lunes, 29 de junio de 2015

Un veranito de aúpa

Prestos a entregarnos a unas merecidas vacaciones –quien tenga esa suerte- o aguantar el calor bajo la alargada sombra de la resignación a una crisis interminable, por mucha recuperación que la macroeconomía vocee, lo cierto es que el verano se presenta de aúpa, y no sólo por el calor, que está asegurado. El verano de 2015 será cualquier cosa menos tranquilo y soporífero, ya que no dará descanso a una maquinaria electoral que sigue activa tras las elecciones de mayo para afrontar las decisivas de septiembre en Cataluña y las generales de final de año. Pocos meses, pues, para preparar estrategias, diseñar campañas e intentar convencer a un electorado que, como dice José Mª Aznar, podrá estar perdido o confundido, pero no cautivo.

Las puertas del verano cogen a unos ayuntamientos y algunas comunidades autónomas sin apenas cumplir los 100 días que se conceden a los gobernantes para que aterricen en el cargo y tomen el pulso de la situación a la que deben hacer frente con las bonitas promesas con las que aseguraron poder resolver cualquier problema. Y, naturalmente, nada más llegar no van a empezar haciendo lo mismo que la “casta” e irse de vacaciones… Tendrán que lidiar en verano con la falta de recursos, paralizar desahucios, ofrecer servicios y prestaciones a los ciudadanos y demostrar que, efectivamente, otra política es posible sin necesidad de exprimir con impuestos a los vecinos, no caer en sectarismos y evitando “profesionalizarse” en el ejercicio del servicio público vía sueldos escalofriantes, coche oficial, escolta y demás milongas.

En algunos gobiernos regionales y municipales el cambio político ha sido “radical” (según expresión de moda con la que el Partido Popular califica a quienes lo apartan del poder) y las expectativas que despiertan son enormes, directamente proporcional al giro político producido. La confrontación con el Ejecutivo central será inmediata en multitud de materias, sin esperar al descanso vacacional, debido a la implantación de la LOMCE: esa ley educativa promovida con el rechazo de todos los sectores concernidos y que desde algunas comunidades autónomas se ha prometido obstaculizar o aplicar en la menor medida legal posible. Otro frente abierto de manera instantánea es con Hacienda, que va a exigir sin demora que las cuentas de ayuntamientos y autonomías se adecuen a los parámetros de déficit fijados para el próximo ejercicio, y cuyos presupuestos deberán estar listos en septiembre. Montoro ya ha advertido de que, si no se acatan los límites de deuda fijados, no dudará en intervenir la comunidad o ayuntamiento (ir)responsable. La “movida”en estas Administraciones autonómicas y locales será, por tanto, intensa durante el verano que ahora comienza.

Pero es que, con las primeras calores, la Justicia, además, ha propiciado un, no por esperado menos preocupante, sobresalto en relación con el caso de los ERE de Andalucía, amargando las vacaciones a quienes fueron nada menos que presidentes en aquella Comunidad, Manuel Cháves y José Antonio Griñán, junto a otras personalidades. El Tribunal Supremo los acaba de imputar por sendos delitos de prevaricación a la hora de gestionar la partida presupuestaria andaluza destinada a ayudar a empresas y trabajadores en dificultades, acusándolos de arbitrariedad en la concesión de tales ayudas. La Justicia, que no descansa en su exasperante lentitud, al fin ha alcanzado en plena canícula a la cúspide de los implicados en el mayor y más sostenido en el tiempo (diez años) escándalo de corrupción conocido en Andalucía (al menos, hasta que no finalicen las investigaciones judiciales sobre los cursos de formación), aunque estos ilustres imputados no buscaran su enriquecimiento personal ni les moviera la avaricia o el lucro. Pero, como dice Soledad Gallego-Díaz en un artículo, asombra que personas sensatas y experimentadas desconozcan que “cuando las subvenciones son arbitrarias, las comisiones son inevitables”. Saltarse la norma y la ley, aún para “dar mayor agilidad” a los procedimientos, es abrir la puerta por donde se cuela una corrupción que a la postre infecta todo el sistema. Estos otrora prohombres de la política en Andalucía, hasta ayer diputados y senadores de las Cortes Españolas, deberán este verano asumir la responsabilidad que les corresponda, sea cual sea lo que sentencie en su veredicto final el Tribunal Supremo.

Por lo pronto, el auto de imputación del Supremo ha dado la razón a las formaciones emergentes que exigían sus dimisiones antes de consentir cualquier pacto de investidura o de gobierno allí donde tales apoyos eran necesarios. Y tener razón de una parte es restársela a la otra, justo al arranque de una legislatura sin mayorías absolutas y dependiente de acuerdos puntuales que hagan viable cualquier iniciativa, entre otras, los proyectos de ley de presupuestos. Ello augura más enfrentamientos a varias bandas y con el sudor resbalando por la frente. Y, eso, en los partidos “ganadores” de las últimas elecciones, que si hablamos del “perdedor”…

El Partido Popular lame sus heridas procurando que el “enemigo” siga ubicado en el exterior, acusándolo de todos los males habidos y por haber (extremismo, radicalidad, populismos, independentismo, la herencia recibida, etc.), y no emerja del interior de las propias filas. La adhesión de la “piña” se diluye cuando se pierde el poder, y son muchos los “barones” que se han encontrado de la noche a la mañana sin la voluntaria dedicación remunerada a la política institucional. Y, claro está, analizan y cuestionan la situación, señalando con el dedo a Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, como máximo responsable de la mala suerte. Hasta Aznar, quien lo nombró sucesor al frente del partido, ha roto su silencio para lanzar pullas a la gestión del Gobierno, de la que dice que no tiene un problema de comunicación, como ha querido hacer ver Rajoy para buscar un motivo al descalabro electoral, sino “de respeto, de cuidado, de atención al votante”. Y conmina al Partido Popular a rectificar,  volver a las esencias, de manera suficiente, creíble y enérgica, deseándole a Rajoy los mayores éxitos, pero con la advertencia de que ha de ganárselos. A buen entendedor…
 
Por todo ello, el verano se presenta de aúpa para unos y otros, sin tiempo para el descanso. Y aunque faltan ingredientes perturbadores en este escenario (conflictividad laboral y resistencias para disminuir las cifras del paro, inestabilidad en los mercados a causa de Grecia, nuevas reformas que agudizan la austeridad de las cuentas públicas –ya se habla de abaratar las pensiones y ampliar el periodo de cálculo-, encarecimiento de la factura del petróleo tras la bonanza táctica de los últimos tiempos, ofensiva secesionista en Cataluña, etc.), las posibilidades para un verano relajante, que calme los ánimos, son realmente inexistentes. Sólo cabe esperar que las temperaturas, al menos, se compadezcan de nosotros en este verano infernal. Pero tal como ha comenzado la cosa, me parece que tampoco.

sábado, 27 de junio de 2015

Topar con la iglesia…

 
En España se goza de libertad, se practica la tolerancia y la democracia rige nuestra convivencia pacífica de acuerdo a lo establecido en la Constitución y un ordenamiento jurídico que conforman, como armazón legal, el Estado social y democrático de Derecho que nos hemos dotado. Al menos, formalmente.

En la práctica, otros poderes –que no se rigen con democracia- ejercen su influencia sobre las libertades que gozan los españoles, intentando que el ejercicio de las mismas no invada sus ámbitos de actuación, resten privilegios o cuestionen prerrogativas mantenidos por tradición en quienes sienten como una amenaza esos derechos reconocidos en la Constitución. Y aunque estén previstos mecanismos jurídicos para dirimir cualquier colisión entre derechos constitucionales -que suelen hacer prevalecer la libertad de expresión y manifestación, indispensables para la buena salud democrática de la sociedad, sobre otros en determinadas circunstancias- a veces ésta ha de supeditarse al interés particular de los que consideran una afrenta o falta de respeto a sus sentimientos y creencias el ejercicio de la libertad. Me refiero, naturalmente, a las religiones. Y concretamente: la Católica.

Topar con la iglesia (de cualquier religión) es chocar contra un muro macizo poco reacio a dejarse reformar por “modernidades” legales o sociales, por muy democráticas que sean. Un muro anclado durante siglos para dividir la sociedad entre adeptos y descarriados. Por eso continúa pretendiendo, en contra de lo establecido en nuestro marco legal, mantener intacta aquella tutela moral sobre la vida civil que imponía en otras épocas, en las que los ciudadanos eran considerados menores de edad y había que guiarlos por la senda libre de pecado. Y es que la Iglesia católica en España, todavía hoy, no acaba de asumir plenamente el ámbito privado al que debe circunscribirse, sin inmiscuirse en asuntos que corresponden al Estado, sobre todo si éste se declara constitucionalmente “no confesional”, como el nuestro.

Sin embargo, la iglesia, como todas, persiste en considerarse en posesión de la Verdad absoluta, adquirida además por revelación, no por deducción racional y confirmación científica. Cuestionarla es poner en duda Su verdad y atentar contra lo que considera incuestionable: su absoluto convencimiento en un dios sobrenatural y todopoderoso, creador de todo lo existente, al que hay que deber obediencia y mostrar sumisión mediante el acatamiento de unas normas que, como no podía ser de otra manera, esa iglesia administra y controla de manera exclusiva. Quien no viva y piense de acuerdo a tales normas o mandamientos, máxime si osa manifestarlos en público, se convierte en hereje y lo que opina es tachado de blasfemia. Y no me parece mal: allá ella con sus normas y su jerga.

Lo malo e inaceptable es que la iglesia pretenda hacer comulgar Su moral a la totalidad de la sociedad, incluyendo a los no creyentes. Que pretenda extender su ámbito particular, en el que las creencias son abrazadas, para abarcar al conjunto de la población, intentando conformarla no sólo espiritualmente, sino también materialmente, impidiendo y condenando conductas, actos y libertades plenamente aceptados y permitidos por las leyes que estructuran la vida civil, es inaceptable y sumamente peligroso. Incluso que crea que el ordenamiento legal deba adecuarse a Sus criterios morales y tenga que preservarla en una singularidad de privilegios (financiación estatal, exenciones fiscales, adoctrinamiento obligatorio a través de la educación, rituales religiosos en actos institucionales, etc.) incompatibles con un Estado civil, no confesional y democrático.

Sería trasnochado que en una Sociedad así, tan democrática, libre y tolerante como en la que creemos convivir, las leyes defendieran una creencia particular en contra de derechos constitucionales reconocidos a la totalidad de los ciudadanos, sin distinción. Que contemplara como delito la blasfemia por expresar opiniones contrarias a una iglesia y sus privilegios, y por ello pudiera juzgarse y castigarse a la persona que pregona sus ideas –con palabras, actos o manifestaciones- públicamente, al menos tan públicamente como se tolera que esa iglesia organice sus ritos y practique el adoctrinamiento sirviéndose de la tradición (costumbres) y la educación; eso sí, con financiación pública. Y que tal “condena” desautorice e inhabilite una futura participación en la vida civil –no eclesiástica- de cualquier ciudadano –no feligrés-.

Ello es, sin embargo, lo que exactamente la Fiscalía (órgano del Estado encargado en velar por la legalidad) ha solicitado para una joven concejal del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, a la que imputa, pidiendo un año de cárcel, por violar los artículos 523 y 524 del Código Penal, que castigan la profanación en ofensa de sentimientos religiosos. Y todo por entrar en una capilla ubicada en la Universidad Complutense y corear consignas sexuales y malsonantes (para las mentes púdicas), de manera pacífica, hace cuatro años. Resulta comprensible que la Iglesia piense que tales actos ofenden el sentimiento religioso de sus fieles (están acostumbrados a pensar y creer en cosas irracionales), pero que el Estado y las leyes contemplen como delito penal la blasfemia y la ofensa de algo tan intangible como es el “sentimiento religioso”, no es aceptable en una democracia, en la que el derecho a la libertad de expresión ha de prevalecer sobre el derecho a creer lo que cada uno quiera: un dios, los ovnis, etc.    

Puede ser comprensible que la Iglesia, como organización de fieles, no tolere ni consienta tales manifestaciones porque no sólo son contrarias a Su moral (que hacen a la mujer dependiente del hombre), sino sobre todo porque cuestionan el lugar preponderante que ocupa en ámbitos que no le corresponden, como son la Universidad y, en general, toda la enseñanza pública española, donde se imparte como asignatura obligatoria la religión (católica, por supuesto). No es de recibo esa protección legal que el Estado dispensa a una creencia hasta el extremo de amparar privilegios religiosos que van contra derechos y libertades reconocidos por la Constitución. Ni tampoco es aceptable que un lugar destinado al culto esté ubicado en el recinto de una Universidad, dedicado, se supone, a la razón. Son contradicciones que han de resolverse para adecuar nuestro sistema de convivencia, basado en la libertad, la tolerancia y la democracia, a la realidad del país.

Y, fundamentalmente, para no caer en fanatismos y actitudes dogmáticas a las que son proclives las tendencias religiosas, como se comprueba, desgraciadamente, en otros lares y por parte de otras religiones, tan intransigentes e intolerantes como la que se profesa en nuestro país. Permitir que la escala de valores morales  de una determinada religión –cualquiera- prevalezca sobre valores cívicos (derechos y libertades de los ciudadanos) recogidos en nuestra Carta Magna, es supeditar la Constitución al Derecho Canónico, que castiga la “profanación” con la excomunión. ¿Pretenderá el ministerio Fiscal “excomulgar” a la concejal madrileña de las instituciones civiles?

Ni el matrimonio religioso es sagrado (como pone en evidencia el creciente número de divorcios) ni ningún precepto religioso es superior al derecho ciudadano a la libertad. No tener esto presente ni protegerlo con la ley sería dar rienda suelta a los fanáticos que son capaces de llegar al asesinato para imponer sus creencias y doctrinas. Antes de salir con pancartas para afirmar que “Je suis Charlie”, deberíamos prevenir y evitar las actitudes intransigentes de quienes se consideran intermediarios de un dios y se creen en posesión de la Verdad única, absoluta e incontestable, que todos han de acatar. Deberíamos restringir el “sentimiento religioso” al ámbito particular del individuo y no en la esfera pública de la colectividad. Por mucho que se sientan ofendidos.

jueves, 25 de junio de 2015

La tónica de los tiempos

El voto contrariado en la Diputación de Lugo
Mientras el apoyo de un partido emergente -uno de los que iban a luchar contra el bipartidismo de la “casta”- facilita que conserve el Gobierno de la Comunidad de Madrid el achicharrado Partido Popular (el partido de la Gürtel), y otra formación, también emergente, se niega en su engreimiento a alcanzar acuerdos para formar frentes de izquierdas que permitan demostrar que otra política NO es posible (especialmente por culpa de egos y personalismos, no por diferencias programáticas con los comunistas de toda la vida), un “socialisto” -de los que han evolucionado de Marx al coche oficial y corbatas con tónica- se deja llevar por un rebrinco al no ser reelegido candidato a presidir la Diputación de Lugo, al estar imputado por malversar fondos públicos, y vota en contra de su propio partido para que, si no es para él no sea para los suyos, entregar al PP (sí, otra vez, el partido de Bárcenas y la Gürtel) un nuevo trofeo en bandeja donde la mayoría social pretendía cambio. Esto es lo que llaman un nuevo tiempo de diálogo y negociación, con dos cojones.

miércoles, 24 de junio de 2015

Parole, parole...!

Rumores propalados como globos sonda por quien tiene capacidad para ello, y así detectar la reacción de los ciudadanos, es lo que acaparan hoy las portadas de los principales diarios de España. Muchos ciudadanos, incluidos sesudos medios de comunicación avezados en escrutar las más ocultas intenciones del Gobierno, creyeron en una noticia que resultaba demasiado bonita para ser verdad, aún en su miserable generosidad, mientras otros, pocos, desconfiaron de promesas en periodo electoral, asumiéndolas como el coro de aquella inolvidable balada italiana: parole, parole, parole! . Queda la realidad que estropea lo que hubiera podido ser una refrescante noticia, oportuna en tiempos de canícula, y el bochorno de unas portadas que reflejan la capacidad analítica y la diligencia de unos medios a la hora de contrastar y confirmar sus fuentes. Puro periodismo, para disgusto de los probos funcionarios, a los que al menos algunos reconocen el extraordinario sacrificio que han tenido que hacer para que el Gobierno cuadre sus cuentas. ¡Quién les mandaría aprobar unas oposiciones!


lunes, 22 de junio de 2015

Bases del imperialismo

España acaba de firmar un acuerdo que modifica el convenio establecido con EE.UU. para el uso conjunto de la Base Aérea de Morón de la Frontera (Sevilla). Ya “uso conjunto” es una sutileza próxima al eufemismo que intenta ocultar que aquellas instalaciones en medio de la campiña sevillana, construidas por el Ejército norteamericano para el despliegue de sus aviones en esta parte del mundo, tienen de “conjunto” lo que una limpiadora respecto a la propietaria de la casa que la emplea. Una y otra (bases y limpiadora) están supeditadas a lo que se mande, si quieren mantener el contrato en vigor.

Presentar la descafeinada firma del nuevo acuerdo (España pretendía revertirlo del mayor boato diplomático posible, con el rey incluido, pero John Kerry, Secretario de Estado, disculpó su asistencia porque se había caído de la bici) prácticamente como un hito en las relaciones bilaterales existentes entre España y EE.UU -tal como hizo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría- es simplemente una licencia recurrente en los pésimos comerciales que exageran las cualidades de lo que ofrecen, como si fuera único y exclusivo en su género.

Tal vez no mientan, pero no dicen toda la verdad. A semejanza de esos malos vendedores, el Gobierno resalta las escasas virtudes y oculta los defectos o carencias del producto/acuerdo que desea “vender” a la opinión pública, obviando que la ampliación del contingente militar norteamericano destacado en la Base de Morón y la maquinaria de guerra allí atrincherada (aviones de combate y sus correspondientes naves de apoyo y abastecimiento) no pisan suelo español para defendernos (EE.UU jamás se ha involucrado en las grandes amenazas contra España, como cuando el Ejército alemán se paseó por aquí con la bendición de Franco ni cuando Marruecos marchó sobre el Sahara español, ni tampoco con ocasión de la “invasión” del islote de Peregil) ni están bajo las órdenes de ningún militar español. Los norteamericanos hacen sus “vigilancias” y planifican sus misiones sin consultar a la jerarquía castrense de España en la Base. Como mucho, notifican cordialmente sus planes de vuelo para que la Torre de Control les asigne pista de despegue y aterrizaje, como acto de cortesía, sin respetar escrupulosamente las indicaciones. Una actitud que conoce bien cualquier controlador de Sevilla cuando intenta ordenar el tráfico aéreo de la región sur y un caza de la USAF se lanza en picado para aterrizar en la Base Naval de Rota (Cádiz), haciendo caso omiso de las órdenes civiles. Siempre ha sido así y continuará siéndolo, como cuando la señora comunica a la limpiadora que va a salir un momento. No pide permiso.

Claro que tampoco hay que pedir peras al olmo. Desde que se firmó el primer acuerdo de defensa, en 1953, por el que España cedía el uso de estas instalaciones (junto a las de Rota, Torrejón de Ardoz, Zaragoza y muelles en El Ferrol, Cartagena, Barcelona y Cádiz) a la Fuerza Aérea de los EE.UU., nuestro país intercambió soberanía por reconocimiento y seguridad bajo el paraguas norteamericano. La importancia geoestratégica de las bases radicadas en nuestro país nunca fue negada por el Pentágono a la hora de defender los intereses vitales de EE.UU en Europa, África y Oriente Medio. Por aquel entonces, la coyuntura internacional, en plena “guerra fría” tras la Segunda Guerra Mundial, contribuyó a que EE.UU. “tolerara” al régimen dictatorial de Franco a cambio de la disposición de bases militares norteamericanas en España. En virtud del citado Convenio hispano-americano, nuestro país se integraba en el complejo defensivo internacional que formaba un cerco frente a la antigua URSS: desde Marruecos, España, Italia, Grecia, Libia y Turquía, hasta Irak, Pakistán, Thailandia, Filipinas y Japón, siendo España, además, el centro operativo para la VI Flota del Mediterráneo.

Se trata, pues, de intereses geoestratégicos para una superpotencia que se vale del antiguo vasallaje entre naciones para delimitar sus “zonas de influencia”. Ello viene determinado porque, militarmente, ésta necesita dispositivos de apoyo fuera de sus fronteras para hacer frente a un enemigo antes de que ponga en peligro su propio territorio, alejando así cualquier conflagración lejos de él. En este sentido, toda base militar extranjera es, como advertía Manuel Vázquez Montalbán*, una sutil manera de “ocupación” territorial, aunque se disfrace de defensa de la libertad, la democracia y la civilización occidental.

Hoy, como entonces, la Península Ibérica es considerada un portaviones estático desde el que operar a este lado del mundo, máxime si nuevos “peligros” se barruntan en la ribera árabe del Mediterráneo, la zona del Sahel y Oriente medio, donde el fanatismo islámico amenaza los intereses “occidentales”. Ampliar el convenio para potenciar la capacidad “defensiva” norteamericana en la zona es a lo que España se ha prestado, como buen aliado de la estrategia militar americana. Pero la “utilización conjunta” de aquellas instalaciones no elimina la subordinación práctica a los dictados del “ocupante”. Y esto se ha ocultado, entonces y ahora.

Es más que probable que fuera del escudo protector de EE.UU. no haya lugar bajo el sol. Menos aún si nuestra economía, política, defensa, ocio, cultura y demás ámbitos de actividad dependen de esa gran potencia. Tal vez la estabilidad y seguridad de nuestro estilo de vida, idéntico al que irradia EE.UU. nos aconsejen permanecer bajo la custodia de quien nos coloniza con su poder y capacidad omnímodos. Y que, salvo el infantil e inútil gesto del expresidente socialista Rodríguez Zapatero, ingenuamente convencido de poder tratar de igual a igual a Estados Unidos -desaire incluido ante su bandera-, ningún Gobierno español se ha atrevido ir contra los intereses de los norteamericanos en España ni en ningún lugar del mundo. Pero “vender” nuestra condición de subordinado fiel al imperio como un hito en las relaciones entre ambos países es como si la criada pretendiera convencer a sus compañeras de que la señora es su amiga. Me parece impropio: no por la criada, sino del Gobierno español ante los ciudadanos.
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* La penetración americana en España, Manuel Vázquez Montalbán, editorial Cuadernos para el Diálogo. Madrid, 1974.

viernes, 19 de junio de 2015

Un verano más


Ya estamos de lleno en el verano, aunque falten horas para que astronómicamente sea una realidad y todavía continuemos apurando la que, a falta de otras noticias, es la primavera con más extremos históricos de los últimos años: los días más secos, las lluvias más copiosas, los vendavales más violentos, granizos como peñascos, tornados en latitudes no habituales, etc. Y para constatarlo, esas noticias se acompañan de series estadísticas que nadie coteja y testimonios que ratifican el extraño comportamiento de la atmósfera, inaudito para la fecha. Ya nadie se acuerda de que la primavera es así, inestable y arbitraria. Cada año y cada estación presentan su singularidad, rápidamente explotada por unos medios de información que difunden estas noticias de manera recurrente e ilustrada con imágenes que no son más que variaciones de instantáneas antiguas: gente refrescándose en las fuentes, calles anegadas por una inundación, cosechas arrasadas por el granizo, olas que golpean con violencia la costa, sequías temporales, etc.

La información anodina nunca es noticia y hay que revestirla de peculiaridad y cierta relevancia. El domingo comienza oficialmente el verano. He ahí el sucinto, veraz e intrascendente acontecimiento que para algunos significa calor, vacaciones, tedio, atascos, intoxicaciones alimentarias, playas atiborradas de bañistas, moscas y demás inconvenientes para quien no gusta de la interrupción preestablecida de sus hábitos, cual obsolescencia programada de un aparato. O el pistoletazo de salida para la diversión, el descanso, los amigos, la familia, las escapadas, las lecturas, los viajes y esas mil actividades ansiadas y vedadas el resto del año. Cada año igual, para unos y otros, digan lo que digan los periódicos y otros medios. Para todos, en cualquier caso, ya vivimos un verano más. Lo importante es superarlo. Suerte.

miércoles, 17 de junio de 2015

Injusticia universal

España, que era referente en la aplicación de la Justicia Universal, ha dado pasos atrás para reducir o impedir esa jurisdicción en nuestro país. Los jueces españoles ya no pueden investigar genocidios o crímenes como los de lesa humanidad, torturas, la desaparición forzada o el terrorismo que, por su gravedad, son imprescriptibles y deben ser perseguidos por una justicia internacional que trascienda fronteras. Y todo porque, gracias a una reforma impulsada por el Partido Popular, presionado a causa de una orden de detección cursada por la Audiencia Nacional contra la anterior cúpula militar y política de China, obligará a dejar sin condena a los culpables de casos en los que ha habido víctimas españolas, como el del cámara de televisión José Couso, cuyo sumario ha sido cerrado por el juez que lo instruía Santiago Pedraz. Los tres militares norteamericanos, autores del disparo de cañón contra el Hotel Palestina de Bagdad que acabó con la vida del periodista español, verán que su delito quedará impune, a pesar de que el hotel no era considerado objetivo militar y, por tanto, estaba amparado entre los bienes y personas protegidos en un conflicto armado. El juez razona su decisión y señala el motivo: le es imposible seguir investigando porque la nueva norma impide la persecución de cualquier crimen de guerra cometido contra un español, “salvo en el difícil supuesto de que los presuntos criminales se hayan refugiado en España”.

China, pues, se ha salido con la suya porque España ha cedido cuando se ha visto forzada a optar entre los negocios o la justicia. Con tal de evitar una crisis diplomática con el gigante asiático y aliviar las presiones que recibía de un país que veía con estupefacción cómo la Audiencia Nacional imputaba a sus expresidentes Hu Jintao y Jiang Zemin, junto a otros líderes, por el genocidio que causó decenas de miles de muertos en el Tíbet, el Gobierno de Mariano Rajoy ha preferido dar satisfacción a las autoridades chinas y ha paralizado la investigación judicial, reformando la jurisdicción universal en España. De manera urgente y aprovechando la mayoría absoluta de que goza en el Parlamento, el Gobierno impuso un nuevo requisito al derecho de Justicia Universal que prácticamente lo deja inoperante: sólo podrán investigarse crímenes internacionales cuando el acusado, bien sea español o bien extranjero, resida o se encuentre en España. Una condición contraria al espíritu que promueve la existencia de una justicia transfronteriza: perseguir criminales en cualquier lugar del mundo.

De haber estado vigente tal norma entonces, nunca hubiera podido el juez Baltasar Garzón ordenar el arresto del dictador Augusto Pinochet en Londres, en octubre de 1998, aplicando el principio de Justicia Universal y tras incoar procesamiento en la Audiencia Nacional. En vez de avanzar, retrocedemos. A partir de ahora, esos crímenes quedarán sin castigo y los casos que se estaban instruyendo en España serán sobreseídos, como el del citado José Couso, el genocidio del Tíbet, las torturas chinas contra el movimiento religioso Falun Gong, la masacre al pueblo saharahui, las torturas a presos de Guantánamo o el ataque del Ejército israelí a la Flotilla de la Libertad, entre otros.

Pero no es algo excepcional o aislado. Esa restricción a la Justicia Universal se enmarca en una estrategia que cercena o limita el ejercicio de derechos y libertades en nuestro país desde que el Partido Popular detenta el poder. Hay una deliberada intención en maniatar las libertades que los españoles han conquistado tras años de lucha, en la que se inscriben leyes que prohíben o condicionan las manifestaciones públicas, rodear edificios o instituciones como forma de protesta, tomar fotografías de cargas y abusos policiales, publicar imágenes de detenidos para ocultar a la opinión pública el arresto de políticos u otras personalidades, la realización de `escraches´ para impedir desahucios y hasta el endurecimiento para poder abortar. Muchas "mordazas" que suponen una vuelta atrás hacia un Estado autoritario que, formalmente defiende los derechos reconocidos en la Constitución, pero que limita su ejercicio con una normativa sumamente severa. Por un lado, en aras de la seguridad, se recortan libertades; y por otro, para no molestar a poderosos clientes, se impide puedan ser enjuiciados. La legalidad se amolda a los intereses de gobernantes y mercados, evidenciando una causa común: su preocupación por los negocios. Los escraches ponen en peligro el negocio de bancos e inmobiliarias, y la Audiencia Nacional hace zozobrar suculentos contratos del Estado (deuda, armas, etc.).

Los impedimentos para aplicar la Justicia Universal son, en realidad, ataques a valores morales y la dignidad de los españoles, a los que se les niega la posibilidad de perseguir a criminales que asesinan compatriotas de manera impune, como José Couso, ni pueden investigar e intentar castigar salvajadas que masacran a la Humanidad, como las torturas, los secuestros y la piratería. Si la ley no está por encima del dinero, ¿qué legalidad ampara nuestros derechos como simples ciudadanos en cualquier lugar del mundo? ¿Qué modelo de sociedad pretende imponer el Partido Popular en su afán por recortar, también, libertades y derechos consagrados en nuestro ordenamiento jurídico? Algún día habrá que planteárselo.

lunes, 15 de junio de 2015

España multicolor


Ha bastado una legislatura para que el partido conservador, que tiñó el mapa de España con el azul de sus mayorías absolutas, perdiera la intensidad de su color y empezara a desteñirse en el siguiente encuentro con las urnas. De cuarenta y tres capitales de provincia en las que gobernaba el Partido Popular (PP), de las 54 que tiene el país, ahora sólo lo hará en 19. La verdad es que consiguió ser la fuerza más votada en muchas de ellas, pero donde era posible un acuerdo entre formaciones de izquierdas, los pactos lo mandaron a la oposición. También hay que reconocer que en otras, donde el apoyo de Ciudadanos podía favorecer a sus candidatos, el Partido Popular consiguió retener el bastón de mando municipal, como ha sucedido en Almería, Burgos, Granada, Guadalajara y Jaén. Poca cosa para un partido malacostumbrado a disponer de una inmensa cuota de poder en ayuntamientos y comunidades autónomas además del Gobierno central y, tras los comicios del pasado 24 de mayo, verse sumido en un batacazo sin precedentes.

Y no le ha sentado nada bien. Se ha rebotado como gato en una bañera llena de agua y la ha emprendido contra tirios y troyanos. No sólo ha arremetido contra una izquierda que podrá ser cualquier cosa menos radical –está por ver si será, al menos, tan sectaria como lo ha sido el mismo Partido Popular-, sino que ha recurrido al `pucherazo´ allí donde ha podido –aún hay impugnaciones resolviéndose y resultados corregidos tras un recuento riguroso de las papeletas realmente válidas- y ha intentado deslegitimar la posibilidad democrática de llegar a acuerdos para conformar mayorías de gobierno allí donde tal posibilidad les perjudicaba, pero no donde y cuando les beneficiaba.

Fuente: El País
Su retahíla para convencer al PSOE de que deje gobernar a la lista más votada no ha surtido los efectos deseados, a pesar de que los socialistas han reclamado idéntico trato para investir a Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía. Con una diferencia: frente a la candidata socialista no existía ninguna alternativa que reuniera el apoyo mayoritario de la Cámara, y en las alcaldías y gobiernos regionales sí las ha habido, aunque a los conservadores les pareciera tal acuerdo, legítimo y democrático, un frente “anti-PP”. Les duele y lo expresan. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, envió un mensaje a sus concejales lamentando que, “aún ganando, no han podido ser alcaldes por pactos excéntricos y sectarios”. Toda una demostración de respeto a la democracia y a la decisión soberana del pueblo.

Por lo que parece, al contrario que cualquier lector de periódicos y según lo predicho por las encuestas, en el Partido Popular no se esperaban un castigo tan grande. Sobrevaloraron su capacidad camaleónica de aparentar una cosa y ser la contraria. Una única legislatura ha bastado para que los ciudadanos no se crean ya las promesas de un PP que con la careta dice defender a los trabajadores y con los hechos los empobrece hasta límites insospechados. Que por la mañana asegure combatir la corrupción y por la tarde siga amparando a los que roban de las arcas públicas para financiar al partido y, de paso, enriquecer cuentas privadas en Suiza. Para su disgusto -disgusto de los que gobernaban y de la trama corrupta que crecía a su alrededor-, son apeados de las alcaldías de Madrid y Valencia, sedes de una Gürtel y una Púnica que tantos “amiguitos” y “brazos derechos”  ha mandado a la cárcel. Son feudos en los que, ni Esperanza Aguirre, la gran experta en cazar talentos con antecedentes penales, ni Rita Barberá, la “jefa” del petardo y el Vuittón, han podido conservar unos laboratorios donde se ensayaban las políticas neoliberales que privatizan hospitales, asfixian colegios públicos mientras subvencionan generosamente los privados, dejan sin financiación las ayudas a la dependencia, mantienen televisiones cuyo sectarismo abochorna a propios y extraños (hasta que llegó la crisis y mandó cerrar el grifo) y recortan un sector público para hacer “sostenible” la viabilidad del privado, dispuesto a sustituir tales servicios a cambio de una módica cantidad que el usuario abonará religiosamente aunque pague sus impuestos al Estado que debe proveerlos. En el PP están nerviosos porque hasta históricos de la soberbia machista, como Javier León de la Riva de Valladolid, o expertos en el autobombo, como Teófila Martínez en Cádiz, han sido barridos por un poder municipal de izquierdas que parecía impensable y que los conservadores tachan de populismo radical que volverá ingobernable los ayuntamientos. Están nerviosos y no aciertan hacer una lectura objetiva de la realidad.

Juan Espadas, flamante alcalde de Sevilla
Por su parte, el PSOE, la otra pata del bipartidismo tocado pero no hundido, sale “carambólicamente” fortalecido, al poder gobernar en 17 capitales, entre ellas Sevilla, sede canónica del socialismo rampante y nido de los ERE, los cursos de formación y otras tramas que arraigan allí donde se asienta indefinidamente un gobernante que impide que se ventile su poltrona. Los vientos de cambio que los indignados insuflaron a partidos emergentes han posibilitado ese nuevo poder municipal de gobiernos de minorías en torno a un PSOE necesitado de apoyos y pactos. Fragmentada, la izquierda hace retroceder al PP, pero mantiene la incógnita sobre la consistencia de unos acuerdos que en algunos casos están cogidos con pinzas y firmados con caras destempladas. Ello permite a los socialistas ganar poder institucional, pero apenas votos porque no acaban de recuperar la confianza de sus otrora simpatizantes. Dependerá de cómo gobierne este nuevo tiempo, tanto en comunidades autónomas como en municipios.

Ambos, PP y PSOE, dependen en la mayoría de los sitios de Podemos y Ciudadanos, los nuevos partidos emergentes, ya instalados como bisagras del añoso bipartidismo. Ahora forman parte de una “casta” llamada a hacer otra política, no para diferenciarse en perseguir lo posible, que es la auténtica función de la política, sino para buscarlo mediante el diálogo y la negociación entre todos, con entendimiento, transparencia y sin más hipotecas o compromisos que los asumidos y reconocidos ante la gente que les ha votado, y con el debido respeto y lealtad a la legalidad y normas de un Estado Social, Democrático y de Derecho. Con ese poder que comparten en alcaldías y gobiernos regionales, donde han posibilitado unas tomas de posesión a veces aplaudidas y otras cuestionadas, empieza un nuevo tiempo lleno de expectativas, pero también de nubarrones negros procedentes de una situación económica nacional e internacional no precisamente favorable. Hay muchos obstáculos y gente dispuesta a la zancadilla, pero no poca esperanza y confianza depositadas en ellos. Les toca demostrar su responsabilidad y su habilidad políticas, poniendo el acento en cumplir sus proclamas, en las que el ciudadano protagonizaba la toma de decisiones. La inestabilidad amenaza el horizonte, pero también la ilusión por un futuro mejor para todos, en especial para los que ya han perdido toda esperanza de futuro porque no tienen trabajo, no tienen casa y no tienen quién los ayude o escuche. Es un nuevo tiempo pintado de varios colores, como corresponde a la diversidad y el gusto de los que pagan la pintura y las brochas. Hay que ponerse manos a la obra. Se acabó imponer un solo color.  

viernes, 12 de junio de 2015

Capitalismo humano


Si hasta el comunismo ha sido arrinconado por sus propios valedores, no queda más remedio que asumir que el capitalismo es el único sistema económico imperante hoy día a escala planetaria. En cuanto nos convenció de que cualquier necesidad humana, individual o colectiva, podía ser satisfecha por el comercio, la mercantilización se extendió a todas las facetas de la vida, privada o social, basándose en una regla muy simple, pero traicionera: la ley de la oferta y la demanda como mecanismo de tasación en cualquier transacción.

Dos hechos cruciales posibilitaron la evolución del capitalismo primigenio, mero trueque o intercambio de bienes, hacia el fundamentalismo económico que en la actualidad rige el mundo: por un lado, la invención del dinero como medio para conseguir –comprar- cualquier fin; y por otro, la revolución industrial, que supuso la posibilidad material de atender –vender- cualquier demanda de bienes y servicios, sin importar su cuantía o volumen.

Si, con el primero, el afán incesante de lucro ha motivado que el dinero se convirtiera en un fin en sí mismo, dando lugar a esa segunda rueda dentada que encaja a la perfección en el engranaje capitalista: el sistema financiero; con el segundo, se ha engendrado el fenómeno de la globalización, un nuevo modelo de colonialismo que homogeniza el consumo (y la cultura, el arte, las costumbres, el ocio, las modas, etc.) e impone la desregulación de los mercados (nacionales), restando soberanía sobre la actividad económica a los Estados-nación. No hay país, incluso sobrado de riquezas naturales, que no dependa, en mucha o muy mucha medida, de los mercados, los cuales mercantilizan toda actividad económica en aras del máximo beneficio.

Que, a estas alturas de la historia, se pretenda desmontar el Estado de bienestar surgido tras la Segunda Guerra Mundial para sustituirlo por la iniciativa privada que promueve el neoliberalismo, no deja de ser una consecuencia de ese fundamentalismo económico que caracteriza al capitalismo, cuyo mayor peligro radica en su capacidad de inculcar una “lógica” –el pensamiento único- que nos impulsa a creer que sólo el mercado es capaz de satisfacer las necesidades de la población de manera “sostenible”, esto es, rentable. Y es que el capitalismo ha dejado de ser un sistema económico para convertirse en un régimen cultural y civilizacional, que controla no sólo los modos de producción, sino también todos los demás ámbitos en los que nos desenvolvemos, tanto de manera individual como colectiva. El sistema capitalista es, por tanto, un sistema socio-económico en el que el mercado lo regula todo: la economía, el modelo de sociedad, el tipo de familia, la reproducción, el “consumo” del ocio, las relaciones amistosas, la educación, la moral, la religión e incluso la muerte, ya imposible sin haber suscrito antes el correspondiente seguro de defunción. Todo gira en torno al negocio y en todo se busca el mayor beneficio al menor costo.

A quien crea que es una exageración incluir a la familia entre los ámbitos mediatizados por el capitalismo, bastaría recordar que el matrimonio monógamo es, más allá de una cuestión moral o cultural, el modo más fácil de adaptar la unidad social por excelencia –la familia- a las exigencias del mercado, certificando las relaciones entre los padres y los hijos con el Libro de Familia. El sexo y el amor se convierten en un acto jurídico, que se engloba en un orden social, sujeto a un sistema político en forma de Estado, el cual determinará finalmente las relaciones entre familia, ciudadanía y nacionalidad. Es decir, el matrimonio “legal” está íntimamente ligado al sistema económico, que no es otro que el capitalista. No es casual que el matrimonio monógamo se estableciera con mayor firmeza cuando la industrialización se extendió en la sociedad, consiguiendo que fuera la forma “natural” de garantizar los “recursos humanos” que iba a necesitar y, llegado el caso –como sucede en la actualidad-, preservándolo como el lugar (u hogar) de acogida a los expulsados por el sistema, los desempleados “estructurales”.

Este modelo de capitalismo “fundamentalista”, cuyo único objetivo es el beneficio, puede ser “suavizado” con aplicaciones del mismo mucho más respetuosas con los recursos ambientales, más equitativas en su funcionamiento y acordes a la finalidad última de la economía: ser soporte a la existencia de la Humanidad, posibilitando su desarrollo. Un “capitalismo humano” es posible en tanto en cuanto se regulen sus excesos y se evite que el mercado sea el único agente que imponga las reglas o las condiciones. Entre la libertad de mercado y el intervencionismo más absoluto, existe espacio para un capitalismo como infraestructura económica al servicio del interés general, sin renunciar al lucro de la iniciativa privada. Porque, aunque Adam Smith -padre de la criatura capitalista- pensase que cuanto menos interviniese el Estado con más eficacia funcionaría el sistema, los hechos demuestran que el mercado sin control, a su libre albedrío, conduce a la concentración, el monopolio, la explotación, la especulación y la avaricia. Destruye y agota (naturaleza, atmósfera, fuentes de energía, trabajo y personas) en pos de la máxima rentabilidad inmediata. De ahí que haya que erigir leyes antitrust, del buen gobierno y hasta sistemas fiscales que procuren domeñar el apetito voraz del mercado y permitir un acaparamiento menos egoísta de los beneficios.

Se trata, pues, de modificar modelos productivos, regular actividades y delimitar espacios en los que predomine la actuación pública frente a la privada. Rescatar de las manos de patronos, banqueros y especuladores financieros la capacidad de orientar recursos y la determinación de atender necesidades según la rentabilidad que deparen. Corregir la desigualdad en la distribución de las rentas, puesto que las del Capital no pueden seguir privilegiadas sobre las del Trabajo. Apostar por actividades menos especulativas (destructoras de empleo) y que generen más valor añadido, como las energías renovables, la innovación y las nuevas tecnologías, el medio ambiente, los servicios sociales y la dependencia, el ocio y la cultura (creación y difusión), la agricultura, intentando que los sectores tradicionales preferidos por los mercaderes (construcción y grandes obras faraónicas) no acaparen la mayor parte de los recursos. Y recuperar la inversión pública en sanidad, educación y dependencia, para que la solidaridad social pueda socorrer a los más necesitados y sin recursos.  

No sería volver al “capitalismo de rostro humano” ideado por la socialdemocracia cuando construyó el Estado de bienestar, pero sí retornar a los esquemas progresistas que comportan cierto control de la actividad económica y, fundamentalmente, de los desmanes del mercado, capaz de cegarse con la maximización del lucro sin importarle las consecuencias humanas y ambientales.

¿Cómo se conseguiría “humanizar” al capitalismo en los tiempos de la globalización y las exigencias de “productibilidad” que desarman al trabajador frente al poder omnímodo de las empresas? Con leyes y movilización social.

La globalización neoliberal debe ser contestada por un activismo que promueva la justicia social y la igualdad, basadas en una ética superior, antitética a la del mercado, que cuestione la indiscutibilidad del “pensamiento único”. La defensa del medio ambiente, el mantenimiento de los servicios sociales públicos y la supeditación de la economía al interés general de la población han de constituir los límites que el sistema económico capitalista deberá respetar, vigilado por ese activismo de la sociedad y regulado por leyes que el Estado estará obligado hacer cumplir. Imponer tasas e impuestos a transacciones financieras especulativas que disuadan de la tentación al “casino financiero”. Y, en definitiva, corregir las desigualdades que un sistema injustamente aplicado provoca en la sociedad española. Todo ello unido a la exigencia de transparencia en todos los ámbitos de gestión gubernamental y en cada una de las administraciones del Estado (central, autonómica y municipal) para prevenir y castigar el clientelismo y la corrupción, teniendo presente que la corrupción es coherente con la lógica del poder financiero, que “compra” hasta el alma (De Benoist, citado por Sousa Santos, Epistemologías del Sur, p.154).

Y es que no basta con vigilar que cada céntimo del dinero de todos se emplea de manera honesta, sino también velar por que las decisiones económicas queden iluminadas por la luz de la democracia y no se mantengan en la oscuridad de instancias ajenas a ella y, por tanto, extrañas a los intereses generales de la población. Hay alternativas en un capitalismo humano que reforme el capitalismo y devuelva a los ciudadanos la capacidad para elegir ámbitos básicos de su existencia social, sin que queden sujetos a las directrices del mercado ni se conviertan en instrumentos de dominación y poder.

En cualquier caso, no evitaremos seguir siendo explotados por los detentadores del poder y el capital, pero al menos graduaremos la intensidad de esa explotación. Algo es algo.

miércoles, 10 de junio de 2015

El rincón maloliente de Colón


Seguramente no fue el primero, pero sí el que de manera incuestionable demostró que la Tierra era redonda y que se podía alcanzar el Este navegando hacia el Oeste. Se equivocó en las distancias y no consiguió llegar a Asia, pero en 1492 descubrió un  continente nuevo, en medio del Atlántico, al que posteriormente llamaron América. Los relatos de la colonización de Indias, como denominaron los españoles a aquellas tierras, muestran los claroscuros de una epopeya que, además de las espadas, también comportó una cultura y un idioma. Los siglos, desde entonces, han emparentado a nativos y colonos con una sangre común, las mismas creencias religiosas y una lengua que les permite entenderse sin dificultad en cualquier parte de esa vasta geografía transatlántica. Y en un mestizaje recíproco, un hijo del Caribe puede aventurarse a repetir la hazaña, en un viaje inverso, para cerrar el círculo que integra los linajes de esa civilización hispánica a la que pertenecen los pueblos de ambas orillas. El osado que desafió a su época con el postulado de la esfericidad terrestre fue un marino al que Sevilla, después de convertirla en la capital del comercio con Indias, arrincona en el meandro más maloliente del Guadalquivir, una dársena que recibe los desagües de la ciudad, desde donde contempla hierático la indiferencia que le brindan los descendientes de su gesta. Sólo las palomas rinden homenaje con sus excrementos a Cristóbal Colón, descubridor de América.

lunes, 8 de junio de 2015

La pobreza de la recuperación

Por mucho que se insista sobre ello, nunca será suficiente subrayar el alto precio que están pagando amplias capas de la población por las medidas impuestas por el Gobierno conservador de Mariano Rajoy, enfocadas casi exclusivamente a la reducción del gasto presupuestario, para hacer frente a una crisis económica que se nos vino encima en 2008. Habría que recordar, también, que al entonces presidente socialista, José Luis R. Zapatero, se le acusó de no haber sabido ver con antelación ni haber actuado correctamente ante una crisis que se incubó en Estados Unidos con la estafa financiera de las hipotecas subprime que afectó, no sólo a aquel país, sino prácticamente a la totalidad de las naciones de Europa.

El Partido Popular, antes y también ahora (aún se recurre a la socorrida “herencia” recibida cada vez que no salen las cuentas), supo aprovechar las graves circunstancias por las que atravesaba el país (“Que caiga España que ya la levantaremos nosotros”, fueron palabras del inefable Cristóbal Montoro, quien ya adivinaba su futuro en un ministerio)  para ganarse el favor de los ciudadanos, asegurando que con su sóla presencia en el Gobierno los mercados volverían a mostrar confianza en España. Con un programa electoral escamoteado a los votantes, ganaron con mayorías absolutas todas las elecciones que se celebraron tras la aparición de la crisis (municipales, autonómicas y generales), pero no generaron la asegurada confianza en unos mercados que, antes al contrario, demostraron albergar más desconfianza que otra cosa.

La prima de riesgo, por ejemplo, (diferencial de deuda o sobreprecio que paga un país para financiarse en los mercados) que durante el mandato del anterior ejecutivo socialista no había superado la barrera de los 300 puntos (cuando escaló los 230 se acordó el pacto constitucional para blindar el tope de déficit público), con Rajoy ascendió hasta los 463 y llegó a situarse en torno los 600 puntos, a pesar de sus dos reformas del sistema financiero, la reforma laboral y la Ley de Estabilidad Presupuestaria, más los ajustes y recortes que aplicó de forma draconiana en las partidas de gasto de los Presupuestos del Estado. Todo ello ha dado sus frutos.

El empobrecimiento de la población y las desigualdades entre los ciudadanos se han agudizado como nunca antes en la historia reciente de España. El número de personas sin empleo ha alcanzado cifras récord, impensables en cualquier país de nuestro entorno, y los recortes en sanidad, educación y dependencia han recrudecido las desigualdades hasta extremos insoportables, como alertan todos los informes elaborados en los últimos tiempos, desde el de Cáritas (El Estado de la Pobreza) hasta el de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales (Informe sobre el Estado Social de la Nación, 2015). El último en ser publicado ha sido el de Estudios Sociales de laCaixa (Infancia, pobreza y crisis económica), que redunda en las consecuencias de la austeridad y unas políticas de ajustes y recortes que han acentuado las dificultades a los que menos culpa tienen: los niños.

Uno de cada tres niños en España es pobre, y uno de cada diez sufre pobreza extrema. 17 palabras para describir la cara oculta de una recuperación que sólo perciben las grandes empresas y las personas con fortuna (con dinero, no suerte), porque el resto de la población, la mayoría, sólo atisba precariedad, falta de auxilio público y dificultades para cubrir sus necesidades más elementales (trabajo, alimentación, vivienda y salud). Tan extendida es esa calamidad que la pobreza infantil en España es la más elevada de todos los países de la Unión Europea (UE), sólo por detrás de Rumanía. Una bochornosa situación que, sin embargo, no inquieta a las autoridades de nuestro país, obsesionadas con el déficit que preocupa a los mercados, a pesar de ser el nuestro uno de los seis países de la UE que no asigna ayudas a las familias para combatir la pobreza. Ello no evita que se sigan implementando medidas que acentúan la pobreza con recortes que inciden en un reparto desigual del esfuerzo para salir de la crisis y que se ceban fundamentalmente en los pobres o menos pudientes, al eliminar recursos destinados a asistencia social.

No es de extrañar, por tanto, que cerca de la mitad de las familias españolas con tres hijos esté instalada en la pobreza, entendida como tal aquella que vive con menos de 1.264 euros al mes (pobreza extrema es disponer sólo 630 euros/mes para mantener a una familia), y de la que no sólo será improbable escapar, a causa de la precariedad laboral y salarial, sino que propiciará, incluso, su permanencia en lo que se considera  pobreza crónica. Una condena ineludible porque, con el salario mínimo español, haría falta trabajar 70 horas semanales para conseguir salir del umbral de la pobreza. Esto es, al parecer, lo que desean precisamente el Gobierno y los empresarios de este país, y a lo que abocan todas las medidas contempladas en una Reforma Laboral que deja indefensos a los trabajadores frente a las imposiciones empresariales.  

Los endebles “tallos verdes” que se afanan por señalar los responsables de unas iniciativas tan discutibles, por el costo en sufrimiento que generan en la mayoría de ciudadanos, son debidos más a razones exógenas (ajenas al Gobierno) que endógenas, ya que, ante la falta de estímulo interno en la actividad económica, son factores coyunturales internacionales (Abaratamiento del crédito del Banco Europeo, bajo precio del petróleo por estrategia de Arabia Saudí y cierto repunte del turismo hacia nuestro país por el temor que infunde la orilla árabe del Mediterráneo) los que proporcionan la relativa mejora en la economía que, no obstante, no se traslada ni a los trabajadores ni a las familias.

La consecuencia inmediata e indiscutible de la austeridad y los recortes que ha impulsado el Gobierno es esa pobreza en la que ha sumido a la mayoría de la población de este país. Unas “reformas estructurales” que están dando sus frutos y producen una “recuperación” que, en realidad, enriquece a los ricos mientras arrincona en la pobreza al resto de los ciudadanos. Son estos últimos, como alertan todos los informes al respecto, los que ponen rostro a la pobreza de la recuperación

sábado, 6 de junio de 2015

Sueños aéreos

   
Foto. Alberto Guerrero
Siempre he deseado poder volar, ser libre como los pájaros, a los que el aire transporta por encima de obstáculos y cercados hasta donde la imaginación quiera conducirlos. Las leyes, hasta la de la gravedad, son cadenas que sujetan los cuerpos y la voluntad, y castigan la osadía y el rechazo de los inconformes con lo establecido. Con el buen tiempo, sin embargo, las noches invitan a escapar flotando por encima de preocupaciones y entregarse a la contemplación de las postales que ilustran nuestros sueños, como esa panorámica nocturna del enorme caballo metálico que nos ayuda cruzar al otro lado del río y atravesar la frontera que nos separa de lo ignoto, sin que pueda impedir que alcemos el vuelo y descubramos los colores de la oscuridad y esa belleza inalcanzable a los ojos de la cotidianeidad.

jueves, 4 de junio de 2015

Empleo y explotación

La propaganda gubernamental y el acompañamiento coral de los medios afines -que son esa pléyade mediática que sobrevive gracias a subvenciones oficiales y la publicidad institucional (¡sálvese quien pueda!)-, lanzan las campanas al vuelo por los últimos datos que registran en mayo un aumento de la afiliación a la Seguridad Social en más de 200.000 cotizantes y un descenso del número de parados de 117.000 personas. Todo un síntoma, dicen los corifeos del poder, de que la economía recupera pulso y comienza a crear empleo a velocidad de crucero. La recuperación, por tanto, es una realidad que puede objetivarse en cifras macroeconómicas, las cuales ponen de relieve la idoneidad de las medidas adoptadas por el Gobierno. Eso dicen, pero más callan.

Callan el tipo y condiciones del empleo que se está creando. Pongamos un ejemplo referido a una élite laboral: los pilotos de avión. Por primera vez desde hace 11 años, la compañía Iberia hace una convocatoria para contratar 200 nuevos pilotos, que se irán incorporando progresivamente a partir de septiembre, pero con un salario que será la tercera parte de lo que cobraban los copilotos que sustituyan. Si esto se puede hacer con trabajadores de élite, ¿qué condiciones se impondrán a los menos cualificados? Pues justamente lo que todo el mundo conoce: precariedad laboral y salarial. La mayor parte del empleo creado (92,1%) se debe a contratos temporales y trabajo por horas (35,5%). Sólo un escaso 8,9% del empleo creado es indefinido, lo que aclara la calidad del empleo por el que se alegra un Gobierno cuya Reforma Laboral es la que permite que éste crezca hacia atrás, hacia situaciones y condiciones de hace décadas.

Presidente Gobierno y ministra de Trabajo
Esta precarización del trabajo y el deterioro de sus condiciones no son consecuencias de ninguna crisis económica como machaconamente se arguye, sino que obedecen a una imposición ideológica del neoliberalismo reinante, que prolonga en la relación del patrón con el asalariado la antigua explotación del hombre por el hombre y que mantiene al obrero (sea piloto o albañil) en una condición intencionadamente precaria, que estará obligado a aceptar si quiere comer cada día. El motivo de ello: un capitalismo global que se articula en el control y la explotación del trabajo y sus productos para ponerlos al servicio del capital. No es más que una forma de dominación/explotación que, tras más de 500 años, sigue evolucionado históricamente desde los amos y los esclavos, los patricios y plebeyos o los siervos y señores a los propietarios y trabajadores o los patronos y asalariados.

Este pensamiento neoliberal, que se ha impuesto como si fuera una verdad revelada, convirtiéndose no sólo dominante sino virtualmente único –el pensamiento único-, extiende sus tentáculos a todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos como sociedad (cultural, científico, político, ocio, deporte y hasta religioso), reduciéndolos a la ley del valor, es decir, mercancías. Sólo bajo esa dominación multifacética del neoliberalismo somos capaces de asumir que cualquier derecho o servicio deben ser “sostenibles” y, en tal caso, susceptibles de ser provisionados por el mercado o simplemente eliminados si no son “rentables”. Es la “lógica” que ha logrado imponernos un capitalismo global que se ha transformado en régimen civilizacional, y cuyas resiliencias se muestran eficaces en cada crisis económica que lo convulsiona y fortalece.

Desde esta perspectiva, no puede sorprendernos la calidad del empleo que se crea y las precarias condiciones, sin derecho a negociación, con las que ha de ser aceptado si se quiere tener alguna fuente de recursos para sobrevivir. Que tal empleo precario crezca en condiciones igualmente precarias, siempre ventajosas para el capital, es consecuencia de ese pensamiento único que rechaza cualquier alternativa a su dominio e impone la “lógica” de la rentabilidad que interesa a los nuevos “amos” que detentan la propiedad de los medios de producción y de los servicios, en definitiva, del capital. Unos “amos” que no se conforman sólo con destruir el empleo “de calidad”, de contratos indefinidos y dignamente remunerados, para sustituirlo por otro en condiciones de extrema precariedad, sino que persiguen incluso desmontar el Estado de bienestar, que socorría a los más desfavorecidos proveyendo servicios públicos, para reducirlo a contratos individuales entre consumidores y proveedores de servicios privados.

Esta es, precisamente, la situación en la que nos hallamos en la actualidad: con la excusa de una crisis financiera, se han destruido millones de puestos de trabajos estables para reconvertirlos en una miríada de contratos basura y se ha lanzado un ataque a aquel contrato social que posibilitaba la existencia del Estado de bienestar, con el sólo propósito de obtener el máximo beneficio inherente a la “lógica” del capitalismo. La economía ya no es un medio al servicio de la Humanidad, sino el fin que pone a ésta a su servicio. Y los manijeros del poder, aquellos que todavía contribuyen a expulsar a trabajadores y clases populares de ese contrato social mediante la eliminación de derechos y prestaciones sociales, se alegran porque crece un empleo vergonzoso al que se ve abocado la parte débil y vulnerable de una sociedad en la que imperan las desigualdades, según la escala de ricos más ricos y pobres más pobres.

Ante las cifras del paro, siempre hay que alegrarse de que algunos alcancen las migajas de la precariedad, pero hay que tener en cuenta que se trata de una lucha contra la exclusión económica, social, política y cultural generada por la globalización neoliberal, nueva faz del capitalismo, que configura un patrón de poder centrado en relaciones de explotación y dominio. Esa dependencia en la precariedad es una forma “moderna” de dominio, por la cual unos pocos, situados por encima de las instancias democráticas, dominan y explotan a la mayoría de la gente, impidiéndoles que tengan el control de sus vidas y de los objetivos de la convivencia en sociedad (trabajo, ocio, cultura, etc.). Tal es el mensaje que traslada el mejor mayo en la historia del paro en España. Para alegrarse y tirar cohetes, vamos.

Pero, ¿hay alternativas? Claro que hay alternativas  a estas formas de explotación, discriminación y dominación que el capitalismo impone, sin que vengan los comunistas o los “soviets” como Esperanza Aguirre advierte para meter miedo. Hay modelos productivos que no esquilman los recursos materiales y condiciones económicas que reparten la riqueza de manera equitativa entre todos los miembros de la sociedad. Pero ello será objeto de otro artículo.

martes, 2 de junio de 2015

Pitadas en el deporte

Sé que participo en hacer categoría de la anécdota, pero ante la propuesta del Gobierno de penalizar las pitadas en los estadios contra el himno nacional para castigar legalmente una acción sumamente ruidosa, tal vez irrespetuosa, pero intranscendente, como la sucedida en el Camp Nou de Barcelona antes del inicio de la final de la Copa del Rey de fútbol, creo apropiado señalar lo excesivo de la reacción gubernamental de estudiar introducir “cambios legales” para impedirlo. Porque multar a miles de espectadores por ahogar con sus pitidos la audición del himno nacional es convertir una gamberrada en delito y a los maleducados en delincuentes, lo que a todas luces es una medida desproporcionada que más que impedir el hecho, lo convierte en eficaz instrumento colectivo para la protesta y contestación social.

Además, aún considerado delito, ignoro cómo podría materializarse una medida coercitiva de tal envergadura para identificar y “cachear” a decenas de miles de asistentes a estos estadios y evitar que no porten pitos, al tiempo que se registran los datos para notificarles la correspondiente sanción. A lo mejor, el Gobierno piensa en trasladar a los equipos que se enfrentan en encuentros en los que se producen estas pitadas la responsabilidad civil subsidiaria a la hora de castigar la conducta inapropiada de sus seguidores. A tal efecto, ya está convocada la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte para que estudie el incidente y estime en cuál de ellas podría inscribirse el pitar a los símbolos de un país. Tarea compleja la de la Comisión para dilucidar si pitar es violencia, racismo, xenofobia o intolerancia en el deporte.

En cualquier caso, no se logra el respeto a nada con amenazas y castigos, sólo se consigue crear miedo y, en respuesta, generar desprecio a lo que se teme y se intenta hacer desaparecer o, al menos, banalizar o burlar. Los símbolos del Estado, entre los que se incluye la figura de su Jefatura, el Rey, recibirán el aprecio y el respeto de los ciudadanos en tanto sean considerados elementos institucionales que representan a la totalidad de la población y están al servicio de la ciudadanía, no como una obligación que se impone a fuerza de sanciones y represiones. Siempre existirán el disenso y la libertad de expresar discrepancias incluso hasta con la configuración del Estado, que no se vencen ni con amenazas ni castigos; antes bien, se alimentan cuanto más se prohíben.

Aparte de que también es un problema educacional, de no saber comportarse. El pitar e insultar al contrario siempre ha sido una manifestación promovida en los seguidores por unos equipos que dicen así sentir el “calor” de la afición. Pretender, ahora que se desborda a cuestiones extradeportivas, controlarlas con medidas punitivas sólo conseguirá que se conviertan en instrumentos idóneos, por la repercusión que despiertan, para cualquier protesta, tenga o no justificación. Se habrá elevado a categoría lo que debiera haber sido siempre una anécdota, ruidosa, sí, pero anécdota, se ría y ofenda quien quiera.          

lunes, 1 de junio de 2015

Desbandada en el Partido Popular

Nunca antes en la historia reciente de España un partido político que atesora la mayor concentración de poder jamás conseguida en democracia, permitiéndose controlar casi la totalidad de la Administración del Estado (Gobiernos central, autonómicos y locales), había dilapidado tan rápidamente tal poder y la confianza de los ciudadanos. Ha bastado menos de una legislatura para que ese partido perdiera las mayorías absolutas que lo situaban en una envidiable posición para dirigir el país sin depender de nadie y gobernar la nación, la mayoría de las regiones y las ciudades más importantes. Pero ha bastado que gobernara en solitario para que la gente se desencantara con el depositario de sus  predilecciones, le retirara su apoyo y mostrara el rechazo a las políticas emprendidas por una formación crecida y soberbia: creía poder gobernar atendiendo sólo su santa voluntad y contra la mayoría de la población.

Cuando ha querido rectificar ha sido demasiado tarde. Ya había perdido toda credibilidad a causa de unos recortes presupuestarios -en su obsesión por ajustar el déficit reduciendo las partidas de gasto- aplicados de manera poco equitativa y que castigaban fundamentalmente a trabajadores y clases medias, dejando en la estancada a los desfavorecidos, a quienes les limitaba o suprimía todo tipo de ayudas y socorros públicos, y por una corrupción que no ha dejado de carcomer la estructura orgánica e institucional del partido gobernante, al que pertenece el presidente del Gobierno Mariano Rajoy: el Partido Popular.

Recortes y corrupción están, pues, hundiendo peligrosamente al Partido Popular, donde, tras el fracaso recolectado en las últimas elecciones locales y autonómicas de mayo pasado, en las que ha perdido cerca de tres millones de votos, se han desatado los nervios y ha cundido el pánico entre unos dirigentes muy cuestionados y, lo que es peor, muy temerosos de su futuro. A pocas horas de darse a conocer aquellos resultados, se iniciaba una desbandada de “barones” en el Partido Popular, quebrando la cohesión que los aglutinaba en torno al poder como una piña, que deja en un muy mal lugar al líder de la formación, al contestado Mariano Rajoy, quien ya no sabe qué decir, abundando en su natural estado de parquedad a la hora de explicarse: un día dice que no habrá cambios en el partido ni el Gobierno, para al siguiente admitir que efectuará los cambios que sean convenientes y, al otro, reconocer que no anunciará ningún cambio hasta que los haya efectuado, en un alarde de despiste. A lo sumo reconoce, en su círculo de confianza, que el desplome del PP en las últimas elecciones se debe al “martilleo constante de las televisiones” con los casos de corrupción que le afectan. La culpa, una vez más, es del mensajero. De autocrítica, enmiendas y rectificaciones, no dice ni pío.

Se ha llegado al extremo de que las apariencias no se guardan, a la hora de acusarse unos a otros de la hecatombe, y los intentos desesperados por conservar el poder, allí donde han conseguido ser minoría mayoritaria, ofrecen un espectáculo que abochorna a propios y extraños. La actitud, por ejemplo, de Esperanza Aguirre, proponiendo gobiernos de concentración y tratando de meter miedo con la venida del “comunismo” y los “soviets” con tal de no ser desalojada de la Alcaldía de Madrid, causaría risa si no fuera porque despierta fantasmas en una sociedad que aún tiene cicatrices abiertas por una guerra fraticida promovida con idénticos argumentos: ¡que vienen los rojos! Lejos de preguntarse la razón por la que los demás partidos no la apoyan, la señora condesa, candidata madrileña, prefiere ofrecer el espectáculo de su ridículo y el de su incapacidad para asumir la realidad. Se convierte, así, en la muestra esperpéntica de su partido, que busca apoyos con desesperación, olvidando el mensaje de las urnas: ya está bien de tantos abusos y saqueos.

La gente ha votado hastiada de “reformas”, “ajustes” y recortes que la han empobrecido y castigado sin miramientos. Los ciudadanos se han hartado de pagar los platos rotos de una crisis de la que no son culpables, sino víctimas, pero que les obliga sacrificar empleos, salarios y condiciones laborales hasta instalarlos en la precariedad más absoluta e injusta; les obliga sacrificar prestaciones sociales, renunciar a subvenciones públicas, abandonar en las familias a los dependientes sin ayudas para atenderlos como merecen, negar asistencia sanitaria a los inmigrantes, atiborrar de alumnos las aulas y reducir el número de profesores y médicos. La población se ha rebelado contra unas políticas que encarecían las medicinas, reducían las becas, congelaban pensiones, hacían pagar tasas donde antes se ofrecían servicios públicos y la condenaba a perder toda esperanza de progreso y bienestar. Todo el andamiaje del Estado de Bienestar del que dependían amplias capas de la población, a través del cual se redistribuía la riqueza nacional y se encauzaba la solidaridad social –gracias a una política fiscal progresiva-, se ha visto reducido a su mínima expresión con tal de satisfacer las demandas de los poderosos y los intereses del mercado.

Pero, aún más grave que toda esta injusticia social que ha empobrecido a la población, es el comportamiento de un Partido Popular que se niega hacer autocrítica de los escándalos de corrupción que alberga en su seno. No asume las consecuencias de su templanza con los corruptos que han proliferado en sus siglas ni de la actitud con la que ha pretendido minimizar los casos que han protagonizado personalidades pertenecientes, hasta el mismo instante de entrar en la cárcel, a su organización. Una corrupción que sigue aflorando en un partido y un Gobierno que deberían avergonzarse de cómo la policía arresta y pone las esposas al delegado del Gobierno en la Comunidad valenciana, Serafín Castellano; al exvicepresidente del Gobierno de la época de Aznar, Rodrigo Rato; a la mano derecha de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, Francisco Granados; y al tesorero gerente del partido, Luis Bárcenas, entre otros delincuentes.

Pocos votos, en realidad, ha perdido el Partido Popular en relación a la gravedad de los problemas en que se halla envuelto. Pocos votos que, en cualquier caso (cerca del 50 % del electorado que había atraído en 2011), evidencian una tendencia que pone nerviosos a sus dirigentes, que ya temen un castigo mucho más severo en próximos comicios e inician la desbandada en busca de un lugar al sol, si no en lo público, sí al menos en el sector privado, ese al que privilegian cuando gobiernan para salvaguardar intereses compartidos y al que retornan sin rubor a través de unas puertas giratorias perfectamente engrasadas.

Todo ello complica sobremanera la posibilidad de pactos en un partido que no ha sabido tomar las decisiones cuando debía, que no ha querido atajar la corrupción que germinaba en su interior y que la ha extendido a las instituciones donde gobierna, dando lugar a los “gürtel”, “púnica” y demás tramas delictivas que saqueaban el dinero de los contribuyentes para engordar cuentas privadas en Suiza. Que las demás fuerzas políticas impongan condiciones que, ahora, resultan casi de imposible cumplimiento, no debe sorprender a quien se mantenga “limpio” y honrado en el Partido Popular. La falta de una auténtica regeneración, la democratización de su funcionamiento orgánico (primarias, no dedazos) y un combate serio y eficaz contra cualquier irregularidad cometida por un miembro del partido o persona designada a cargo público, son algunas de las premisas que exigen quienes podrían posibilitar algún apoyo a la hora de establecer una primera ronda de diálogo. Tales premisas también se las exigen a otras formaciones con idénticos problemas para gobernar en minoría y con el mal de la corrupción anidando en su estructura. Pero el partido que se ve más afectado por ellas, a causa de la debacle que ha sufrido y la cantidad de poder que está en juego, es el Partido Popular. En su ceguera, tiene tendencia a sentirse acorralado por la coincidencia de los demás en tratar de dejar que entre aire limpio que ventile las instituciones.

La desbandada en el Partido Popular, parecida a las que se producen ante una catástrofe anunciada (Fabra, Bauzá, Rudi, etc.), y las acusaciones de barones regionales contra miembros del Gobierno (Gobierno de Aragón contra el ministro de Industria, etc.) ponen de manifiesto las grietas que ha provocado el batacazo electoral. Unas grietas que han de ser reparadas, admitiendo errores, rectificando actitudes y corrigiendo el rumbo, si no se quiere correr el riesgo de que el voto conservador se refugie en otras opciones más atractivas, aunque con menos experiencia de gobierno. ¡Difícil papeleta, en cualquier caso, la que tiene el Partido Popular, acostumbrado a mandar y no a hacer penitencia!