Un pensamiento único se apodera entonces de la razón, por lo
que, narcotizados por una información dirigida y machaconamente administrada
(esas primas de riesgo y unos bonos del Tesoro en techos inauditos), ni se estiman
ni se buscan otras soluciones distintas que pudieran posibilitar no sólo
poder escapar de las ataduras de una crisis que nos paraliza absolutamente, sino también
recuperar la soberanía en las decisiones autónomas, en virtud de nuestras reales
capacidades, sin estar supeditados a intereses ajenos.
Porque, en definitiva: ¿qué es un rescate? Son exigencias de
acreedores para asegurarse el cobro de préstamos con los que financiar nuestra
economía. Se deja a su arbitrio la catalogación de nuestra solvencia y los requisitos
incluso para el gasto que debemos afrontar. Es decir, los prestamistas
califican nuestra capacidad financiera y estipulan cómo debemos administrar
nuestras finanzas. Es como si dejáramos al banco la capacidad de determinar no
sólo el uso del dinero que nos presta, sino también de obligarte a organizar
tus cuentas (obligándote a reducir gastos drásticamente) en función de sus
intereses, siguiendo unilaterales parámetros que no se pueden cuestionar,
ajenos a tu propia solvencia real. Se les otorga, así, capacidad para manipular
la situación de los clientes con tal de asegurarse el cumplimiento de sus
exigencias. De esta forma -a nivel estatal-, pueden llevar a un país, que
mantiene unas ratio razonables en sus
cuentas nacionales, a situaciones que hagan peligrar su capacidad de
endeudamiento gracias a unas presiones de los “mercados”, que elevan los
intereses a pagar por dicha deuda. En una palabra, pueden convertir en
insolvente a cualquier solvente, con ayuda de algún “beneficiado” oculto entre esta
maraña de relaciones cruzadas en que se desenvuelve la economía mundial (¿Quién
gana con una España arruinada?).
Lo más sorprendente de todo ello es que los agentes que
califican la solvencia del país son los mismos que fallaron estrepitosamente –e
incluso participaron activamente en el fraude- en la génesis de una crisis que empezó hace cinco años con la caída del
banco Lehman Brothers y la quiebra de varios fondos que invirtieron en las
famosas hipotecas subprime. Esos
mismos actores son los que ahora administran nuestras finanzas, conduciéndonos
por la senda del rescate, previa meticulosa mentalización de la población. El
ministro de Economía español, Luis de Guindos, era el delegado para España y Portugal
de Lehman Brothers, y Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, fue
director ejecutivo del Banco Mundial y delegado para Europa de Goldman Sachs, agencia
de inversión que participó en el derrumbe de Lehman Brothers y fue cómplice en
la ocultación de la deuda griega.
Ningún proyecto político, como es la creación de una zona
europea de moneda única, puede depender del empobrecimiento de los ciudadanos y
de la sustracción de sus derechos sociales más elementales, cuales son los la
educación, la salud y la confianza en un futuro mejor, no peor. Y mucho menos
por un proyecto mal elaborado y peor realizado para disponer de una moneda común
sin contar con los mecanismos e instituciones que la salvaguarden y defiendan
de los vaivenes de la especulación financiera.
La lógica del mercado no es la única lógica posible. También
existe una lógica de la finalidad social y redistributiva de la riqueza, a la
que ha de adecuarse la economía mediante las regulaciones y normas que el
Estado determine, sin que ello restringa los derechos jurídicos y legales que
protejan tanto al capital como a la colectividad. En este sentido, sería lógico
hacer tributar más caro a los pudientes, perseguir con más empeño a los
defraudadores, obligar a las entidades financieras a que ofrezcan sus bolsas de
pisos a través de la red de viviendas de protección oficial, instaurar la tasa Tobin, restaurar una legalidad más
protectora del trabajador que evite el despido indiscriminado, control estricto
de Hacienda a las grandes empresas sobre sus obligaciones fiscales, reinversión
de parte de los beneficios y seguridad laboral, transparencia y austeridad en
la gestión pública, limitación del sueldos a los grandes ejecutivos de empresas
públicas y representantes políticos, consulta a los ciudadanos de las medidas
económicas que les afecten, etc.
Nada de ello se ofrece como alternativa a la actual incertidumbre económica
que asfixia al país y que aterroriza a los ciudadanos con la pérdida del poder
adquisitivo y los derechos sociales que disfrutaban hasta que estalló esta
crisis. Se ocultan otros modos de combatir la parálisis de la actividad económica
a que nos han conducido todas y cada una de las medidas que se han adoptado
desde el Gobierno para enfrentarse a la crisis, cumpliendo con las exigencias
de los “mercados”. Se blinda el rescate del capital en detrimento de los
servicios esenciales a los ciudadanos, y se disimula la identidad de unos
actores que son cómplices en la generación de una crisis que ellos mismos administran
en claro perjuicio de la mayoría de la población. Nos lavan el cerebro con la “lógica”
mercantil que garantiza su supervivencia y su rentabilidad con un
comportamiento propio de jugador de casino que apuesta con nuestros ahorros. Y
dejamos que ello suceda sin manifestar nuestra disconformidad y rechazo,
aceptando sumisos que no hay ninguna otra salida más que el rescate de España y
el empobrecimiento de los españoles. Unos pocos se estarán frotando las manos
porque nos han hecho pensar con la lógica que les conviene. Aguardan pingües beneficios.
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