Y apelamos a la sensación de alivio que muchos
experimentarán al concluir sin dramatismo el anunciado “choque de trenes”
promovido por la
Generalitat de Cataluña, porque el tema lleva toda la
legislatura protagonizando la actualidad política nacional y la saturación
monotemática está a punto de provocar el hartazgo, si el Gobierno no le da por complicar
aún más la situación con medidas coercitivas y punitivas contra los
responsables de esta pacífica e inútil desobediencia civil ciudadana. Puede que,
después del 9N, muchos de los movilizados a favor y en contra de la
pseudoencuesta sobre la independencia impulsada por los soberanistas aprecien
que se trata de un subterfugio que desde ciertas instancias han inventado para
inocular en la población sentimientos y emociones, en vez de criterios
racionales, que les impiden detectar la tomadura de pelo de que han sido
objeto. Porque, en realidad, ese archireclamado derecho a decidir lo llevan ejercitando
los catalanes, en particular, y los ciudadanos de todas las regiones españolas,
en general, cada cuatro años desde que votan elecciones autonómicas.
Son esas elecciones autonómicas, legales, controladas,
voluntarias, libres y abiertas a todos a través de un censo electoral
perfectamente riguroso y verificable en cuanto a requisitos, participación,
recuento de votos y resultado del escrutinio, sin coacciones ni presiones,
salvo las derivadas de la campaña de propaganda electoral en las que participan
todas las opciones concurrentes, las que posibilitan a los catalanes decidir qué
opción y cómo prefieren ser gobernados. Porque en tales elecciones, también en
las generales, desde hace más de treinta años se presentan ofertas políticas independentistas,
nacionalistas y estadistas, todas ellas constitucionales (se adecuan a lo
establecido en la
Constitución ) y suficientemente representativas del sentir y
la diversidad de los ciudadanos votantes, contando incluso con la abstención
como actitud pasiva de no participar ni decidir.
Por eso, si en verdad lo hubieran deseado, los catalanes hace
tiempo que habrían elegido en cualquiera de esas oportunidades, de manera clara
y contundente como sólo en democracia es factible (por mayoría) las opciones
independentistas que se le ofrecían en cada ocasión. Entonces, y sólo entonces,
los elegidos estarían legitimados para exigir al Gobierno de España la apertura
de conversaciones y negociaciones en busca de repuesta a la expresión avalada legalmente
con los votos de la mayoría. Y ello, en toda la historia reciente de la democracia
española, no ha sucedido nunca, lo que se quiere solventar con subterfugios
plebiscitarios que sustituyan el verdadero y válido mandato popular.
Lo del referéndum y elecciones participativas no dejan de
ser “maniobras orquestales en la oscuridad” para entretener al personal
mientras algunos partidos y algunos dirigentes catalanes se empeñan en tensar
la cuerda de la legalidad para alcanzar bien mayores competencias de las que
disfrutan y credibilidad ante su electorado o bien desviar la atención de los
graves problemas que afectan a aquella región, tan golpeada por la crisis y la
corrupción como otras del país, aunque tal vez menos afortunadas en cuanto a
recursos y nivel de vida.
No parece, pues, que la solución a los complejos problemas que en la actualidad afectan a todos los españoles, también a los catalanes, dependa de ese obcecamiento soberanista por celebrar un referendo independentista que les posibilite atraer el apoyo social que en las demás elecciones no consiguen. Ojalá que, suceda lo que suceda el próximo 9N, una profunda sensación de alivio de extienda por todo el país, tras conseguir ejercitar el manoseado “derecho a decidir” nada, y, calmados los ánimos, la política vuelva a centrarse en los verdaderos problemas de la gente: bienestar, progreso, justicia, paz e igualdad, residan donde residan y se expresen como se expresen
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