los socialistas, aunque se comporten como una izquierda moderada que se limita a reformar el capitalismo con medidas sociales que se articulan en ese llamado Estado de Bienestar que la socialdemocracia impulsó en Europa tras la segunda Guerra Mundial. Afirmar “somos la izquierda” constituye una obviedad desde los tiempos de Pablo Iglesias y Francisco Largo Caballero, máxime cuando el “viejo” PSOE nunca ha sido la derecha, aunque se le pareciera. Pero pregonar ser la izquierda para contrarrestar la competencia de un partido radical de izquierdas con la radicalización propia, es cosa distinta y delicada en un partido históricamente reformista y moderado que ha conseguido, cuando ha tenido oportunidad de gobernar, los mayores avances en la modernización, el bienestar y el progreso de este país en las últimas cuatro décadas. Más que eslóganes, la tendencia ideológica se demuestra con un programa y unas iniciativas que responden a las necesidades más perentorias de los ciudadanos, aquellas que provocan desigualdad y pobreza, y que pueden ser factibles en una coyuntura de dificultades y crisis como la que todavía estamos sorteando.

Del igual modo, también es simple tactismo la promesa del “nuevo” PSOE de someter a las bases cualquier acuerdo de envergadura que pretenda adoptar la cúpula del partido, como si esa consulta fuera más democrática que el ejercicio de sus competencias de una dirección resultante de la democracia representativa. Todo depende, sea cual sea el método de implementar iniciativas, de su concordancia con lo prometido por escrito en el programa electoral. Garantizar lo estipulado con los votantes es mucho más coherente y democrático que unos plebiscitos que, en realidad, eximen de responsabilidad por sus acciones a los dirigentes, elegidos precisamente para llevar a cabo lo acordado en el programa.

Claro que, por si fuera poco, ese es otro problema mayúsculo: ¿qué programa se va a cumplir? ¿El de España como nación o el de un país plurinacional? ¿El que confía en ganar  elecciones para gobernar o el que busca acuerdos parlamentarios con quien sea para conseguirlo? ¿El que cuenta con todo su patrimonio humano, sean militantes o líderes, en un permanente esfuerzo de integración o el que causa división en aras de una homogeneización monolítica? ¿El que renunció al marxismo en 1979 o el que pretende resucitarlo como filosofía política y modelo social?  ¿El que propugna un proyecto para España o un trampolín a medida para un determinado líder? ¿El que prioriza la estabilidad política y el interés general a la legítima ambición partidista? ¿El que apela a un pluralismo incluyente o el que se basa en un populismo de barricadas?

No es fácil decidirse porque uno y otro programa se confunden en ese “nuevo” PSOE que se decanta por un estado plurinacional al tiempo que reconoce que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español; que aspira a la unidad pero segrega a quienes expresan algún disenso; que busca obsesivamente el pacto con las “fuerzas del cambio”, pero descarta el apoyo de los partidos independentistas o separatistas. Tal es el “nuevo PSOE que comienza su andadura bajo la batuta de Pedro Sánchez, cuya idoneidad se verá confirmada, como obsesivamente pretende, si logra llevar a los socialistas al Gobierno y, fundamentalmente, si recupera la confianza del electorado para volver a ganar elecciones sin tener que pagar hipotecas de coalición que desnaturalicen su identidad y su mensaje. Este es el reto que deberá superar y para el que se le ha dado una segunda oportunidad. Confiemos en que sepa aprovecharla.