Sin entrar en consideraciones éticas o humanitarias, en las
que el respeto a la dignidad de las personas, la garantía de los Derechos
Humanos y la solidaridad con las víctimas habrían de ser prioritarias sobre
cualquier otra valoración (económica o política), la situación que describe la
vicepresidenta del Gobierno no se ajusta a la realidad objetiva de las cifras.
De hecho, según la
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), España
muestra un escaso compromiso con la institución del asilo, ya que sólo atendió
al 0,95 por ciento de las solicitudes recibidas en Europa. Ello, no obstante,
preocupa sobremanera a Sáenz de Santamaría porque, según reveló, los
ministerios de Empleo e Interior detectan “un crecimiento exponencial, que
podría duplicarse y hasta triplicarse”, del número de solicitantes de asilo. Y
es que, al parecer, no son los conflictos y el peligro que corren en sus países
lo que provoca el exilio de los inmigrantes, sino la boyante situación
económica de España, que “ha vuelto a crecer desde el punto de vista
económico”, ha asegurado la vicepresidenta del Gobierno.
Este “efecto llamada” por culpa de la manida “recuperación”
económica tan pregonada por el Gobierno no concuerda con los datos que
proporciona la Agencia
Europea de Control de Fronteras (Frontex), en los que consta
que, cuando en 2014 se registró un récord absoluto de personas que cruzaron las
fronteras europeas de manera irregular, en España se dieron las cifras más
bajas de entradas irregulares desde 2009, con 7.000 inmigrantes interceptados.
Parece probable, entonces, que el “crecimiento exponencial” al que alude la
vicepresidenta del Gobierno sea de carácter negativo, detalle que no precisó en
sus declaraciones.
Pero es un detalle que queda matemáticamente aclarado en la Estadística de Migraciones 2014 que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), en su
Estudio de las Cifras de Población a 1 de enero de 2015, en el que se
contabiliza que la población extranjera en España se redujo en 229.207
personas. Es decir, salieron más emigrantes que inmigrantes entraron en el
país. Este “bajón” del número de extranjeros, junto al escaso crecimiento del
número de españoles (156.872), es lo que hace disminuir la población total de
España, que se situó en 46.439.864 habitantes, de los que 41.992.012 son
españoles y 4.447.852, extranjeros. ¿Es ésta la saturación a la que se refiere
Soraya Sáenz de Santamaría?
El propio Gobierno del que forma parte la vicepresidenta
refuta, sin proponérselo, esta alarma cuando menos exagerada de Sáenz de
Santamaría, al desglosar los flujos migratorios de Europa, donde se concentra
una población de procedencia no europea que varía según los países. Así,
Alemania acoge 10,1 millones de inmigrantes, Francia, 6,5; Reino Unido, 5,4;
España, 4,8; e Italia 2,5. Con tales datos, se hace difícil concluir, como hace
la vicepresidenta del Gobierno, que España esté “saturada” de inmigrantes
irregulares y que no pueda reubicar en su territorio un porcentaje mayor de
ellos.
Cuando Europa soporta la mayor avalancha migratoria desde la Segunda Guerra
Mundial provocada, principalmente, por la guerra civil de Siria, no parecen comprensibles
estas “resistencias” a la solidaridad continental expresadas por miembros
cualificados del Gobierno. Se trata de una grave situación excepcional que
merece toda la ayuda posible. El conflicto sirio, por sí solo, ha provocado un
aumento de las peticiones de asilo de tal magnitud que ha colapsado las
instituciones europeas, ya que de abril de 2011 a julio 2015 se han
formulado 348.540 peticiones de asilo por parte de ciudadanos sirios, como descubre un reportaje publicado en el periódico digital Infolibre. Sólo en
lo que va de año, se han formulado 126.315 solicitudes de acogida, siendo
Alemania la que ha acaparado el mayor número de ellas (98.782), Suecia (64.685)
y Serbia (49.446). La “saturada” España ha recibido 5.554 peticiones de acogida
de personas de ese país árabe que huyen de una guerra que ha acabado con la
vida de cientos de miles de personas, ha obligado desplazamientos forzosos
dentro del país a más de siete millones de sirios y ha empujado a cuatro
millones de ellos a buscar refugio en países cercanos de Oriente Medio, norte
de África y Europa.
La actitud incomprensible de la vicepresidenta del Gobierno,
al racanear una urgente ayuda adicional, pero asumible, por parte de España,
pone en entredicho la sensibilidad de un Gobierno hacia un problema humanitario
que, en contra de lo afirmado por ella, está obligando a otros países, como
Alemania o Suecia, a realizar un esfuerzo mucho mayor que el que nuestro país parece
dispuesto a ofrecer. Una actitud cicatera que no se corresponde con la esperada
de un país que necesitó de la solidaridad europea cuando los emigrantes
españoles tuvieron que buscarse el sustento y la libertad fuera de nuestras
fronteras, no hace tantos años. Ni la frialdad de los datos y del corazón de la
vicepresidenta del Gobierno concuerdan con la realidad de España, lejos aún de esa
supuesta saturación de inmigrantes que soporta la población, ni con la
solidaridad de los españoles, siempre dispuestos a socorrer con generosidad a
quienes llaman a nuestra puerta en busca de alguna oportunidad y auxilio. Una
actitud que, que aparte de abochornar a los ciudadanos, resulta inapropiada y dañina
con los esfuerzos de tolerancia que han de extremarse en un país periférico y
fronterizo como España. El racismo y la xenofobia hallan su caldo de cultivo en
actitudes insolidarias y en los miedos imaginados sobre “invasiones” de inmigrantes
que nos despojan de nuestros recursos y bienestar. La vicepresidenta del
Gobierno debiera ser, por tanto, mucho más cuidadosa con unas opiniones que
habrían de ajustarse a la verdad en un tema tan delicado. Cuanto menos.
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