lunes, 26 de septiembre de 2016

12 canciones para una vida

He transitado por la existencia musitando melodías que se han quedado grabadas en mi memoria y me han ayudado a revivir momentos que, sin la música que los impregna, habrían sido olvidados sin que tuvieran una significación especial ni aportaran ningún recuerdo amable. Acaso, sin ese hilo musical que ha sido consustancial con el vivir, ni siquiera recordaría que una vez fui joven y tímido, que buscaba refugio en la música para ocultar mis debilidades y temores. Canciones que me conciliaron conmigo mismo.
Black is black, de Los Bravos.


Estas canciones no responden a un gusto musical determinado ni pertenecen a un estilo concreto, salvo el pop y el rock, sino al arbitrario capricho de quien retiene esas melodías aferradas a su vida por mil y un motivo diversos, a veces contradictorios, aunque generalmente porque le cautivaron en el instante en que las escuchó por primera vez y porque le hacen rememorar acontecimientos, un tiempo o unos sentimientos que cree fueron, en su día, felices y agradables, instantes que vinieron marcados por una banda sonora que los conservó en el cajón de lo inolvidable.
Let it be, de The Beatles.


Muchas de esas canciones sirven de acompañamiento a una pretérita y fugaz felicidad y despiertan aún la nostalgia de lo irremediablemente perdido, pero que deja el rastro indeleble de unas notas musicales con las que siempre las vinculará la memoria.
Honky tonk women, de The Rolling Stones.


Son canciones que de alguna manera forman parte de mi biografía, aunque aquí se relacionan sólo las que constituyen la médula musical de mi identidad personal. Sin ellas yo no sería el mismo porque no habría vivido lo que ellas me hacen recordar.
Ponte de rodillas, de Los Canarios.


Responden a tiempos distintos y estilos variados, pero todas se circunscriben a una época en que la música moderna influyó sobremanera en una generación que estrenaba adolescencia e ilusiones con las que pensaba comerse el mundo, antes de atragantarse con él.
Tu nombre me sabe a hierba, de Serrat.


Incluso imaginábamos poder transformar la realidad a golpes de versos y entonando himnos que señalaban el camino a cualquier lugar ubicado en la utopía romántica del soñador que fuimos.
My way, de Nina Simone.


O nos sumíamos en la más profunda e inútil de las ensoñaciones para bucear en nuestro interior en busca de una paz y una comprensión que jamás encontramos porque el silencio nunca nos perteneció ni supimos apreciarlo. Teníamos prisa por vivir y no podíamos quedarnos quietos.
Sonidos del silencio, de Simon y Garfunkel.


Sin embargo, no renunciamos a balancearnos en las notas agudas de ritmos que nos transportaban a lejanos paraísos sin necesidad de acuerdos políticos ni sustancias alucinógenas. Viajábamos sin salir de casa y con el pasaporte de un sencillo `pick-up´ que nos hacía internacionales y modernos en ferias y verbenas.
Europa, de Santana.

 
Hubo músicas para la revolución que cobardemente nunca emprendimos y para el amor que ingenuamente siempre perseguimos hasta que nos hirió y nos hizo sangrar de dolor, del dolor de los desengaños y el dolor de los obstáculos en los que se tropieza al pretender acapararlo. Canciones que mitifican sentimientos que se hacen eternos entre las notas de un pentagrama, donde siempre te encuentro.
Only you, de Yazoo.

 
O canciones que te invitan a seguirme, a venirte conmigo para volver a soñar, a recrear aquellos lugares que habitamos puros entre nubes de promesas y flores de un prado que irradiaba belleza. Eran tiempos de credulidad y lozanía cuando aún creíamos poder subir todas las montañas y atravesar incólumes todos los valles de la vida. Canciones que nos devuelven la inocencia desperdiciada en crecer y encanecer de serios.
Are you going with me?, de Pat Metheny.


Por eso me gustan estas canciones que acompañaron mi vida y supieron convertir  derrotas en ironías, que cantan la incredulidad de los perdedores y la desconfianza de los vapuleados por las leyes y las hormonas, por las deudas y las enfermedades. Con ellas, yo también transbordo en la estación de la nostalgia, rememorando viejas melodías que me inducen aun a soñar despierto lo que nunca seré y lo que ya fui: otro que llena los balcones de sacos terreros, cual trinchera donde defenderse de todos, también de mi, viejo amigo. Chao.
Transbordo en Sol, de Patxi Andión.
 
 

domingo, 25 de septiembre de 2016

España, según Galicia y País Vasco


La gobernabilidad de España está condicionada por el resultado de las elecciones autonómicas en Galicia y el País Vasco que se han celebrado hoy. Tanto el Partido Popular (PP), que mantiene en funciones el Gobierno de la nación, como el Partido Socialista (PSOE), que aspira a consolidar una alternativa de izquierdas que desbanque a los conservadores del poder, tenían puestas sus esperanzas en que sus marcas regionales se convirtieran en imprescindibles para los ejecutivos nacionalistas y, por ende, se vieran obligados a entablar acuerdos de alcance nacional que posibiliten la investidura de sus respectivos candidatos al Gobierno de España.

Esas eran las esperanzas por las que tanto Mariano Rajoy como Pedro Sánchez, líderes de ambas formaciones políticas, se volcaron personalmente en esos comicios, participando en mítines y arrogándoles una importancia “nacional” de la que, en realidad, carecen. Buscaban interpretar los resultados autonómicos como si fueran generales y demostrativos de la fuerza con la que contaban para labrar acuerdos en el Parlamento nacional. Pero el resultado ha dejado la situación tal como estaba: el Partido Popular revalida su ventaja en Galicia, donde su candidato gobernará cómodamente el único gobierno regional con mayoría absoluta del Estado, y asume una indiscutible posición de autoridad para sustituir a Mariano Rajoy como candidato a presidente del Gobierno en España. Por su parte, el Partido Nacionalista Vasco repite como primera fuerza política del País Vasco, donde podrá seguir al frente del Ejecutivo regional con apoyos parlamentarios puntuales. En ambas comunidades, el partido socialista pierde votos, siendo tercera fuerza en Galicia y cuarta en Euskadi, donde el batacazo es descomunal.

La única lectura posible de estos resultados es evidente: los populares, a pesar del resultado en el País Vasco donde pierden un escaño, conservan la confianza del electorado, reteniendo el gobierno gallego por mayoría absoluta, mientras que los socialistas hacen agua de manera dramática y son superados por las marcas territoriales de Podemos en ambas comunidades, especialmente en el País Vasco, donde pierden siete escaños. Interpretar estos datos a escala nacional significa dejar gobernar al Partido Popular en España, aunque sea en minoría y dependiente de pactos y acuerdos parlamentarios, y que el PSOE digiera en la oposición sus reiterados malos resultados, intentando desde el control al gobierno en el Parlamento reconciliarse con sus antiguos y defraudados votantes. Para ello, deberá abstenerse y desbloquear una situación de ingobernabilidad que perdura desde hace casi un año y tras dos elecciones generales seguidas. Acudir a unas terceras elecciones sería suicida para un PSOE que, vistos los resultados cosechados en todas las elecciones desde hace seis años, se despeña en la irrelevancia política.

Si la gobernabilidad de España estaba pendiente del resultado de estos comicios autonómicos en Galicia y País Vasco, ya no hay excusas: hay que asumir el dictamen de los votantes que, por dos veces consecutivas, se han pronunciado por un gobierno conservador minoritario y una oposición de izquierdas en el Parlamento que lo controle férreamente. No hay que darle más vueltas ni acudir a unas terceras elecciones generales para certificar el hartazgo de los ciudadanos con la clase política. España ya ha quedado definida según Galicia y el País Vasco.

viernes, 23 de septiembre de 2016

Derecho de adoctrinar


Siempre me ha parecido un abuso de autoridad mentalizar a los niños con las creencias religiosas de sus padres a través del bautismo y la primera comunión sin que ellos sean conscientes, dada la edad y su inocencia, a lo que se comprometen con esos rituales en apariencia sociales, festivos e inofensivos. Están siendo obligados, mediante el adoctrinamiento ritual desde que nacen y antes de que alcancen la mayoría de edad, a adoptar las creencias religiosas de sus progenitores, en las que es fácil entrar, incluso sin solicitarlo ni quererlo, pero muy difícil salir, ya que el proceso de apostasía es sumamente complejo y está estigmatizado socialmente. Se soslayan, de esta forma, los derechos del niño con tal de ganar adeptos, con la bendición del poder eclesial y el apoyo legal del Estado y del poder judicial.

Eso es, precisamente, lo que ha ocurrido con una niña de la Comunidad Balear, a la que una sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha obligado a hacer la primera comunión en contra de su voluntad pero de acuerdo con el criterio de su padre, que estaba empeñado en ello. Se trata de un caso extremo que ha llegado a los juzgados por la discrepancia suscitada en el seno familiar entre los deseos de la niña, secundada por su madre, y los contrarios del padre, quien hizo valer su patria potestad con ayuda de la justicia. Según la sentencia, nada salomónica, dado que los padres (divorciados) se habían casado por la Iglesia y habían bautizado a la menor, resultaba coherente que la niña, hija de creyentes, comulgara con tales creencias, a pesar de su negativa a celebrar ese rito religioso. La coherencia valorada por el juez se impone a un menor, obviando sus derechos, pero no a unos adultos que incumplen, cuando les conviene, los dogmas de la religión que dicen profesar al romper el “indisoluble lazo del matrimonio” católico. Ejercen una coherencia “descafeinada”. Lo grave del asunto es que un juez, presumiblemente católico, refrenda judicialmente el capricho del padre porque la ley garantiza el derecho que asiste a los padres para decidir la formación religiosa y moral de sus hijos. Del derecho de la madre y de la propia hija no dice nada ni se tiene en cuenta.

Ese derecho de los padres a que sus hijos reciban los sacramentos colisiona con la libertad del niño para creer o no creer en lo que quiera en virtud de su “libertad de pensamiento, de conciencia y de religión” que reconoce la Convención de los Derechos del Niño. No parece justo, por tanto, que ante la voluntad expresa del menor de no celebrar el sacramento iniciático de la primera comunión, se le haya impuesto una decisión, en este caso judicial, que contraviene sus deseos, máxime cuando tal rito obedece a una estrategia de adoctrinamiento que la Iglesia Católica aplica en connivencia con el propio Estado y otros poderes civiles.

Porque es la Iglesia Católica la que intenta moldear la mente –un papel en blanco- de los niños con un adoctrinamiento que se inocula desde la infancia y la juventud mediante ritos de paso formales que buscan su arraigo, reforzados por la tradición y la cultura, en la mentalidad del adulto. Se trata de una carrera entre la razón y la fe con el propósito de que la creencia desplace al raciocinio antes de que éste aparezca. Por eso, si no se respeta la voluntad del niño, por ser menor y no tener criterio, para negarse a celebrar la primera comunión, tampoco, por el mismo motivo, debería obligársele asumir un compromiso iniciático que persigue conquistar sus mentes antes de que se planteen ideas racionales que cuestionen los dogmas religiosos. Y el Estado, ante los intereses particulares de la Iglesia y los generales de los ciudadanos, debería siempre amparar y proteger los segundos, desvinculándose de la labor proselitista y adoctrinadora que practica la Iglesia.

Sin embargo, en España el Estado no es neutral y mucho menos laico, en contra de lo que proclama la Constitución. El Estado español reconoce una preponderancia a la Iglesia Católica que se traduce en privilegios y libertades para la manipulación de esas criaturas maleables que son los niños. Fomenta y hasta facilita económicamente el adoctrinamiento continuado de las personas que practica la Iglesia a través del bautismo del infante, la primera comunión del niño, la confirmación del adolescente, el matrimonio del adulto y hasta la extremaunción del que muere, sin olvidar las misas, cultos y demás ceremonias que tratan de reafirmar los preceptos religiosos –católicos, por supuesto- dominantes en la sociedad.

Esta contribución activa del Estado en el fomento del catolicismo se hace descaradamente evidente en la presencia de la signatura de religión en la educación, no como parte de una historia del pensamiento filosófico del hombre, sino con la finalidad catequética de señalar determinados valores morales a los que el niño ha de adherirse y las sendas predeterminadas que han de seguir para orientar su comportamiento. Es decir, no sólo se le tolera a la Iglesia que practique el adoctrinamiento de sus fieles a través de los ritos que celebra como entidad religiosa, sino que el Estado le permite que utilice la educación pública para sembrar su ideario excluyente y manipulador. Un privilegio aún más hiriente cuando un Gobierno sectario, afín al catolicismo, prefirió eliminar la asignatura Educación para la ciudadanía, que perseguía promover valores cívicos de tolerancia, justicia, pluralismo y libertad sobre los que descansan los Derechos Humanos y el Estado de Derecho, para sustituirla por la asignatura de religión con valor académico en el currículo escolar.

Que este peso asfixiante de la religión católica en la sociedad española y en la vida de los ciudadanos, desde su más tierna infancia, no haya sido suficiente para que una niña decidiera no sucumbir a ceremonias que, tras su aparente e intencionada vertiente “festiva”, son meros instrumentos de proselitismo y adoctrinamiento, es algo digno de encomio que resalta su capacidad crítica, mucho más racional que la de su padre. Un hecho que pone de relieve, además, la intromisión de la Justicia, como uno de los poderes del Estado, en asuntos que debieran solventarse en la privacidad de las creencias individuales, sin menoscabo de los derechos y libertades que asisten a las personas, sean niños o adultos. Todo ello evidencia la necesidad de que el Estado sea realmente laico, no sólo “aconfesional”, para que no favorezca con privilegios a ninguna confesión religiosa y deje que las creencias respetables de los ciudadanos se circunscriban al ámbito íntimo e individual de cada uno de ellos. Y, sobre todo, que no participe en la manipulación y adoctrinamiento de los niños para que, cuando sean adultos, se conviertan en personas libres, racionales y responsables. Un Estado que no reconozca ningún derecho de adoctrinar.

miércoles, 21 de septiembre de 2016

Júbilo de otoño

La estación que hoy comienza es, para muchos, un tiempo gris y melancólico, propicio para encerrarse en uno mismo y añorar, durante esas tardes breves y aterciopeladas de sombras, aquella luminosidad radiante del verano y sus horas renuentes a que la noche extendiera su manto. Con el otoño, las estrellas encienden el firmamento con la  impaciencia de quien ha vencido la tiranía de la luz y hacen parpadear de júbilo la inmensidad nocturna que se enseñorea cada vez más temprano del día. Un aire fresco hace tremolar las hojas de los árboles y alivia la tierra de un calor que agoniza entre estertores sofocantes. Es el otoño que revive en los calendarios de la naturaleza y en el instinto de los animales, renovando los ciclos por los que se rige la vida y el mundo en el transitar de los años. Una estación de sosiego y cautela ante las rigurosidades del invierno y tras los ímpetus desatados del verano. Con el otoño se jubila el año y nos prepara para un nuevo renacer en el que las yemas de las plantas y las hembras fecundadas de los animales volverán a poblar, entre flores y seres animados, el paisaje indómito de la vida. Júbilo de otoño que nos predispone a nuevos retos, nuevas esperanzas, nuevos proyectos. Como la jubilación otoñal de las personas: tiempo para despertar otras ilusiones, descubrir otras inquietudes desde la serena atalaya de la experiencia y el sosiego de una vitalidad domeñada. Júbilo de otoño en la mirada y en lo que vemos: un remanso ocre de paz y promesas.


lunes, 19 de septiembre de 2016

ERE en los zapatos de los expresidentes de Andalucía

Griñán y Cháves
Coincidiendo con la imputación de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por su participación en la trama de financiación ilegal del Partido Popular en aquella comunidad, se hace público un nuevo capítulo del caso de los ERE de Andalucía con el escrito de acusación del Fiscal por el que solicita castigos muy duros a los expresidentes de la Junta, Manuel Cháves y José Antonio Griñán, junto a otros 18 exaltos cargos del Gobierno andaluz. En esta pieza relativa al procedimiento de concesión de las ayudas sociolaborales, que durante más de 10 años estuvo presupuestando y otorgando el Ejecutivo andaluz, la acusación de la fiscalía estima la implicación activa o pasiva de los expresidentes, para los que pide penas de inhabilitación por prevaricación para Cháves y de 6 años de cárcel, por malversación, para Griñán y varios exconsejeros.

Ajustándose al criterio de la juez instructora, Mercedes Alaya, el fiscal del caso y el juez que ha de juzgarlo, Álvaro Martín, consideran que todo el programa de ayudas de la partida presupuestaria 31L es ilegal y su uso delictivo, por lo que todo el dinero otorgado a prejubilaciones de trabajadores y ayudas sociolaborales a empresas en situación de especial dificultad ha sido malversado. De ahí que se acuse a estos exmandatarios de robar o permitir robar a otros cerca de 800 millones de euros, a pesar de que el Tribunal Supremo fallara que sólo una pequeña parte de los ERE subvencionados fueron fraudulentos o improcedentes. El matiz no es baladí.

Caso de los ERE en cifras
Malversar dinero público es un delito penado con severidad, por lo que la prueba ha de ser contundente e indiscutible y no basarse en meras sospechas indiciarias que tienen más de persecución política que de rigor legal. Máxime cuando los inculpados han pagado el precio político de abandonar todo cargo y puesto partidista o institucional a los que hubieran accedido. Ambos dimitieron de la presidencia de la Junta de Andalucía y de sus escaños en el Congreso y el Senado, respectivamente. Tampoco se les ha probado un lucro personal derivado de su presunta implicación en el escándalo por el que son inculpados, una implicación que reviste una gravedad considerable si se considera, como estimaba la juez Alaya, que toda la partida habría sido creada en los Presupuesto de Andalucía, durante más de una década, con la finalidad ilícita de saltarse la ley a la hora de otorgar subvenciones a empresas y trabajadores en zonas o comarcas con especial incidencia de paro y destrucción de empleo. Si toda esa partida era un fraude, los imputados pueden ser acusados de malversación y condenados según lo solicitado por la fiscalía. Aparte del perjuicio político y penal, se les infiere un daño moral en su hasta ahora intachables honra, honestidad y dignidad personal que sería imposible de resarcir si, al final del proceso, resultaran inocentes.

Que el escrito acusatorio del fiscal se haga público en estos momentos no es una casualidad del destino en cuanto la dependencia del ministerio fiscal con el Gobierno que nombra al Fiscal General del Estado es reglada y motivo de críticas cada vez que su actuación parece obedecer a criterios gubernamentales antes que judiciales. Justo cuando el Gobierno se siente acorralado por los escándalos del caso Soria-Guindos, el de Rita Barberá y el reconocimiento de que la mayor parte del rescate a la banca no se podrá cobrar y se cargará a los ciudadanos vía impuestos, aparece el escrito de la fiscalía dando a conocer oportunamente su calificación de los hechos y las penas que demanda. Mucha casualidad para cualquier avezado lector de prensa que no se haya mareado ante tan prolija relación de escándalos y los impedimentos que encuentra el actual inquilino –en funciones- de la Moncloa para conseguir la investidura que le permita seguir gobernando como si tal cosa. Es mucha casualidad que ese candidato sea el líder, mira por donde, del partido corroído por esos escándalos de corrupción que ahora pasan a segundo plano tras la actuación del fiscal del caso de los ERE.

No seré yo quien defienda a estos expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía, que para eso disponen de toda una serie de abogados expertos en la materia, pero sí puedo mostrar mi extrañeza por unos procedimientos judiciales tan alargados en el tiempo, pero tan oportunos a la hora de materializar cada uno de sus pasos, tal como acostumbraba la juez instructora, Mercedes Alaya, con los autos que dictaba coincidiendo cronológicamente con comicios o actos del partido socialista en Andalucía. Demasiada casualidad.

Sin embargo, ello no me impide reconocer la nefasta gestión, descuidada y poco ejemplar, que la Junta de Andalucía ha llevado a cabo con esa partida presupuestaria, dando lugar a actuaciones, al menos, irregulares y arbitrarias en la concesión de tales ayudas sociolaborales a empresas y trabajadores. La falta de rigor y de controles han provocado que los abusos y el fraude contaminaran un instrumento de auxilio social del que se aprovecharon unos cuantos desaprensivos. Es reprobable, inaceptable y corregible. Pero de ahí a la “imputación masiva” y la conspiración criminal para delinquir desde la propia Junta de Andalucía y sus más altos dirigentes a lo largo de más de una década, hay un trecho. El mismo que se sorteó desde la instrucción del sumario hasta el escrito de acusaciones del Ministerio Fiscal.

Mientras no se demuestre lo contrario, yo me alineo con el periodista Antonio Avendaño, quien mantiene que Cháves y Griñán son personas “honorables a los que cabe atribuir errores pero no delitos, atajos pero no atracos, chapuzas pero no conspiraciones, debilidades pero no maldades” y, en suma, equivocaciones pero no robos. Ningún ilícito, penal o no, debe consentirse en la administración pública, aunque no todos sean de la misma magnitud y perversidad. La corrupción política es indeseable e intolerable. Pero no es lo mismo robar que errar en un procedimiento administrativo. El matiz no es baladí, a pesar de que la fiscalía no lo tenga en cuenta, porque presupone una condena antes de que exista sentencia en la honra y dignidad de personas que, una vez puestas en duda, no podrán recuperarlas ni en el caso de que sean declaradas inocentes. El daño ya estará hecho, que es lo que presumiblemente se busca: poner un ERE en los zapatos de los expresidentes de Andalucía.