jueves, 17 de agosto de 2017

Jo també sóc catalá


Jo també sóc catalá y estoy al lado de las víctimas inocentes del terror, sean catalanas, españolas, francesas, belgas o inglesas, víctimas de cualquier nacionalidad, raza, idioma o religión que son objeto del odio de los fanáticos e intolerantes que asesinan indiscriminadamente empujados por su debilidad y complejo de inferioridad. Hoy más que nunca, cuando el terrorismo yihadista atenta en Barcelona, me solidarizo con el ser humano al que le arrebatan la vida porque ama la libertad, la paz y la democracia que los terroristas combaten porque no son compatibles con su ideario trasnochado de sangre y muerte.

miércoles, 16 de agosto de 2017

En la piel de Juana


No es conveniente, ni prudente, tomar partido en los problemas conyugales de pareja. Se puede acabar perdiendo la amistad de una de las partes, o de las dos, en caso, incluso, de una inesperada pero probable reconciliación del matrimonio. Sin embargo, a veces no hay más remedio que dejar las equidistancias y comprometerse con quien estimamos víctima de un abuso intolerable o una situación desgraciada. Máxime, si existe violencia o maltrato por medio. En tales casos, no es posible evitar ponerse en la piel y mostrar una imprescindible empatía con la parte que ha sufrido amenazas, castigos y humillaciones que atentan contra su dignidad como persona. Por eso me pongo en la piel de Juana Rivas, creo en su historia e intuyo que lo que hace es por el bien de sus hijos.

Es sumamente raro que estas situaciones se aireen fuera de las cuatro paredes en las que se desarrollan. Pertenecen al núcleo de intimidad de la pareja y apenas rebasan esa barrera de ignominia, dolor y vergüenza que causa en la parte afectada, que las soporta confiando en que se trata de un episodio excepcional o por mantener la ficción de normalidad familiar ante los hijos e, incluso, ante la indefensión que se vislumbra tras una ruptura definitiva y sin recursos. Todo se aguanta hasta que ya no se puede más y estalla un conflicto que viene de antiguo. Como el caso que está de actualidad en comentarios de la calle, en tertulias diversas, en noticiarios y medios de comunicación y hasta en los rumores y bulos de peluquería. El caso de Juana.

Juana es una joven granadina que se separa de su pareja, un italiano 14 años mayor que ella, al que denuncia por malos tratos, siendo considerado culpable y condenado en 2009 por agresiones. Tras la separación, ella regresa a España, con un régimen de visitas al hijo de ambos que es más o menos respetado hasta que, tres años más tarde, el exmarido se lleva al niño a Italia y no lo devuelve, por lo que Juana vuelve a presentar denuncia de los hechos. En 2013, Juana se queda sin trabajo y su exmarido la convence para volver a Italia, donde viven en una minúscula isla cerca de Cerdeña, en una casa rural aislada en medio del campo. En vez de reconciliación, allí vive Juana, según su testimonio, una especie de cautiverio en el que se suceden los malos tratos, tanto físicos como psicológicos, en un ambiente tan hostil como cerrado que más parece una cárcel que un hogar.  Finalmente, Juana huye y regresa a España, trayéndose consigo a sus dos hijos, de tres y once años, pues durante el breve espacio de su fallida reconciliación concibió al más pequeño. Pero no es hasta dos meses después de hallarse en España que Juana denuncia a su expareja, en julio de 2016, por violencia de género. Esa denuncia no fue traducida ni cursada a Italia a su debido tiempo, por lo que su exmarido tuvo tiempo de presentar con anterioridad una denuncia internacional, en agosto, contra Juana por secuestro de menores. La Justicia italiana dicta sentencia en la que exige la devolución de los niños a su domicilio habitual (Italia) para que convivan con su padre, un hombre condenado por maltrato a la madre de los niños. Desde entonces, Juana se halla en paradero desconocido, desde el pasado 26 de julio, desobedeciendo citaciones y sentencias judiciales que podrían acarrearle males mayores, como el ingreso en prisión y hasta la pérdida de la patria potestad de sus hijos.

¿Quién es capaz de asumir tantos riesgos y por qué? Estoy convencido que sólo una madre es proclive a actuar a la desesperada por sus hijos. Ella afirma que sus hijos están en peligro y que se esconde para protegerlos, a la espera de que el Tribunal Constitucional decida sobre su petición de amparo. Desgraciadamente, el Tribunal no admite el recurso y deja en una posición sumamente delicada a la joven granadina. Entre la versión del padre y la de la madre, parece más verosímil la de ella, al estar impregnada por la desesperación y las insensateces ciegas de quien busca proteger, no su integridad física, sino la de sus hijos. Sólo el miedo y la desesperación pueden explicar su conducta, sin más antecedentes que el de ser víctima de un exmarido agresor y violento. Sin embargo, la fría y calculada actuación de su exmarido, midiendo sus pasos, sus declaraciones y sus iniciativas judiciales, parecen provenir de quien no acepta que su autoridad se discuta, no tolera perder ni verse rechazado por lo que creía era de su propiedad y no admite, a pesar de la sentencia condenatoria por agresiones brutales, ser el perdedor en su enfrentamiento con su exmujer. Ambos aluden a la defensa de los hijos, cuya protección debería tener supremacía frente a cualquier otro derecho o consideración, pero parece más verosímil esa preocupación en quien se juega el pellejo frente a la ley que en quien no ha dudado en hacer uso de la violencia para imponer su voluntad machista, sin importar siquiera que los niños sean testigos de su violencia.

No sé cómo acabará esta desagradable historia ni qué futuro aguarda a Juana. Pero me pongo en su piel y espero que, con ayuda de la repercusión social y mediática, la Justicia se quite la venda de los ojos y dicte con sensibilidad una solución que no perjudique aun más a una madre a la que golpean, no sólo su exmarido, sino también el infortunio, la desesperación y el Código Penal. Hay que ponerse en su piel para comprenderla.     

lunes, 14 de agosto de 2017

Exigir lo perdido

La conflictividad laboral, la que surge por la necesidad de empoderar las exigencias de los trabajadores frente al desinterés o el rechazo de los empresarios, parece que vuelve a ocupar protagonismo en las relaciones laborales y la atención de los poderes públicos. De hecho, las huelgas aumentaron cerca del 4 por ciento durante el primer semestre de este año, según revela el diario El País. Si ello es así, gran parte de sus objetivos se han visto alcanzados, ya que estas huelgas han servido para dar a conocer la existencia de problemas en el mundo laboral, donde se han producido conflictos en la estiba, los transportes y las comunicaciones, principalmente. Pero el más importante de los logros, recuperar lo perdido en los últimos años, está por conseguirse. Y de eso se trata: de exigir lo perdido por los trabajadores.

Cuando desde el Gobierno y los índices macroeconómicos se alardea de una casi milagrosa recuperación económica tras una década de crisis, incluso como argumento para consolidar un control político y social que impida todo cuestionamiento de las reformas neoliberales, parece natural que quienes más perdieron con esa crisis y con las medidas tomadas para combatirla reclamen la devolución de lo que les quitaron y que no dan por perdido. Parece llegado el tiempo de exigir el retorno de las condiciones laborales y la recuperación de los salarios, todo lo cual fue machacado en nombre de una crisis que todos aseguran está superada, menos para los trabajadores, que continúan soportando sus consecuencias. Hasta ahora. Ya los asalariados comienzan a rebelarse contra una situación que debía ser coyuntural y que patronos y gobierno pretenden sea permanente: mantener sueldos de miseria, trabajos precarios y condiciones laborales nefastas para los trabajadores. En definitiva, que se trabaje más que antes pero por menos retribución que nunca. Un timo que con la excusa de la crisis se intenta perpetuar. Y los empobrecidos, trabajadores en activo pero también en el paro, han decidido no soportar más la situación que les humilla y atenta contra su dignidad: han comenzado a exigir lo que les corresponde de la recuperación: condiciones y salarios dignos. Exigen, pues, lo perdido. Y están en su derecho.

Y lo hacen con los medios que les reconoce la ley: con manifestaciones, paros y huelgas, único modo de obligar a patronos y Gobierno a sentarse a negociar y conseguir acuerdos que satisfagan sus exigencias. O para negarse que su situación empeore aún más, aunque los tachen de privilegiados e insolidarios. Plantillas reducidas al límite, salarios rebajados o congelados por lustros, condiciones laborales que niegan cualquier beneficio a los trabajadores, incluido el de la negociación colectiva, y medidas que suponen un retroceso en las relaciones laborales nunca imaginado tras años de lucha por conquistas y derechos en los que algunos, víctimas de la represión y las balas, pagaron con la vida. Ya era hora de reclamar lo arrancado a los más humildes, a los trabajadores que sostienen con su precariedad los abultados beneficios y las grandes rentabilidades que se endosan los poderosos, los dueños de los conglomerados, los amos de las industrias y los ricos que especulan con el sudor de los que trabajan en tajos y fábricas. Y al Gobierno, que al tiempo que favorece a los poderosos, esquilma con impuestos a los que deja en la estacada, sin apenas recursos y sin ayudas públicas.

Los últimos en no aguantar más han sido los vigilantes de seguridad del aeropuerto del Prat de Barcelona, trabajadores de la empresa de multiservicios Eulen, subcontratista de una empresa pública, Aena, que gestiona los aeropuertos de España. Es la jugada clásica del liberalismo económico: para abaratar un servicio que antes prestaba personal propio, se contrata una empresa privada que lo provea a menor costo. Y ese menor costo se consigue reduciendo plantillas y rebajando salarios. Hasta que ya no se puede más y estalla el conflicto, naturalmente cuando más le “duele” a la empresa, cuando más necesario es su funcionamiento, cuando hay miles de usuarios transitando por aquellas instalaciones, cuando se puede presionar para negociar de verdad. Pero no piden la luna, exigen recuperar el poder adquisitivo perdido en estos años, justamente cuando la recuperación devuelve los beneficios a la empresa y llena el bolsillo de sus administradores. Exigen lo suyo, ni más ni menos. Como cualquier trabajador que anhele trabajar con dignidad.

Como también lo exigieron los trabajadores de los puertos españoles, los estibadores que vieron peligrar sus condiciones laborales por la desidia de un Gobierno que esperó hasta el último momento para abordar las reformas que imponía Bruselas tendentes a liberalizar el sector. Tampoco pedían la luna, sino garantizar lo que tenían, condiciones y salarios, independientemente de los procedimientos de selección y acceso. También ellos se vieron forzados a manifestaciones y huelgas, cuyas consecuencias enseguida fueron esgrimidas en su contra, como si fueran los causantes del problema.

Y los mismo ha sucedido con los examinadores de Tráfico, hartos de trabajar a destajo y en cada vez peores condiciones. Y los de las ambulancias de Gerona, y los de Renfe, y los profesores interinos, y las camareras de planta de los hoteles, y todos los que faltan por sumarse a exigir lo quitado, lo robado, pero en absoluto dado por perdido en el marco laboral de este país, para escapar de esa pobreza impuesta que, como dice la historiadora María Elvira Roca Barea en su libro Imperiofobia y leyenda negra, condena a “dos generaciones de españoles, al menos, a trabajar más y ganar menos que otros europeos para pagar un sobrecoste de financiación cuyas causas carecen de explicación racional…” . Los trabajadores españoles comienzan a exigir lo perdido. Ya era hora.