Santo espectáculo

Todo el mundo es libre de hacer de su capa un sayo y de su jefe un santo, o dos, si se tercia. No seré yo el que exprese reproche alguno a quienes determinan en una organización, que elabora sus propias normas, qué tipo de actos realiza y los motivos por los que lo hace, si sus seguidores y simpatizantes, de forma voluntaria, los aceptan y hasta celebran embargados en irrefrenable fervor. Es lo que cabe esperar de una convocatoria multitudinaria, tanto en el fútbol como en una canonización de santos por parte de la Iglesia católica, en congregaciones de esta naturaleza que despierta pasiones. Un espectáculo emocionante para quien lo vive intensamente y se siente participante o una conducta incomprensible para el que lo observa desde fuera y se considera ajeno al mismo y a lo que representa. Reconozco que pertenezco a este último grupo de escépticos herejes.

La exclusiva que detentan las autoridades de la Iglesia católica a la hora de poblar el cielo de santos es una facultad que le atribuyen sin discusión los que comulgan con tales prerrogativas religiosas. Pueden, cuando lo estiman oportuno, conceder títulos de santidad a aquellos miembros seleccionados de la parroquia en función de sus milagros, tanto si cumplen los requisitos que estipulan sus reglamentos como si no, ya que objetivar un milagro es algo tremendamente difícil. Tanto que es más fácil nombrar santo a un papa de Roma por dirigir la Iglesia que a Vicente Ferrer por socorrer de la pobreza, mediante hospitales, escuelas y formación agrícola, a millones de personas del Tercer Mundo. Uno sube a los altares y al otro lo expulsan de la Compañía de Jesús por casarse con su compañera durante décadas de cooperación en la India. Y es que, en cuestiones divinas, no hay forma humana de acomodarse a lo objetivo y racional. En última instancia, todo se remite a obra del Espíritu Santo y la voluntad de Dios. ¡A ver quién es el guapito que discute tales intervenciones sobrenaturales!

Por ello, líbreme Dios de cuestionar la canonización como santos de dos papas de la Iglesia católica, Juan XXIII y Juan Pablo II, celebrada ayer en el Vaticano por el actual sumo pontífice Francisco, acompañado por su antecesor aún vivo, el papa emérito Benedicto XVI, y con la asistencia de hasta 150 cardenales y más de mil obispos, venidos a Roma desde todo el orbe de la cristiandad. Una ceremonia seguida en directo por más de un millón de peregrinos que confluyeron en Italia por tierra, mar y aire, y retransmitida, en directo y diferido, a millones de espectadores de todo el mundo a través de los medios de comunicación de masas. Lo dicho, todo un santo espectáculo del que nada hay que objetar, salvo por un pequeño detalle.

Las creencias religiosas pertenecen al ámbito privado de las personas, quienes a título individual pueden abrazar el culto que deseen y participar en cuántos ritos les parezcan convenientes y consecuentes con la fe que profesan. Están en su derecho y nadie puede ni limitárselo ni impedírselo. Los medios de comunicación pueden, asimismo, escoger aquellos hechos que consideran relevantes como noticia de la agenda de actualidad y darles la difusión que estimen acorde a su línea editorial y a las posibilidades de rentabilidad comercial. Ya estamos acostumbrados que acapare mayor interés mediático un asunto de cotilleo banal que un hallazgo científico, el fútbol que la cultura o las opiniones de la Conferencia Episcopal que la voluntad de la mayoría de las mujeres españolas en relación al aborto, por ejemplo. Que ahora se dé tratamiento destacado a la declaración de santidad de dos papas del siglo pasado de una Iglesia que ya acapara 80 papas santos, aunque el acto estuviera presidido conjuntamente por los dos últimos papas vivos, no deja de ser algo curioso, pero exagerado; histórico por ser la primera vez que cuatro papas protagonizan una ceremonia –dos vivos y dos muertos-, pero sintomático de la credulidad de la gente en supersticiones sobrenaturales. A mi juicio, nada trascendental como para abrir y consumir el tiempo de telediarios, ocupar espacios radiofónicos, acaparar la atención en las redes sociales y llenar las páginas de los periódicos. Y, desde luego, menos importante que la amenaza rusa en las fronteras orientales de Europa, la enésima ruptura de las negociaciones entre Israel y palestinos, el rearme japonés, la precarización económica y laboral de España, la corrupción estructural en la política y el empobrecimiento al que se condena a la mayoría social de nuestro país en beneficio de minorías elitistas. Todo ello fue desplazado del interés ciudadano –y de los perjudicados- por dos nuevos santos.

Sin embargo, lo realmente rechazable es que a un acto religioso acuda el Jefe de Estado y todo un séquito de personalidades gubernamentales (ministros de Justicia y Relaciones Exteriores, entre otros) en representación de un país que constitucionalmente de declara aconfesional. Que vayan representantes de las diócesis españolas y de la Conferencia Episcopal, sufragados con aportaciones voluntarias de los fieles, sería lo esperado, pero que asistan delegaciones oficiales, jefes de Gobiernos y Jefes de Estados o soberanos de distintos países, es una interesada y maniquea sumisión del poder civil al religioso, una renuncia a la separación de poderes que hace prevalecer el civil en una democracia, por intereses ideológicos, políticos y económicos.

No se puede consentir que, en nombre de un Estado aconfesional, los Reyes de España se presten en una ceremonia de la confusión a mezclar su devoción personal como católicos, si ese fuera su deseo, con la representación institucional de la Jefatura del Estado en una ceremonia religiosa, por muy multitudinaria que sea. Ni los funerales de Estado deben ser oficiados por ningún rito religioso, ni los actos religiosos a los que acuda en Rey deben estar refrendados con la condición que ostenta como  máximo representante de España y, por tanto, de todos los españoles, católicos o no.

Me parece muy bien que la Iglesia monte un santo espectáculo, pero que nuestros representantes actúen de comparsas en nombre de la soberanía nacional no es de recibo, ni por respeto a una religión ni, desde luego, por lealtad constitucional a los ciudadanos.

Batalla sorda por Europa en Andalucía

Casi estamos inmersos en plena campaña de las elecciones al Parlamento Europeo y ya comienzan a relucir difamaciones, acusaciones y estrategias de desprestigio contra el adversario político y contra aquellos territorios que aún no están “controlados” por la ideología dominante. Es por ello que en Andalucía se libra una batalla sorda, con dos objetivos prioritarios: ganar estas elecciones y socavar la credibilidad de los socialistas para desalojarlos del poder en la Comunidad en un futuro inmediato e impedir así la confrontación de políticas que desde la Junta de Andalucía disienten y contradicen las medidas de austeridad y recortes que impulsa el Gobierno conservador de Mariano Rajoy desde Madrid. Tan a degüello se plantean estos comicios que el Partido Popular designa candidato para estas elecciones a un miembro andaluz del Gobierno con proyección poco erosionada para atraer el voto en la región, el jerezano Miguel Arias Cañete, y, de paso, dar la vuelta a los sondeos que vaticinan un gran desgaste de los populares. Se teme que el resultado de las europeas sirva de termómetro de la tendencia en las generales del próximo año. Por tanto, se van a jugar todas las cartas y utilizar todas las artimañas posibles, para ganar como sea.

Por lo pronto, Rajoy ha retrasado el nombramiento del candidato popular hasta el último minuto para mantenerlo en el Gobierno. Reúne así la doble condición de ministro y candidato, lo que le permite disponer de una tribuna gubernamental para hacer campaña electoral, un privilegio que deja a los demás contrincantes en inferioridad de condiciones, al no poder contrarrestar tan potente presencia mediática. La Junta Electoral Central está maniatada para impedir este abuso de poder por parte de un Gobierno que “apura” los plazos y se sirve de hechos consumados que no pueden ser revocados a tiempo, aunque sean denunciados.

Y por otra parte, incidiendo en una estrategia de descrédito, desde el Ministerio de Interior se propala un nuevo caso de presuntas irregularidades por parte de la Junta de Andalucía en relación con subvenciones a cursos de formación. Se difunde, muy oportunamente, que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), adscrita a la Policía y Fiscalía Anticorrupción (ambas dirigidas por el Gobierno), está investigando un supuesto fraude cometido por empresas de Málaga, en su mayor parte, para cobrar subvenciones por cursos de formación que en realidad no han realizado, malversando así más de 2.000 millones de euros de fondos públicos aportados por la UE para un programa de fomento del empleo, según relatan estos funcionarios del Ministerio de Interior. Se trata, en realidad, del “adelanto informativo” de una investigación policial que todavía ningún juez instruye, pero que sirve ya para “acusar” a la Junta de Andalucía, en manos de los socialistas, de organizar otra trama de corrupción de proporciones considerables, diez o veinte veces mayor que la de los ERE. De nada vale que la propia Junta aclare que lleva siete meses investigando las subvenciones, que ha revisado más de 4.000 expedientes de fondos de formación y que desde febrero está colaborando con la Policía para determinar el verdadero alcance de las irregularidades detectadas. Llueve sobre mojado. Aún no hay acusaciones sustentadas en indicios e imputaciones judiciales, pero se pone en marcha el ventilador de la corrupción y se lanza la sospecha generalizada que, cuando se dilucide en los juzgados, ya habrá obrado el efecto deseado: desacreditar y hacer perder la confianza en los acusados -el Gobierno andaluz-, no sin parte de culpa, pero en la misma medida que la de cualquier otro Ejecutivo en el que se detectan irregularidades, pero con menos “aspavientos” mediáticos. ¿Será por la campaña electoral?

Y para terminar, no me extrañaría tampoco que la jueza Alaya haga acto de presencia e impute a nuevos cargos de la Junta de Andalucía (aunque la Audiencia Provincial se los anule por falta de concreción en las imputaciones), multiplique autos que involucren a personalidades que están aforadas (sin poderlas imputar, pero a las que invita a declarar) y obligue a “pasear” ante las cámaras a todo un abanico variopinto de testigos de todas las causas que lleva investigando desde hace años, con pocos resultados “carcelarios” hasta la fecha: un solo encarcelado (un exdirectivo de la empresa Vitalia) de un total de 166 imputados.

Lo más probable es que la actuación de la magistrada durante este proceso no esté coordinada en el tiempo para beneficiar al Partido Popular, pero las múltiples coincidencias que dan esa sensación y esos resultados hacen despertar la curiosidad por ver qué sucede ahora con ocasión de las elecciones europeas. El personal está “mosca” aguardando la confirmación o el desmentido de este rumor, muy atento a las iniciativas de Mercedes Alaya, como si se tratara de otro frente en la pugna partidaria. 

Un frente que no se agota en los infundios, acusaciones y estrategias que se ponen en marcha durante una campaña electoral. Sino que, además, se dirime en los medios de comunicación, donde, según declara un columnista de los considerados “afines” que escribe en ABC (David Gistau), el periodismo se ve agredido por el poder político, en vista de la vigilancia obsesiva de los grandes directores y editores (que despiden a los gacetilleros díscolos) y ese “aplanamiento” que crea dependencia en una empresa o la hace aniquilar (gracias a las subvenciones y la publicidad institucional).

Precisamente, la falta de un periodismo de calidad e independiente es clara señal de un deterioro de la democracia en la sociedad de la que forman parte, pues sin prensa libre no se puede producir el debate franco y abierto del que se nutre la opinión pública. Cuando éste se cercena es que no interesa que haya democracia, sino otra cosa que persigue y amordaza la crítica e impide la participación ciudadana. ¿Tendrá ello algo que ver con los papeles de Bárcenas que demuestran “ayudas” del PP a la empresa Libertad Digital, de Federico Jiménez Losantos, y la ley antimanifestación que promueve Rajoy? Es pura coincidencia.

Lo cierto es que en Andalucía se libra una fiera campaña por los comicios europeos que no duda en utilizar cuántos instrumentos tiene a su alcance para conseguir el respaldo de los votos, sin que los candidatos ofrezcan aún ningún argumento ni promesa sobre lo que piensan hacer en Bruselas para defender los intereses de esta región y este país. Aún no se habla de lo que verdad importa y ya se mueven todos los hilos para “dirigir” la intención del confuso y vapuleado votante. Es todo un espectáculo digno de cualquier alumno de Maquiavelo y Goebbels.

¿Otra Tierra es posible?

Los astrónomos acaban de descubrir un planeta muy parecido al nuestro, es decir, que tiene un tamaño similar al de la Tierra y se halla en una órbita alrededor del sol que le permitiría albergar agua y hasta una atmósfera con nubes. Está a 500 años luz de nosotros y, al parecer, reúne las condiciones básicas para que pueda darse la vida sobre su superficie. Lo han bautizado con el poco romántico nombre de Kepler-186f porque fue localizado gracias al telescopio espacial Kepler, que fue lanzado al espacio en el año 2009. Se sabe poco más de él ya que, siendo un cuerpo que no emite luz propia, sólo refleja una tenue luz que a esa distancia se distingue más bien como una sombra que de vez en cuando contrasta sobre el disco del sol alrededor del cual gira. Sin embargo, los científicos de la NASA especulan con la posibilidad de que existan océanos, continentes con todo tipo de accidentes geográficos, casquetes polares y una atmósfera densa de nubes. La imaginación, a partir de estos datos, se dispara.

Cabría preguntarse: ¿Otra Tierra es posible? Dada la inmensidad del Universo, estadísticamente es más que posible que muchas Tierras giren en torno a innumerables soles capaces de formar sistemas planetarios parecidos a nuestro Sistema Solar. La probabilidad de descubrirlos es, no obstante, muy remota, por no decir imposible. La distancia que nos separa de la estrella más cercana, la Próxima Centauri, es de 4,2 años luz, y los instrumentos de observación y medición que disponemos se muestran poco precisos e insuficientes para indagar a tales distancias, entre otros motivos porque no es lo mismo visualizar una estrella que un planeta. Con todo, el número de planetas descubiertos hasta la fecha se eleva a cerca del millar, en su mayoría inmensas bolas gaseosas en las que se descarta la existencia de vida, tal y como la conocemos.

Lo atractivo del último descubierto es su similitud planetaria con la Tierra, tanto por tamaño como por la distancia a la que orbita alrededor de su sol, lo que significaría que podría reunir las condiciones necesarias para que se reproduzcan, allí también, los elementos que han hecho posible la vida en nuestro planeta. Los astrónomos recrean en sus dibujos imágenes de la presunta apariencia física del nuevo planeta, al que sólo le faltaría disponer de una evolución natural para que seres inteligentes pudieran en estos instantes cavilar sobre la probabilidad de que en ese puntito azul, con el que nos identifican a lo lejos, también tenga esperanzas de albergar vida razonable. Tan imposible es que nosotros detectemos tal cosa como que ellos puedan hacer algo semejante, si tuvieran nuestro desarrollo.

Por muchas películas de ciencia ficción a las que estemos acostumbrados, el día que sucediera un descubrimiento de esta naturaleza –descubrir una civilización extraterrestre-, las repercusiones serían inimaginables, en todos los sentidos, incluido el religioso. Se derrumbarían de súbito desde el antropocentrismo de nuestra filosofía y ciencia hasta la creencia de un Dios que nos hizo a su imagen y semejanza. Si el choque de civilizaciones en nuestro planeta siempre se ha saldado con el aplastamiento de la más débil y su total sumisión e integración a la más poderosa y fuerte, no necesariamente más avanzada culturalmente, el encontronazo con otra Tierra sólo traería problemas que agravarían aún más nuestros padecimientos por espacio, recursos, avaricia, alimentación, poder y, en definitiva, supervivencia.

De ahí que, ante el descubrimiento de un nuevo planeta parecido al nuestro, mi primera reflexión fuera de que otra Tierra es posible, pero no deseable. Reconozco que tal pensamiento nace del miedo a encontrar seres con nuestras propias intenciones y tendencias. Y si existen, cuánto más lejos, mejor. Hacedme caso: dejar de escrutar el Universo con esos telescopios. Acabaremos llevándonos una desagradable sorpresa y encontrar otros ojos que nos observan con idéntico apetito por ampliar mercado.

Resucita la normalidad

Este domingo resurge la normalidad en las rutinas cotidianas, incluso retorna el tiempo gris de los días nublados para recordarnos que resucitan las lluvias que ensucian el cielo y vuelve el recogimiento intimista de unos ojos esquivos tras los ventanales que contemplan el mundo y miran hacia su interior para intentar comprenderse. Por fin acaba la semana exhausta de un verano adelantado y de una exhibición supersticiosa, cargada de cruces y amuletos, que invadieron lo público y lo privado en completa demostración de intransigencia excluyente. Dejamos de ser masa dirigida para ser individuos que se extasían con lo pequeño e insignificante en vez de con lo masivo e imponente, por impuesto. Hoy celebro la resurrección de la normalidad en un día que también se comporta con normalidad, nublado y gris. Gracias a Dios.

El día en que murió García Márquez

Nunca hubiera imaginado que esta semana iba ser tan luctuosa. No porque muriera Dios, que lo hace todos los años para alegría de los amantes de la Semana Santa, sino porque mi biblioteca ha perdido a uno de sus autores más admirados, del que siempre cabía esperar alguna obra mejor que la anterior o el relato, de realidad o ficción, en el que, sin importar el género, se encontraban las claves de la mejor literatura contemporánea. A una edad temprana para un genio de su talla, ayer falleció, a los 87 años, el escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez, del que ya no puedo aguardar ningún nuevo estremecimiento que me haga palidecer de envidia al leerlo y desear compartir esa facultad, que en él parecía tan espontánea, de crear belleza con el lenguaje y las palabras.

Ya no tendré nadie que me escriba, una orfandad que padecerán millones de otros lectores, subyugados por la magia de un realismo fantástico que expandía los estrechos límites de nuestra realidad hasta los fabulosos y oníricos paisajes de su memoria, aquel Macondo de su infancia del que germinó un maestro de la literatura universal y un centinela del mejor periodismo, al que enriqueció con sus crónicas y reportajes. No hay Semana Santa más triste que ésta en la que lloramos la pérdida de este colombiano que nos susurraba al oído historias que nos encandilaron y nos permitieron acercarnos a la novela y la literatura sin los miedos que nos atenazaban. En las estanterías quedarán huérfanos El olor de la guayaba, Del amor y otros demonios, El coronel no tiene quien le escriba, La increíble historia de Cándida Eréndira, Vivir para contarla, La hojarasca, sus Cien años de soledad y una narrativa completa de Seix Barral.

El día en que iba a morir, el mundo entero ya estaba de luto por  Gabriel García Márquez. Así podría arrancar la crónica de su propia muerte este narrador que mezclaba la fantasía y la realidad para crear arte juntando palabras. Seguro que, dónde quiera que se halle, estará fabulando nuevas historias que jamás podremos disfrutar. Descanse en paz.  

La “utopía” divide a la izquierda

En esta época en que una crisis golpea con inusitada dureza a los más débiles, a los que no tienen trabajo ni ingresos para cubrir sus necesidades más elementales, aspirar a una vivienda se ha convertido en un sueño inasequible a una parte considerable de la población. Una de las más repugnantes consecuencias de esta angustiosa situación es, precisamente, el embargo, el desahucio y el desalojo que sufren aquellas familias que no pueden hacer frente al pago de una hipoteca, ni siquiera al alquiler de un piso a precios de mercado. Mientras los afectados por esta precaria situación -signo de una pobreza cada vez más generalizada- claman la protección de los poderes públicos para guarecerse bajo un techo que los libre de la intemperie, los acreedores reciben la ayuda solícita y generosa del Gobierno para corregir los “descubiertos” provocados por sus desmanes especulativos. Se constata así otro dato de la actualidad: un banco es más importante que una familia. Tal paradoja –ayudas a empresas y embargos a personas- pone de relieve el valor contradictorio que adquiere el bien inmueble en estos tiempos confusos: se trata de un producto mercantil o de un valor social supeditado al interés general. Esta disyuntiva es la que ha causado división entre los partidos de izquierdas que Gobiernan en coalición en Andalucía cuando han tenido que atender el conflicto de unas familias que ocuparon un edificio propiedad de un banco y hubo que expulsarlas por orden judicial. ¿Qué derecho debía prevalecer? ¿El de la libertad de mercado o el de facilitar un hogar a quien se halla en riesgo de exclusión social? Difícil papeleta si se pretende nadar y guardar la ropa desde una concepción política que se autoproclama de izquierdas.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), como buen partido socialdemócrata instalado en el Poder, se decanta por garantizar los intereses del mercado y, en definitiva, del sistema capitalista, al anteponer la defensa de las leyes y las normas que justifican los desahucios y el abandono a su suerte de los perjudicados. Esgrime velar por el principio de equidad entre los demandantes de una vivienda y evitar sentar el precedente de conseguirla con sólo ocupar ilegalmente un edificio vacío. Su aliado en la coalición de Gobierno, Izquierda Unida (IU), consecuente con su ideario comunista, hace bandera de los ocupantes del edificio, al que bautizaron como Corrala La Utopía, y facilita viviendas de protección oficial a los desahuciados, ante la negativa del Ayuntamiento de Sevilla de realojarlos en las que mantiene sin vender ni adjudicar del Patronato municipal. La Iglesia, por cierto, tan caritativa ella y ocupada en pasear imágenes en procesión cargadas de metales preciosos en mantos, collares y palios, incienso y música, no dice ni pío.

Esta distinta valoración del bien inmueble y la dispar percepción de un problema han dado lugar a la primera discrepancia -visible y sonora- entre las formaciones que gobiernan la Comunidad Autónoma, hasta el extremo de que la Presidencia de la Junta (PSOE) retira vía decreto, propinando un golpe de autoridad a su socio, las competencias sobre la Vivienda a la Consejería de Fomento (IU) y declara haber tomado en consideración la anticipación de las elecciones autonómicas si no se alcanzaba un acuerdo. IU, por su parte, se mantenía aferrada a su decisión y apelaba a la necesidad de actuar frente a cualquier circunstancia de emergencia dando soluciones, no buenos consejos.

Susana Díaz, presidenta Junta de Andalucía

El acuerdo finalmente llegó, tras maratonianas horas de reuniones, cuando de las 17 familias beneficiadas por la “gracia” de una vivienda, sólo 8 accedieron a ellas al repasarse los requisitos que justifican el socorro extraordinario del Gobierno andaluz. El resto tuvo que devolver las llaves. Sin embargo, la discusión entre los socios en la Junta puso de manifiesto la fragilidad de una coalición de izquierdas con criterios divergentes que a punto estuvo de provocar la ruptura del acuerdo de Gobierno. Una discusión inútil, demagógica y lesiva para una izquierda que pretende demostrar que otra política distinta es posible, invirtiendo los términos de la disyuntiva convencional: ayuda a las personas y ajustes o recortes al Capital, justo lo contrario que hace y aconseja el Gobierno conservador central, siguiendo los dictados tanto del mercado como de Bruselas. Ni PSOE ni IU salen, por tanto, bien parados de un encontronazo que más bien parecía un pulso personalista que el fruto de una disparidad  de criterios entre formaciones políticas, condenadas a entenderse. El único beneficiado de la polémica ha sido la derecha local y nacional, que ha aprovechado la oportunidad para desacreditar las políticas de izquierdas, exagerar la inseguridad que provocan estas trifulcas y denunciar el escaso rigor con que se administran los asuntos públicos, para, en consecuencia, inmediatamente ofrecerse de modelo de capacidad, firmeza y seriedad, que sólo la derecha es capaz de atesorar.

Consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés

Y, en parte, tiene razón. Se dirimía un asunto de calado que incide en la orientación que debe guiar la acción de gobierno. Una orientación que determina la diferencia entre una forma u otra de ejecutar políticas, poniendo el acento en la legalidad que ampara la libertad de mercado, la propiedad privada y los negocios o subrayando la que contempla la función social de la vivienda y hace depender el reparto de la riqueza al interés general. Buscar el equilibrio entre estos derechos es a lo que está obligado todo gobernante, para evitar el clientelismo, la arbitrariedad y el sectarismo en su función pública a fin de no beneficiar ni perjudicar a ningún sector de la sociedad en detrimento de otros.

Tan legítimo es respetar las leyes, atenerse a la normativa que regula la demanda de viviendas protegidas y garantizar la protección de un bien privado como era aquel inmueble, como arbitrar mecanismos extraordinarios con los que afrontar situaciones de emergencia social, impulsar iniciativas que amortigüen las consecuencias nocivas de una crisis económica sobre los ciudadanos -como son los desahucios- y procurar el auxilio a los sectores más vulnerables de la sociedad para evitar su exclusión social, por mucho que voces interesadas denuncien, y los medios afines reproduzcan periódicamente, que así sólo se legitimiza la “okupación” de viviendas y la “dependencia” de quien se acostumbra a vivir gracias al sostén público, pero olvidan citar las subvenciones a los partidos políticos, el rescate a los bancos, la financiación pública de la Iglesia, las nóminas del profesorado confesional, las “primas” a numerosas actividades industriales, la “nacionalización” del déficit de las autopistas y hasta el “perdón” a los evasores fiscales. Existen alternativas porque es posible escoger entre una legitimidad u otra y la sensibilidad (finalidad) con que se determina cada política emprendida.

Pero algo ha fallado. Y es grave. Ha fallado que no se ha sabido acordar la alternativa sin demostrar enfrentamientos. Ha fallado la comunicación, la concertación y la coordinación de la decisión que debía adoptarse en los órganos previos correspondientes, donde se valoran de forma colegiada las iniciativas gubernamentales, sopesando todas las repercusiones desde su adecuación a la ley, antes que ofrecer ese espectáculo de “pelea de gallos” que no ha servido para otra cosa que para dar aliento a una derecha sin credibilidad a la hora de exigir medidas de protección social cuando su ideología las considera un “gasto” insostenible y las elimina allí donde gobierna y puede.

                            
Ninguna consejería puede ir por libre ni una presidencia puede materializar una iniciativa sin sancionarla en el Consejo de Gobierno. El consenso en una coalición es condición indispensable para alcanzar los objetivos establecidos en el acuerdo de legislatura y para que los ciudadanos perciban coherencia y cohesión en las políticas promovidas. De lo contrario, lo que se transmite es una sensación de riñas partidistas que pugnan entre sí por parcelas e intereses políticos y que socavan hasta la confianza del electorado más fiel de cualquier formación. Y, en río revuelto, ya sabemos quien gana siempre en este país, donde no existen escrúpulos para utilizar a las víctimas del terrorismo en la confrontación política y, por lo que se ve, a los desfavorecidos sin vivienda para rebañar réditos electorales. Se debe evitar la tentación de caer en ese juego indigno y sucio.

Belleza estremecedora

Foto: Ana Becerra Carmona

Sin compartir las creencias que las motivan, no puedo dejar de admirar la belleza plástica de unas imágenes que expresan con barroquismo tenebroso el dolor y la muerte, mientras una luz crepuscular, que amarillenta la atmósfera, hace resaltar, en contraste con la vida vegetal que lo enmarca sobre una Giralda que asiste respetuosa y silente, el repetido y siempre inaugural estremecimiento por una trascendencia en la que buscamos sentido a la existencia, para encontrar siempre la mano del hombre, la creatividad humana, demasiado humana.

Semana de pasión

Mientras los amantes de las tradiciones se arreglan para asistir a la exhibición pública de una fe que se viste de peinetas y corbatas, y gusta de las aglomeraciones de trompetas y tambores a la intimidad silenciosa que interroga la trascendencia, otros buscan expandir la mirada hacia horizontes infinitos donde confluyen todas las líneas y todos los pensamientos, para compartir lo que se transmitió desde la crianza y que aflora en esos instantes de complicidad mecidos por la brisa y prendidos en los ojos que intercambian sentimientos, conversaciones y recuerdos entre madre e hijo. Elijo esta pasión familiar a la que celebra el dolor y la muerte en el orbe cristiano, mil veces.

Cataluña y el agotamiento del Estado de las Autonomías

Nunca hasta ahora el Estado de las Autonomías, forma jurídica que configura la organización territorial española y que fue establecida por la Constitución de 1978, había dado muestras de tal grado de agotamiento y de causar el rechazo, por superarlo, de parte de algunas regiones para las que se constituyó como marco de convivencia y encaje legal de la pluralidad de sentimientos nacionalistas existentes en España. Gracias al consenso alcanzado con la Carta Magna, se procedió a descentralizar el Estado con la creación de 17 Comunidades Autónomas, además de Ceuta y Melilla, cuatro de ellas a través de la vía rápida del artículo 151, que facilitaba el acceso inmediato y la transferencia de competencias, reservado a las consideradas “históricas”, esto es, a Cataluña, País Vasco y Galicia, a las que se unió Andalucía. El resto lo haría de forma paulatina, según lo estipulado en el artículo 143. Se respondía así a las aspiraciones históricas de autogobierno de vascos y catalanes y se definía un Estado no centralizado, cuyo precedente figuraba ya en la Constitución de 1931 de la II República, pero garantizando, por medio del mismo Articulo 2 que reconoce las autonomías, “la indisoluble unidad de la Nación española” y la “solidaridad” entre todas las comunidades y regiones españolas.

Tras 33 años de desarrollo autonómico, pacífico y democrático, Cataluña pretende forzar en la actualidad la convocatoria de una consulta en su territorio para cuantificar el apoyo popular de los catalanes a la propuesta de convertirse en un Estado propio e, incluso, si ese sentimiento fuese mayoritario, a independizarse de España. Es lo que ellos denominan el “derecho a decidir”, por el que reclaman que el Gobierno de la Nación les faculte para convocar un referéndum soberanista. El Congreso de los Diputados ha rechazado esta posibilidad por abrumadora mayoría durante la sesión del pasado día 8 en la que se debatió la propuesta. Una propuesta y un resultado similares a los conseguidos en febrero de 2005, cuando se sometió a discusión en sede parlamentaria el conocido como plan Ibarretxe, un proyecto que el País Vasco propugnaba para decidir nuevas formas de encaje de Euskadi en el conjunto del Estado, basado en el modelo del Estado Libre Asociado que vincula Puerto Rico a Estados Unidos. Con una particularidad entre ambas pretensiones: la iniciativa catalana no da por acabado su recorrido con el “portazo” del Congreso, sino que insiste en continuar explorando mecanismos que le posibiliten ejercer ese “derecho a decidir” al que se ha comprometido el presidente de la Generalitat, Artur Mas con fecha ya cerrada. El referéndum está previsto para el próximo 9 de noviembre. A tal efecto, el Honorable President ha anunciado que piensa elaborar una ley de consultas catalana que dé cobertura legal a una votación de cuyo resultado derivaría, en caso de ser mayoritariamente favorable, el inicio de un proceso segregacionista en pos de la independencia de la región.

Dice Félix Ovejero que “nación es un enigma y el nacionalismo un enigma levantado sobre otro enigma”, para asegurar que, según numerosos estudios, “el nacionalismo no es el resultado de una nación, sino que, al revés, el nacionalismo se inventa la nación en nombre de la cual habla”. Algo semejante es lo que sucede en el enfrentamiento político actual entre Cataluña y España, en el que ambos nacionalismos apelan a la “nación” como imperativo categórico que les impulsa a la actuación y adecuación de la realidad a los deseos de quienes evocan tal concepto. Es decir, para los dirigentes catalanes es prioritario que España reconozca que Cataluña es una realidad nacional y que, por ende, puede aspirar a construir su propio estado y a enarbolar el derecho a la independencia, a pesar de que la legalidad en la que se halla inserta no contemple tales extremos.

Los antecedentes históricos en los que se funda esta reivindicación son tan ambiguos como las diversas interpretaciones que dan lugar. Claro que la historia es un proceso abierto que no se atiene a una evolución lineal ni predeterminada, sino que es fruto de contingencias de cada momento o período concreto. Así ha sido siempre la secuencia cronológica de hechos y culturas que han dado forma a lo que conocemos como España, desde los primeros grupos indoeuropeos, fenicios, griegos o tartésicos hasta las invasiones árabes, romanas, visigodas o cristianas que, ya en la Edad Media, sirvieron para constituir la España que ha llegado a nuestros días, convertida en un estado unificado bajo la monarquía de los Reyes Católicos, no sin tensiones entre las partes que la constituyen.

Es en ese devenir histórico cuando surge Cataluña a partir de los condados hispánicos del Imperio carolingio que se integran en el Reino de Aragón, creado en 1137 por la unión dinástica de la hija del rey de Aragón y el conde de Barcelona. En esa época España aun no existía, sino que estaba formada por una pluralidad de reinos (Reino de León, Reino de Portugal, Reino de Castilla, Reino de Navarra y Corona de Aragón) enfrentados entre sí y defensivos contra los musulmanes de Al-Ándalus, a los que combatieron durante ocho siglos sin ningún proyecto en común, sino respondiendo, como describe Juan Pablo Fusi en su Historia mínima de España, a “necesidades estratégicas, aspiraciones territoriales, razones de seguridad y defensa, intereses dinásticos y proyectos estatales e institucionales separados de los distintos reinos peninsulares”.  

Esta es la realidad que nos conduce a un presente en el que se reproducen las disputas territoriales y las reclamaciones identitarias que debían haber quedado resueltas con la constitución del Estado de las Autonomías. Después del largo período de la dictadura franquista, que pisoteó derechos individuales y colectivos, había que superar el asfixiante centralismo obligatorio que impuso con una democracia que calmara, en cualquier caso, las tendencias segregacionistas. La Constitución de 1978, en su Título VIII, desarrolla el actual modelo autonómico que evita el federalismo. Y lo evita para no reconocer las distintas naciones que pueden confluir en España. Una vez más, nación es la “china” que nos molesta en el zapato estatal y nos impide andar cómodamente juntos. Cataluña, como antes el País Vasco, y pendientes de ellas Canarias, Galicia y el resto de Comunidades Autónomas, pretendía modificar la Constitución para que recogiera su identidad nacional. Cataluña como “nación”, palabra tabú que fue agriamente descartada por el Tribunal Constitucional, a instancias del Partido Popular, por considerar que la única nación existente es España, la que configura el conjunto del Estado. Lo demás son nacionalidades, que el Constitucional no equipara a “nación”. Desde entonces, han ido tensándose las relaciones entre aquella Comunidad y el Estado hasta desembocar en ese plebiscito soberanista que están dispuestos convocar, con o sin autorización de las Cortes españolas. 

Si ese hecho se produce, significaría el agotamiento del Estado de las Autonomías, un modelo poco definido en la propia Constitución y que ha ido completándose a través de modificaciones estatutarias y negociaciones periódicas para ampliar el número de competencias y capacidad de financiación. Y quedarse sin modelo nos abocaría a optar por una de estas dos alternativas: retornar al viejo Estado unitario centralista o convertirnos en un Estado Federal sin ningún complejo. El primer modelo es Francia, y el segundo Estados Unidos, por citar algunos ejemplos. Y la verdad es que para la segunda opción nos resta muy poco, tan poco como modificar la Constitución y desarrollar realmente el Senado como cámara de representación territorial o federal. Pero lo más dificultoso de todo ello sería reconocer la existencia de “naciones” iguales que se integran en un Estado federal, simétrico o asimétrico, articulado en unidades territoriales que poseen una autonomía considerable. Algo parecido a lo que ya tenemos.

Pero lo impide la Constitución, aunque ninguna constitución es inmodificable ni intocable. De hecho, la C.E. sufrió modificaciones para introducir la llamada “regla de oro” que ponía límites al déficit público. La propia Constitución establece las normas, bastante rígidas, para ello. Se requiere consenso y estar abiertos al diálogo franco y sincero, sin apriorismos ni actitudes intransigentes. Es lo que reclaman a través de los medios de comunicación Artur Mas y Mariano Rajoy, pero ninguno se sienta a dialogar con el otro, resguardándose tras sus particulares parapetos maximalistas. Vivir juntos es ceder en máximos para alcanzar puntos de encuentros que posibiliten el desarrollo de cada cual. Un desarrollo que siempre será más fácil en conjunto que por separado. A partir de esta premisa, no debería haber obstáculos para conseguir un nuevo modelo de convivencia entre los pueblos y naciones de España que nos siga ofreciendo paz, prosperidad y libertad a todos. Lo de menos sería el nombre que le demos a esa utopía visionaria, sea Estado Autonómico, Federal o Español. 

Aguirre, la cólera de la condesa

Maldita por su apellido, pero estigmatizada por la ambición, Aguirre se comporta como el personaje de Werner Herzog y se extralimita cuando considera que algo impide que vaya en busca de su El Dorado. Temerosa de que una fotografía inmortalice su tropezón con la policía local, por una falta trivial –si realmente ese fuera el motivo-, reacciona poseída por la cólera y actúa con la soberbia de quien no soporta ningún obstáculo en su camino. Y en vez de aceptar una multa con esa sonrisa ingenua que le caracteriza, fruñe el ceño, ignora la autoridad y huye del lugar, arrollando un vehículo oficial, para refugiarse en su casa y dejar que sus guardaespaldas aporten la documentación pertinente. Le pierde su carácter, un carácter hábilmente maquillado por toneladas de gestos simpáticos, frases ocurrentes y modales hasta entonces suavizados. Hasta hoy, en que Esperanza Aguirre ha mostrado su verdadera faz.

Aparcar momentáneamente en lugar prohibido no es un delito de lesa humanidad, sino una falta que a diario comete cualquiera que conduzca un coche por nuestras ciudades atascadas de un tráfico intenso y sin apenas lugar donde estacionar. Las dobles fila, la invasión de las aceras, saltarse los semáforos en ámbar, circular por carriles restringidos, no respetar los límites de velocidad, aparcar en zona azul sin ticket o excediendo el tiempo abonado, y hasta hacer giros o maniobras prohibidas son, en puridad, actos rechazables y castigados por la autoridad municipal, pero que contribuyen a agilizar la circulación. Cierto caos posibilita un orden más eficaz.

Sin embargo, Esperanza Aguirre, cazada “in fraganti” por la policía con su coche detenido en un carril bus para sacar dinero de un cajero automático, no admite ser objeto de castigo por la falta cometida. Se considera un personaje por encima de las normas que ella misma estaba obligada a respetar y se deja llevar por la ira, la cólera de la condesa que teme la inmortalización del suceso en una fotografía que perjudique su imagen pública. Acusa a los policías de machistas, de urdidores de una trama contra ella y de abuso de autoridad. Y emprende la huida, sin querer firmar la multa, arrasando con su vehículo una motocicleta de los agentes. Provoca, con su reacción, un espectáculo de mayor relieve mediático que el de la simple amonestación por una falta de circulación.

Y deja entrever su verdadera personalidad: la de una persona engreída, soberbia y violenta, rasgos muy alejados a los de su imagen pública, tan cultivada y mimada por ella. Y es que el poderoso se cree su poder, confía en su poder y exhibe en situaciones límite su poder. Piensa que todo le es posible y todo le está permitido porque siempre ha actuado así, consiguiendo imponer su voluntad en el ejercicio de sus diferentes cometidos en la política. Ha criticado a propios y adversarios, ha amparado a delincuentes probados e imputados y se ha enfrentado a quienes representaban un peligro a su autoridad y ambición.

En definitiva, se ha conducido como Lope de Aguirre en busca de El Dorado, avasallando e ignorando los límites que a todos obligan: respetar la ley. Se ha dejando llevar por la cólera de Dios por una simple multa. Su ira le ha hecho caer la careta.

Ahí viene el Sol

Así amanece este día, sin machas y azul, anunciando el verano y un tiempo soleado y caluroso que ya llama a las puertas del calendario. Es el humor variable de un mes que lo mismo te hace estornudar por el frío y una lluvia inesperados, que te pone a sudar vestido aún con ropas de abrigo insoportables. No sabes qué ponerte para salir acorde a la temperatura ambiente. Las plantas del reino vegetal reaccionan de igual manera, perturbadas: unas, florecen, inundando la atmósfera de polen y olores, mientras otras continúan incubando yemas incipientes, aletargadas aún en su ciclo vital, ajenas a los mapas de meteorología. Abril se comporta con la misma voluptuosidad ambivalente de cualquier persona: a veces se despierta triste y vencido, como un día gris, y otras locuaz y alegre, como un día diáfano. Es su personalidad primaveral, como la mía.

¿Nadie les echa de menos?

El Partido Popular ha comenzado a difundir el vídeo de su campaña electoral para los próximos comicios al Parlamento europeo en el que se limita a criticar a los socialistas, a los que acusa de todos los males que aquejan a España. Con imágenes de cajones, despensas y huchas vacías, el mensaje que transmite es que, gracias al dispendio y el despilfarro con los que actuaron, nadie les echará de menos, para subliminalmente llevar a la conclusión en el espectador de que sólo los conservadores están capacitados para hacer las cosas “como Dios manda”, como gusta decir al líder de la formación y actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

“Nadie les echa de menos” es el lema de un anuncio que insiste en la estrategia de los populares de achacar a la herencia socialista todos los problemas que Rajoy prometió resolver si accedía al Gobierno y que, no sólo no ha podido cumplir, sino que incluso ha agravado muchos de ellos, excusándose siempre en la socorrida herencia como disculpa de su incapacidad. El vídeo abunda en esa idea como argumento para solicitar el voto para el Partido Popular, sin proponer ninguna nueva medida, sin aportar ningún nuevo compromiso, sin presentar incluso ningún candidato. Como ya hiciera con éxito en las últimas elecciones generales, oculta su programa y esboza lugares comunes, medias verdades y descalificaciones al adversario político para incitar antes la reacción emocional (conmover) que la crítica racional.

Olvidan los autores y patrocinadores del audiovisual a los que no están de acuerdo con lo que taxativa o subrepticiamente se afirma en el mismo. Hay personas que no reprochan a los socialistas la crisis económica que castiga a este país, aunque critiquen la terquedad que tuvieron para reconocerla en sus inicios, ni estiman que las políticas keynesianas que propugnaron para afrontarla constituyan ningún derroche, a pesar de que finalmente se viesen obligados a congelar las pensiones y reducir el sueldo a los funcionarios, por imperativos de la “troika” comunitaria.

Tan equivocados no andaban cuando idénticas medidas económicas ha tenido que implementar el Partido Popular, pero haciendo recaer la mayor carga de los sacrificios en los sectores más débiles y desprotegidos de la población: los trabajadores, los empleados públicos, los jubilados y los dependientes. Su cacareada capacidad para enfrentarse a la crisis ha consistido en “ajustar” todo lo que considera “gasto”, recortando el monto de las partidas presupuestarias con las que se financian los servicios públicos, aumentando simultáneamente impuestos tan poco equitativos como el IVA y detrayendo recursos de la fuerza del Trabajo para facilitárselos a la del Capital y las Finanzas. Y es que no hay que olvidar que la crisis se genera por excesos y falta de control del sistema financiero, al que hay que “ayudar” a normalizarse, haciendo pagar los platos rotos a los ciudadanos.  

Si unos se ganan no ser echados de menos por gastar cuando se pudo en ampliar ayudas sociales, reconocer derechos e implantar prestaciones por dependencia como nuevo pilar del Estado del Bienestar, otros pueden ser odiados por derogar todos esos avances sociales, restringir derechos y libertades y consentir al poderoso -séase patrón, banco, iglesia o élite social- cuánto exige para seguir explotando sin miramientos a los “nadie” de la sociedad. Desde la reforma laboral hasta la del aborto o la nueva ley contra las manifestaciones, son iniciativas impulsadas por los que piensan que el mercado se basta y sobra para regularse a sí mismo y satisfacer las necesidades humanas, sin ninguna intervención de los Estados que evite los abusos de cualquier posición de dominio, que siempre detentarán las clases privilegiadas con todas estas medidas gubernamentales.

Pero cuando perteneces a los estratos sociales que soportan el paro, la reducción de prestaciones por desempleo, la facilidad y el abaratamiento del despido, el copago en las atenciones sanitarias, el repago farmacéutico, el endurecimiento de las becas, el rechazo a las ayudas por dependencia, la criminalización del aborto, la represión en las manifestaciones públicas, el recorte en los salarios, el desahucio de las viviendas, los fraudes bancarios con las preferentes, la ampliación de la edad de jubilación, la congelación indefinida de las pensiones por la revalorización anual de sólo el 0,25 por ciento en vez del índice de inflación, y hasta la desconsideración de tratarte como a un ignorante que puede ser fácilmente manipulado con un simple vídeo publicitario, estonces es posible que su visión te cause indignación.

No sería la primera vez que una agresión se vuelve en contra del que la comete. Y es que no hay mayor agresión que la de faltar a la verdad, por mucho que uno se empeñe en enmascararla. No me extrañaría, por tanto, que el Partido Popular consiga con este vídeo el efecto contrario al deseado e impulse a la gente a retirar su apoyo a un Gobierno que no se cansa de castigar a los ciudadanos, a los que ha llegado acusar de vivir por encima de sus posibilidades, mientras les negaba todo sostén para dárselo a los bancos, a las autopistas, a los evasores fiscales.

Si aquellos pecaron de dar más facilidades en tiempos de bonanza, éstos pecan por negarlas en cualquier circunstancia y a quienes más falta hace, aprovechando que una crisis obliga a “priorizar” gastos. Así que, puestos a echar de menos a alguno de ellos, echaré de menos al primero. Se endeudó por socorrer a las personas, no por “nacionalizar” las pérdidas del sector financiero. Entre una y otra deuda, hay matiz: la economía como medio para el bienestar social o un fin por encima del interés general. Eso es lo que se lucubra mientras se visualiza ese vídeo.

 

 

Multas por ir a Urgencias

Ya no se trata de abonar pagos e implantar copagos en los medicamentos, de repagar prestaciones que antes estaban incluidas como las ambulancias y las muletas, o de retirar la cartilla sanitaria si eres un inmigrante, sino que ahora, además, si no sabes medicina y pretendes recibir una atención que estimas urgente, preocupado porque tu médico de cabecera no te escuche o ponga reparos para enviarte al especialista y dilate cualquier prueba una eternidad que crees no disponer si confías en continuar vivo, ahora, para colmo, proponen que se te pueda multar por “abusar” de las Urgencias cuando buscas que te traten de verdad y determinen con rapidez qué es lo que te hace sentir mal. Es lo que pide, nada más y nada menos, el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, un cargo médico que expresa su sensibilidad por la “sostenibilidad” del sistema, no del paciente.

El eminente galeno argumenta que su propuesta no pretende implantar otro copago, sino establecer un “pago por usar mal los servicios”. Aunque intente una pirueta semántica, pago y copago son, en este caso, sinónimos referidos a pagar por lo que ya se ha pagado previamente con los impuestos: atención sanitaria. Es intentar, desde una mentalidad economicista, refinanciar un servicio público que adolece de problemas estructurales y organizativos que generan la saturación de las urgencias, y pretender remediarlos mediante la implantación de una tasa que disuada al usuario de utilizar tal servicio, no de corregir sus fallos.

Compartiendo, con seguridad, el “diagnóstico” inicial del problema, el representante de los médicos escoge la “terapia” más cómoda, pero injusta y a la postre ineficaz, de solucionarlo. No hace falta trabajar en ese servicio para advertir que la inmensa mayoría de los casos que allí se tratan no son verdaderas urgencias, sino afecciones que podrían ser abordadas en la medicina primaria. Sin embargo, la masificación que sufren las urgencias, cada vez más frecuentes y duraderas, denotan disfunciones más complejas que el simple abuso por parte del ciudadano, pero que el médico de la Organización Colegial se guarda siquiera de insinuar.

Por un lado, existe toda una política de “ajustes” presupuestarios, impulsada por el Gobierno central y seguida obligatoriamente por las autonomías (a causa de la reducción de las transferencias), que merman los recursos materiales y humanos no sólo en la Sanidad, sino en todos los servicios públicos. No deja de ser irónico que el presidente de la OMC propugne multar el supuesto abuso de las urgencias en presencia de la ministra de la Sanidad, sentada a su lado. Podría haber aprovechado la oportunidad para exigirle la dotación presupuestaria suficiente para una correcta prestación de la sanidad, como servicio público, sin tijeretazos que mermen su calidad.

Pero, aparte de los recursos, lo que evidencia el comportamiento de los usuarios al preferir las urgencias cuando tienen necesidad, es la ineficacia de la medicina primaria y preventiva. Un paciente “aprende” ir a urgencias cuando, tras peregrinar por consultas y médicos de cabecera, desemboca invariablemente en ese servicio como alternativa “práctica” que resuelve su problema de salud. La tardanza con la que se realizan las pruebas complementarias (radiografías, análisis, etc.), los impedimentos para la remisión de pacientes a los especialistas, y los, en algunos casos, errores en la detección de las patologías que, tal vez por las prisas con que se han de atender las consultas, se producen en la medicina primaria, hacen que la segunda vez que el usuario tenga que necesitar de atención médica, acuda directamente a las urgencias donde acabó su primera y desagradable experiencia.

Pero, claro, denunciar esta situación delante de la ministra del ramo es impropio de quien participa de ese sistema, pertenece al estamento que organiza o aconseja los procedimientos asistenciales y es responsable del deambular de cada paciente que se acerca a la sanidad. Lo más fácil es echarle la culpa al usuario por “abusar” de las urgencias y, en última instancia, por ponerse enfermo y utilizar los recursos de la sanidad pública de la manera que ha percibido como más efectiva. Y la mejor manera de “disuadir” de su uso y abuso es encarecerlo económicamente. Una nueva tasa que, diga lo que diga el presidente de los médicos, no resuelve el problema, pero permite “acostumbrar” al usuario a que pague como si tratase de una atención ofrecida por la medicina privada. Y, mientras tanto, la ministra Mato tan sonriente y comprensiva.

Lo mismo que aquel impresentable representante de la patronal, hoy en la cárcel, que decía que la prestación del paro sólo servía para fabricar vagos, este burócrata de los colegios médicos arguye que las urgencias las colapsan quienes desean saltarse las listas de espera, no porque tengan miedo o estén preocupadas por lo que padecen. ¡Ojalá fuera así! Todo abuelo que estuviera aguardando operarse de cataratas acabaría sentado en Urgencias para solucionar el problema. Las urgencias no alivian las listas de espera de diagnóstico ni terapéuticas, sólo resuelven situaciones agudas que el que las padece considera graves y peligrosas para su vida. Si un médico de la medicina primaria o preventiva le atendiera con idéntica eficacia y celeridad que en urgencias, seguro que ningún paciente “abusaría” de ellas. Pero ese es, precisamente, el problema: que la primaria funciona lento, tan lento que muchos se mueren antes de llegar a urgencias. Y esto es lo que el presidente de la OMC se calló ante la ministra, el muy cuco.  

Añoranzas de abril


Se consume el primer trimestre del año en una primavera que guarda añoranza del invierno y se empeña en recobrar madrugadas de frío y días opacos de tormentas inesperadas que descargan una lluvia impertinente sobre tejados y campos. Un cielo blanco sirve de telón a la ciudad que se recorta en perfiles monumentales en los que nos sorprenden estampas arrancadas de un tiempo vencido que se niega desaparecer. Así inauguramos abril, en el que el sol nos brinda una postrera oportunidad de despedirnos del invierno antes de someternos al deslumbrante y absoluto retorno de su dominio, permitiendo que este mes conserve la añoranza de los días grises.

Foto: Jaime Velasco