El principio que consigue evitar la impunidad en crímenes que no prescriben por atentar contra los derechos humanos en cualquier lugar del mundo, no podrá invocarse en España por cuestiones de simple interés económico. A partir de ahora los jueces españoles sólo podrán actuar si el procedimiento afecta a un nacional o un ciudadano extranjero residente en España. Ni siquiera contra quienes en el extranjero causen daño, maten o atenten contra ciudadanos españoles, a pesar de no existir fronteras para mandar a nuestros soldados o cooperantes a otros países, pero sí para que
Con una celeridad pasmosa y sin apenas debate (sólo dos
lecturas para la toma en consideración y la aprobación), la Cámara Baja dio el visto bueno
a una proposición de ley del Gobierno para cercenar un instrumento que permitía
perseguir delitos contra los derechos humanos en cualquier parte del mundo. En
contraste con el proyecto de ley que requiere informes, debates y un trámite
más elaborado, la proposición de ley puede aprobarse por mayoría absoluta, que
el partido en el Gobierno tiene asegurada. Las prisas se explican por hurtar un
debate que el Ejecutivo, salvo ese diputado aislado de UPN, afronta en
solitario. Toda la oposición está en contra de modificar la Ley Orgánica del
Poder Judicial que limita la justicia universal. Incluso fiscales, juristas y
otros miembros de la carrera judicial se posicionan en contra de la iniciativa
gubernamental y critican la poca consistencia de los motivos del Ejecutivo para
llevarla a cabo.
Y es que el propio Partido Popular ha reconocido que lo que desea
con esta iniciativa es evitar conflictos diplomáticos. China, poderosa nación
que invierte en nuestra deuda pública y el acreedor que financia la mayor parte
de ella, amenazó con presentar tales conflictos diplomáticos si continuaba la
causa contra genocidas del Tibet abierta en nuestro país. La orden de detención
del expresidente Jiang Zemin y otros dirigentes del régimen chino generó la
amenaza en las relaciones con aquel país. Estados Unidos tampoco se muestra
dispuesto a entregar sus militares para que sean juzgados en los tribunales
españoles, a pesar de haberse emitido una orden de busca y captura por parte
del Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid contra los tres militares
imputados.
Como las anteriores, una docena de causas abiertas quedarán
de este modo archivadas de forma inmediata, sin poder ser enjuiciadas, para
alivio de criminales y de aquellos países que pisotean derechos reconocidos
internacionalmente, pero posibilitan un gran negocio. Casos como el de las
torturas en Guantánamo; los de genocidio en el Sáhara, Guatemala y Ruanda; los
relativos a delitos por mutilación genital femenina (ablación) que se cometen
en amplias zonas de África y Oriente Medio y que, en algunas ocasiones, afecta
a hijas de inmigrantes en nuestro país; y hasta los derivados del narcotráfico
que, si no es por una alerta del Centro de Inteligencia contra el Crimen
Organizado que obligó a rectificar el articulado inicial del Gobierno, tampoco
se podrían perseguir porque la “reforma” ponía trabas al abordaje de barcos en
aguas internacionales. Todo un retroceso en la aplicación extraterritorial de
la ley penal, útil para imputar y castigar crímenes de genocidio, terrorismo y
torturas.
España, por hacer primar los intereses económicos sobre los
principios universales, prefiere marchar en dirección contraria a las
recomendaciones del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya , que reconoció
expresamente el derecho de los Estados a ejercer la jurisdicción universal en
materia de genocidio, según consta en la sentencia que dictó en 1966 sobre el
caso Bosnia vs. Yugoslavia. Todos los crímenes de guerra, de genocidio, la
tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales son,
para Amnistía Internacional, delitos contra la Humanidad que violan el
derecho internacional, por lo que todos los Estados tienen la potestad de
investigarlos y juzgarlos en sus tribunales nacionales.
Causa vergüenza que nuestro país haga renuncia de valores y
principios universales que garantizan el respeto y el reconocimiento de los
derechos humanos, aunque ello perjudique también a ciudadanos españoles, como
el asesinato del periodista Couso, cuya familia está dispuesta a llegar al
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de Estrasburgo, para que continúe una
investigación que su propio país impide proseguir.
Vergüenza que llega al rubor cuando se conoce que los
impulsores de la iniciativa añaden como justificación para limitar la justicia
universal que la Audiencia Nacional
no está preparada para juzgar lo de fuera o que este tipo de acciones sólo
sirven para que algunos consigan protagonismo, en clara referencia al juez Garzón,
quien en 1998 ordenó arrestar en Londres al general Augusto Pinochet,
exdictador de Chile, por presuntas violaciones de los derechos humanos en su
país.
En un mundo global donde no hay barreras para casi nada y en
el que, desde la economía hasta la cultura de masas, la tecnología o la
religión, son universales, solamente las personas y la justicia quedan
arrinconados a espacios limitados, infranqueables tras férreas fronteras, fuera
de los cuales no son reconocidos sus derechos porque priman otros intereses por
encima del de la igualdad de todos los seres humanos. Cuando la economía impera
a cualquier otra consideración, se cometen estas barbaridades que brindan
impunidad a los criminales que atentan contra los derechos humanos. Perdemos
los principios en aras de la rentabilidad, y perdemos el sentido de nuestra
organización social en la que se supone nos afanamos por conseguir el
desarrollo y el progreso de todos sus miembros, no sólo de los que disponen del
capital.
Según un memorándum jurídico de Amnistía Internacional (Universal Jurisdiction: the duty of states
to enact and implement legislation), más de 125 países asumen el principio
de justicia universal para algunos de los crímenes contra el derecho
internacional, y al menos 15 de ellos han extraditado personas a otro país para
su procesamiento en virtud del principio de jurisdicción universal. España
figuraba entre ellos hasta que el Gobierno de Rajoy prefirió el mercado, que es
global, a los derechos humanos, que están restringidos según qué áreas del
mundo. Una nueva renuncia que debería avergonzarnos.
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