Estertores de julio

Julio agoniza entre horas perezosas y una luz que se difumina en sombras de tardes soñolientas. Los días empiezan a declinar levemente con el chirrío de cigarras y grillos, inquietos con el aire fresco de unas noches que anuncian el cambio inminente del mes. La luminosidad cegadora del verano todavía domina el horizonte hasta que el atardecer se hace más corto y vulnerable al avance imperceptible de la oscuridad. Son los estertores de julio, cuyas bocanadas de calor y sopor forman parte de los ritos de un estío que se concentra en agosto, antes de agotar la estación. Para los que iniciamos un nuevo ciclo, el verano está consumido.

Gasolinas: el abuso de los precios

Comienza el período de mayor número de desplazamientos de vehículos por carretera, debido a las vacaciones, y el precio de la gasolina vuelve, como de costumbre, a experimentar una subida no justificada por ningún problema de abastecimiento ni de escasez en los países suministradores de petróleo. La única explicación para alzas instantáneas y descensos lentísimos en los precios de los carburantes es que el Estado y las empresas del sector aprovechan la fuerte demanda para hacer caja.

El fin de semana que enlaza julio con agosto, momento para el retorno de muchos veraneantes y de partida para un número aun mayor de ellos, en el que se prevén más de 40 millones de desplazamientos por carretera -según previsiones de la Dirección General de Tráfico (DGT)-, siempre acusa un aumento considerable del precio de las gasolinas. En esta ocasión, la gasolina y el gasóleo han registrado subidas del 1,9 y del 2,9 por ciento, respectivamente, hasta alcanzar prácticamente máximos históricos. Y salvo esa circunstancia de mayor consumo de energía, nada explica las razones del incremento de los precios. Ni siquiera las oscilaciones en el valor de compra de los barriles de crudo en origen, que se efectúa con seis meses de antelación.

Los automovilistas se ven obligados, en una situación de grandes dificultades económicas, a hacer mayores desembolsos para llenar los depósitos de sus vehículos, hasta un 10 por ciento más caro el litro de gasolina con respecto a la misma semana del año anterior, y un 7,4 por ciento de encarecimiento el gasoil, combustible consumido por el 80 por ciento del parque automovilístico español.

Las patronales del sector y el Gobierno arguyen que los precios de las gasolinas en España son inferiores a la media comunitaria, un argumento que se reitera cuando no se encuentran excusas que justifiquen el aumento de los precios. Se trata de una comparativa parcial porque sólo ofrece valores absolutos y no relativos, que reflejen la incidencia real de los carburantes en el poder adquisitivo de cada país.

En España, esta subida se produce en un contexto económico que exige grandes sacrificios a la población, como es la subida de impuestos, el recorte de salarios, el copago de las medicinas, parálisis de la actividad económica y unas tasas de paro nunca vistas en el país. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), el número total de desempleados se halla en 5.693.100 personas, lo que eleva la tasa de paro hasta el 24,63 por ciento, el nivel más alto de la serie histórica, evidenciando una situación de deterioro y recesión de la economía española.

Aun así, Repsol, la mayor empresa petrolera española, hace balance de su negocio durante el primer semestre del año, en el que obtiene una cifra de beneficios (inferiores a los del año pasado, pero beneficios al fin y al cabo) de 1.036 millones de euros, un 22,9 por ciento menos que el mismo período del año anterior. Pero lo curioso es que achaca estos “malos” resultados al descenso de los precios del petróleo -lo que no es óbice para subir las gasolinas- y a la enajenación de su filial YPF por parte del Gobierno de Argentina. La compañía, incluso, ha explicado que excluyendo la actividad de YPF y descontando el efecto de inventario, habría ganado 894 millones de euros, un 3 por ciento más que en los primeros seis meses de 2011.

Es decir, ni una mala racha del negocio ni problemas de suministros justifican la fuerte subida del precio de las gasolinas, sino el abuso al que se somete a unos consumidores cautivos por la avaricia de rentabilidad de unas empresas que actúan en régimen de oligopolio (pocos oferentes y muchos demandantes, por lo que acuerdan precios) y el afán recaudatorio del Gobierno, (más del 50 por ciento de impuestos gravan cada litro).

Petroleras y Gobierno forman un “cártel” que esquilma a los ciudadanos cada vez que acuden a una gasolinera, sin importarles que usted use su vehículo por necesidad o placer. Un abuso en toda regla.

Domados para el rescate

Racionándonos liquidez y a base de latigazos de miedo, los “mercados” donde estamos enjaulados muestran su verdadera utilidad como instrumentos para amansar a los “salvajes” que son reacios a acatar el Sistema capitalista como única estructura económica dominante globalmente.  Es por ello que, con el pánico instalado en un rictus en el rostro, se acepta como inevitable el rescate total de España y se desecha cualquier otra alternativa que no pase por esa lógica ya establecida e inducida por el “adiestrador” que nos doma.

Un pensamiento único se apodera entonces de la razón, por lo que, narcotizados por una información dirigida y machaconamente administrada (esas primas de riesgo y unos bonos del Tesoro en techos inauditos), ni se estiman ni se buscan otras soluciones distintas que pudieran posibilitar no sólo poder escapar de las ataduras de una crisis que nos paraliza absolutamente, sino también recuperar la soberanía en las decisiones autónomas, en virtud de nuestras reales capacidades, sin estar supeditados a intereses ajenos.

Porque, en definitiva: ¿qué es un rescate? Son exigencias de acreedores para asegurarse el cobro de préstamos con los que financiar nuestra economía. Se deja a su arbitrio la catalogación de nuestra solvencia y los requisitos incluso para el gasto que debemos afrontar. Es decir, los prestamistas califican nuestra capacidad financiera y estipulan cómo debemos administrar nuestras finanzas. Es como si dejáramos al banco la capacidad de determinar no sólo el uso del dinero que nos presta, sino también de obligarte a organizar tus cuentas (obligándote a reducir gastos drásticamente) en función de sus intereses, siguiendo unilaterales parámetros que no se pueden cuestionar, ajenos a tu propia solvencia real. Se les otorga, así, capacidad para manipular la situación de los clientes con tal de asegurarse el cumplimiento de sus exigencias. De esta forma -a nivel estatal-, pueden llevar a un país, que mantiene unas ratio razonables en sus cuentas nacionales, a situaciones que hagan peligrar su capacidad de endeudamiento gracias a unas presiones de los “mercados”, que elevan los intereses a pagar por dicha deuda. En una palabra, pueden convertir en insolvente a cualquier solvente, con ayuda de algún “beneficiado” oculto entre esta maraña de relaciones cruzadas en que se desenvuelve la economía mundial (¿Quién gana con una España arruinada?).

Lo más sorprendente de todo ello es que los agentes que califican la solvencia del país son los mismos que fallaron estrepitosamente –e incluso participaron activamente en el fraude- en la génesis de una crisis que empezó hace cinco años con la caída del banco Lehman Brothers y la quiebra de varios fondos que invirtieron en las famosas hipotecas subprime. Esos mismos actores son los que ahora administran nuestras finanzas, conduciéndonos por la senda del rescate, previa meticulosa mentalización de la población. El ministro de Economía español, Luis de Guindos, era el delegado para España y Portugal de Lehman Brothers, y Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, fue director ejecutivo del Banco Mundial y delegado para Europa de Goldman Sachs, agencia de inversión que participó en el derrumbe de Lehman Brothers y fue cómplice en la ocultación de la deuda griega.

Ningún proyecto político, como es la creación de una zona europea de moneda única, puede depender del empobrecimiento de los ciudadanos y de la sustracción de sus derechos sociales más elementales, cuales son los la educación, la salud y la confianza en un futuro mejor, no peor. Y mucho menos por un proyecto mal elaborado y peor realizado para disponer de una moneda común sin contar con los mecanismos e instituciones que la salvaguarden y defiendan de los vaivenes de la especulación financiera.

La lógica del mercado no es la única lógica posible. También existe una lógica de la finalidad social y redistributiva de la riqueza, a la que ha de adecuarse la economía mediante las regulaciones y normas que el Estado determine, sin que ello restringa los derechos jurídicos y legales que protejan tanto al capital como a la colectividad. En este sentido, sería lógico hacer tributar más caro a los pudientes, perseguir con más empeño a los defraudadores, obligar a las entidades financieras a que ofrezcan sus bolsas de pisos a través de la red de viviendas de protección oficial, instaurar la tasa Tobin, restaurar una legalidad más protectora del trabajador que evite el despido indiscriminado, control estricto de Hacienda a las grandes empresas sobre sus obligaciones fiscales, reinversión de parte de los beneficios y seguridad laboral, transparencia y austeridad en la gestión pública, limitación del sueldos a los grandes ejecutivos de empresas públicas y representantes políticos, consulta a los ciudadanos de las medidas económicas que les afecten, etc.

Nada de ello se ofrece como alternativa a la actual incertidumbre económica que asfixia al país y que aterroriza a los ciudadanos con la pérdida del poder adquisitivo y los derechos sociales que disfrutaban hasta que estalló esta crisis. Se ocultan otros modos de combatir la parálisis de la actividad económica a que nos han conducido todas y cada una de las medidas que se han adoptado desde el Gobierno para enfrentarse a la crisis, cumpliendo con las exigencias de los “mercados”. Se blinda el rescate del capital en detrimento de los servicios esenciales a los ciudadanos, y se disimula la identidad de unos actores que son cómplices en la generación de una crisis que ellos mismos administran en claro perjuicio de la mayoría de la población. Nos lavan el cerebro con la “lógica” mercantil que garantiza su supervivencia y su rentabilidad con un comportamiento propio de jugador de casino que apuesta con nuestros ahorros. Y dejamos que ello suceda sin manifestar nuestra disconformidad y rechazo, aceptando sumisos que no hay ninguna otra salida más que el rescate de España y el empobrecimiento de los españoles. Unos pocos se estarán frotando las manos porque nos han hecho pensar con la lógica que les conviene. Aguardan pingües beneficios.

Paren que me bajo

Los últimos días han visto cómo se apeaban de la vida algunos de los seres que dieron cierto sentido –lúdico, cultural- a muchas facetas de nuestra existencia, dejándonos cada vez más huérfanos. Esther Tusquets ha fallecido a los 75 años, pero nos lega, en su larga trayectoria como editora y escritora, obras tan sinceras como “Habíamos ganado una guerra” y “Confesiones de una editora poco mentirosa”. También José Luis Uribarri ha cerrado el micrófono definitivamente, después de convertirse en famoso presentador de televisión y especializarse en retransmitir el Festival de Eurovisión, desde el que desgranaba sarcásticos comentarios que nos hacían sonreír y vaticinar predicciones sobre las votaciones del concurso. Y Paco Morán, actor cordobés de amplio recorrido artístico en cine, teatro y televisión, cuyo rostro era una de esas caras familiares de la época que avalaba la calidad de cualquier obra. Demasiados son los que se bajan en esta parada.

Actualización 17:50 h.
Esta mañana ha fallecido en Asturias Gregorio Peces-Barba, uno de los "padres" de la Constitución y expresidente del Congreso de los Diputados durante la primera legisltura de Felipe González. Su nombre era una firma que yo seguía en la lejana revista de "Cuadernos para el Diálogo" y en los artículos que publicaba últimamente en el diario "El País". Jurista, profesor y exrector de la Universidad Carlos III, de Madrid, se cansó de batallar por la democracia y los derechos humanos al alcanzar los 74 años de edad.

Una semana de vértigo

No hay más que alejarse de la cotidianidad para percatarse de la velocidad con que se desenvuelve. La realidad es una frenética sucesión de acontecimientos que, sólo alejándose de ellos, es posible vislumbrar el dinamismo vertiginoso que les caracteriza. Es lo que me ha pasado en esta semana.

Me retiré del “mundanal ruido” con la paga de navidad eliminada de mi salario, aunque luego el ministro “bandolero” dijo que ello no suponía una reducción de sueldo, sino un simple “retraimiento” de una parte de mis haberes. Desde fuera del fragor dialéctico, se veía claramente lo que había hecho Montoro: ni elimina ni retrae la paga de navidad: me la “sustrae” descaradamente, como haría José María el Tempranillo: para ayudar a los pobres… ¡bancos!.

Unos bancos a los que se les va cayendo el antifaz tras el que ocultaban su avaricia e inmoralidad. El mayor banco de Europa, el británico HSBC, es acusado en un informe del Senado de EE UU de lavar dinero del narcotráfico o financiar el terrorismo, ignorando y saltándose las normas y regulaciones fijadas para detener el flujo de dinero ilegal. Por si había alguna duda de cómo actúan estos operadores del capitalismo, aquí en España, un juzgado de Valencia condena a BNP Paribas a pagar 44.504 euros a un cliente al que había engañado con la venta de participaciones preferentes sin informar de las características del producto. El refugio de pequeños ahorradores era, en realidad, una cueva de ladrones.

Ese es el famoso mercado que anhelan los grandes empresarios y la patronal, a los que escucha el Gobierno: sin normas ni regulaciones. A un exrepresentante de ellos, Díaz Ferrán, que fue presidente de la CEOE (sindicato de la Patronal, de cuyos “liberados” sindicales nada dice ninguna “reforma” de Rajoy ni manda ¡A trabajar! aquella “personalidad” de escabroso apellido y dedito en peineta), lo acusa la policía de evadir dinero para eludir el bloqueo de sus fondos en España con que afrontar los juicios que tiene pendiente con la Justicia por la quiebra de sus negocios. Este “ladronzuelo” –comparado con Bankia- es claro ejemplo del modelo que lleva a la corrupción y al fracaso de cualquier actividad económica en el país, y no el supuesto “vivir por encima de sus posibilidades”  que se achaca a unos trabajadores que piden préstamos al mercado financiero con la solvencia de sus trabajos. Aquí lo que ha habido es el timo del rico para hacerse más rico, con la anuencia de los Gobiernos y la complicidad de los políticos. Simplemente.

Y luego se quejan de que los simples mortales critiquen sus exorbitados emolumentos. Brufau, presidente de Repsol, lamenta que el Gobierno intente limitar los astronómicos sueldos de los altos ejecutivos porque -eso dice el prenda- contribuyen a llenar las arcas públicas al tributar al 56 por ciento en la Declaración de Renta. Pero no presenta ninguna copia de su declaración para demostrar tal afirmación… ¿Cree usted, amigo lector, que declara todos sus ingresos y por todos ellos cotiza a Hacienda? Es la actitud que Paul Krugman denomina “el patetismo del plutócrata”: esa deferencia que los muy ricos esperan del resto de los bellacos y les hace percibir cualquier crítica como un “ataque al éxito” que ellos encarnan. ¡Pobrecitos!

La política también ha dejado su reguero de baba. El Parlamento de Andalucía se “planta” y lidera una contestación a lo que considera un ataque al modelo autonómico consagrado en la Constitución y al Estado de Bienestar, aunque inmediatamente precisa que lo hará desde la legalidad y el respeto institucional. Es decir, cumpliendo con las leyes que vengan de Madrid, que obligan a aplicar las tijeras en los Presupuestos andaluces y a reducir el tamaño de la Administración regional, eliminando prestaciones y servicios públicos. ¿Eso es plantarse?

Más política: tras innumerables cónclaves, por fin hubo elección de nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la persona del juez Gonzalo Moliner, propuesto por el vocal más “apestado”, José Manuel Gómez Benitez, cuya denuncia ante el Fiscal General determinó que Carlos Dívar, el de los viajes de lujo y placer a Marbella, tuviera que dimitir. Parece justicia pero es política, porque se debatía entre distintas “sensibilidades” (políticas) a la hora de la elección, donde ha triunfado el voto de todos contra todos, hasta que uno se ha quedado sin silla.

Y como estamos en verano, vuelven los incendios en un país de pirómanos. En Gerona hay uno que está arrasando más de 10.000 hectáreas de bosque y segando vidas. Hasta el Escuadrón Militar de Emergencia (EME), iniciativa del expresidentes Zapatero que nadie se digna reconocer, da abasto para sofocar unas llamas que carbonizan cuanto encuentran a su paso: naturaleza, bienes y personas. Tenemos un serio problema con el fuego en España que, hasta que no convierta en desierto todos nuestros recursos, no atenderemos como es debido: con multas, cárcel, prohibiciones de “rentabilidad” del suelo y maderas quemados y una cultura de respeto a nuestro entorno medioambiental.

Lo mismo sucede con el aborto: otro problema que se teje y desteje. El ministro aparentemente más “progresista” de la derecha, Alberto Ruiz Gallardón, acaba de proponer que las malformaciones del feto no sirvan como supuesto contemplado de aborto. Ya sólo falta por suprimir también el riesgo de la vida o la salud de la mujer para que no exista resquicio alguno para el aborto en España. Para el ministro aparentemente más “progresista” de la derecha gobernante, incluso la antigua legalidad del aborto basado en supuestos a la que había retrocedido, al derogar la ley de plazos, era “éticamente inconcebible” y se ha propuesto ajustarla a la legalidad de su “ética”. Y en esa está, con la que está cayendo. La mujer no es una adulta capacitada para discernir sobre lo que la religión del ministro tiene bien claro. Por eso impone su “ética”.

Es lo malo de las crisis: sirven para “reformar” lo que se antoje. Y todo en sólo una semana.

Un receso

Por derecho y por necesidad, este bloguero se tomará una semana de vacaciones antes de que sean declaradas “insostenibles” y demostración del “vivir por encima de las posibilidades” que tanto gusta a los trabajadores holgazanes. Será sólo una semana para procurar cambiar de paisaje y algunas rutinas, sin desconectar del todo con lo que nos persigue allá donde vamos, como es seguir la actualidad por la prensa y disfrutar de un buen libro. Ningún portátil, ipod ni blueberrys estarán a mi alcance durante este tiempo, entre otros motivos por mi declarada incapacidad para las nuevas tecnologías, no a su repudio. El domingo próximo retornaremos a Lienzo de Babel con la esperanza de que alguien siga interesado en las reflexiones y temas que aborda. También ustedes merecen un descanso.

Soy un puto funcionario

Cuando he de indicar cómo me gano la vida, pronuncio la palabra funcionario con la misma aversión que una prostituta declararía la suya. Son términos cargados de una fuerte connotación peyorativa que sirven para higiénicas campañas de aparente decencia moral con las que el Poder disimula sus debilidades y flaquezas. Sin embargo, la existencia de ambas “profesiones” se debe a la necesidad de los demás, de quienes exigen sus servicios. Las putas sobreviven porque hay clientes que pagan por saciar sus bajos instintos, y no al revés. Y los funcionarios existen para garantizar el funcionamiento de los mecanismos del Estado y la prestación de servicios públicos.

Ningún funcionario es responsable del volumen y dimensión de la administración en la que trabaja. Ni siquiera de su eficacia, que depende de una normativa que regula el desempeño de su función y de una burocracia que establece los procedimientos. Nada de ello es caprichoso pues está orientado hacia la objetividad y la equidad de la actividad pública. No es perfecto, pero es el sistema que menos se presta a la subjetividad y la discriminación. Los puestos de trabajo son de pública concurrencia y se accede a ellos conforme al mérito y la capacidad de los concursantes. Se consigue así la mayor independencia y autonomía posible del poder político y el gobierno de turno.

Pero no evita ser objeto de campañas de desprestigio para distraer a la población y causar la división entre los trabajadores. El gobierno que ahora pretende contrarrestar su incapacidad para afrontar la crisis presentando a los funcionarios como unos privilegiados frente a los parados, era el mismo (ideológicamente) que creó la burbuja inmobiliaria de la que muchos de esos parados se beneficiaron durante años sin que nadie, tampoco el gobierno, procurara equiparar sus salarios al de aquellos. Los funcionarios nunca lo exigieron entonces, como tampoco toleran que hoy se les recorte el sueldo y derechos de forma injusta y torticeramente. Ni ellos son los culpables de esta crisis ni representan una carga “insostenible” que la agudice.

Pero como con las rameras, el cliente no va a asumir su responsabilidad, no va a reconocer un comportamiento inmoral, y echa la culpa a ellas. Así, los funcionarios son culpables de un endeudamiento que al perecer el país no puede saldar y quienes se entramparon difieren la culpa hacia los trabajadores públicos, entre otros. Y para que nadie se solidarice con ellos, se les cuestiona y desprestigia, retratándolos como holgazanes privilegiados.

No queda más remedio, en estos tiempos, que reconocer que soy un puto funcionario que ha de empobrecerse y confiar en que no acabe siendo despedido por desempeñar su trabajo.

Los `sablazos´ de Rajoy

Desde que accedió al Poder, hace siete meses, con la promesa de hacer lo que Dios manda y convencido de que con su mera presencia en el Gobierno se arreglarían los problemas, Mariano Rajoy ha ido dando verdaderos “sablazos”, cada vez más brutales, a los ciudadanos, a quienes ha vaciado los bolsillos tras atemorizarlos previamente con males mayores por la gravedad de la “herencia” recibida. En un resumen nada exhaustivo, estos son algunos de los “atracos” que Rajoy ha cometido con sus medidas a los que le votaron como a los que no, y cuya simple enumeración evidencia una intencionalidad que excede a la lucha contra la crisis económica.

Primer sablazo (diciembre 2011):

-Reforma laboral (abaratamiento del despido).
-Subida del IRPF.
-Subida del IBI
-Supresión de las bonificaciones al gasóleo profesional.
-Eliminación de las ayudas al alquiler (renta básica de emancipación).
-Se suspende la incorporación de nuevas categorías de beneficiarios de la Ley de Dependencia.
-Congelación del salario de los funcionarios
-Congelación del salario mínimo interprofesional.
-Aumento de la jornada laboral en la función pública.
-Limita al 10% las vacantes a cubrir en las administraciones públicas.
-Eliminación del canon digital.
-Aplaza los Presupuestos de 2012 hasta después de las elecciones andaluzas, para favorecer a Javier Arenas y no desvelar nuevos recortes.
-Primera ley de reforma financiera (tercera, en realidad, del sector).

Segundo sablazo (abril 2012):

-Subida de la luz y el gas.
-Recortes adicionales en Sanidad y Educación por 10.000 millones de euros.
-Copago farmacéutico.
-Supresión de atención médica a inmigrantes, salvo urgencias.
-Aumento del número de alumnos por aula en colegios e institutos.
-Encarecimiento de las matrículas universitarias.
-Endurecimiento en la concesión de becas universitarias.
-Supresión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
-Encarecimiento de las tasas judiciales.
-Reforma de la ley de aborto (retroceso a la ley de supuestos).
-Segunda reforma financiera: amnistía fiscal a los evasores.
-Ley de flexibilización para la privatización de las televisiones autonómicas y control de RTVE.
-Se condena a la desaparición la minería del carbón.

Tercer sablazo (julio 2012):

-Subida del IVA.
-Quita la paga de Navidad a los funcionarios.
-Suprime los días de libre disposición de los funcionarios.
-Reduce las prestaciones a los parados a partir del sexto mes.
-Reduce el número de liberados sindicales en las empresas.
-Suprime la deducción por compra de vivienda.
-Subida de impuestos al tabaco y tasas por contaminación.
-Suprime las bonificaciones por contratación.
-Vuelve a reducir las partidas presupuestarias de los ministerios.
-Reduce las ayudas a los cuidadores de la Ley de Dependencia.
-Recorta el número de concejales en los municipios.
-Tercera reforma financiera: las condiciones de Bruselas para el rescate de España.

Si esto era saber lo que había qué hacer, mezclando el aborto con los recortes económicos y la Educación para la Ciudadanía con las ayudas a Bankia, que venga Dios y lo vea. ¿Adivina usted la intención?

Nunca imaginé que fuera posible

Siempre supuse que aquí no pasaría, que España se libraría de la humillación por la que se ha hecho pasar a Irlanda, Grecia y Portugal, cuyas economías fueron intervenidas sin contemplaciones por la troika (FMI, BCE y Alemania) que controla la buena salud del  capitalismo en Europa. Estaba convencido de que los desbarajustes de nuestro sistema financiero se corregirían con la exigencia de responsabilidades al sector bancario, auténticos culpables de todas las burbujas especulativas que nos han llevado a la situación actual. Y que, como mucho, se “ajustarían” algunos “gastos” que el liberalismo repudia de las políticas socialdemócratas, como son determinados servicios sociales que trasladaría a la iniciativa privada.

Jamás sospeché que hacer “sostenible” el Estado de Bienestar fuera en realidad un derribo en toda regla, su desmantelamiento absoluto bajo la excusa de una crisis con la que se está barriendo en el continente cualquier vestigio de todo lo que no sea una economía basada en el libre mercado, sin regulaciones ni intervencionismo estatal. No creí que Europa fuera un conjunto de países con gobiernos de tecnócratas impuestos o teledirigidos para ceder soberanía a una Bruselas dominada por los neoliberales. Ni que sus “recomendaciones” fueran de obligado cumplimiento, como el mismo Rajoy ha tenido que reconocer cuando, renunciando a cualquier promesa, ha propinado el mayor hachazo de la historia al poder adquisitivo de los trabajadores y les ha sustraído unos derechos sociales y laborales conquistados por años de lucha.

Y todo por culpa de unos pocos, los especuladores de las finanzas. Así, para solucionar el agujero bancario, el Gobierno del Partido Popular contrae un acuerdo con la Unión Europea para ajustar bruscamente el déficit nacional gracias a un “préstamo” de 100.000 millones de euros. Y lo garantiza no con obligaciones y compromisos de la banca, sino con aval público, transfiriendo recursos de los ciudadanos a las finanzas; es decir, empobreciendo y esquilmando, en plena recesión, a los trabajadores y clases medias. Ante la exigencia de mayor “solvencia”, emprende recortes por más de 65.000 millones de euros en dos años del dinero destinado al funcionamiento del caquéctico Estado de Bienestar que aún teníamos. Cumpliendo todas las condiciones del rescate de Bruselas, Rajoy acomete lo que jamás yo imaginé que pudiera hacer, sabiendo incluso que era un representante de la derecha española: entregar el país a los depredadores europeos para que arrasen con los escasos beneficios de la clase trabajadora: su trabajo, su salario y sus sistemas de protección social.

De todos los recortes que Rajoy ha anunciado en sede parlamentaria, ninguno afectará a la élite privilegiada de los más pudientes, a quienes, por el contrario, se les concede una amnistía fiscal, sin penalización alguna, para que retornen los capitales evadidos; ningún impuesto a las grandes fortunas; ninguna exigencia a los bancos para que devuelvan las ayudas concedidas para su saneamiento y capitalización; ninguna solicitud de colaboración a las grandes empresas para que contribuyan creando empleo como forma de repartir con la sociedad parte de sus ganancias; ninguna supresión de exenciones a una Iglesia acostumbrada a los privilegios; ninguna referencia a la austeridad de la Casa Real y a un comportamiento menos bochornoso; ninguna mención de ahorro a los militares; ninguna autocrítica a la clase política para que sea solidaria con el pueblo al que desvalija, salvo algunas medidas anecdóticas para quienes disponen de altos y múltiples emolumentos; nada al capital ni a los poderosos. Como en las viejas sociedades estamentales, son intocables los de noble cuna.

Todos los sacrificios, en cambio, se dirigen hacia los trabajadores: para ellos es la subida del IVA, la eliminación de la paga de Navidad de los funcionarios y empleados públicos, recortes drásticos en la Ley de Dependencia y en las ayudas a los cuidadores, de quienes se desconfía abiertamente hasta amenazar con espiarlos, según Ana Mato, la peor ministra de Sanidad; supresión de la deducción por la compra de nueva vivienda, cuando se acababa de reinstaurar: reducción de las percepciones del paro y de las bonificaciones a la contratación, subida de impuestos al tabaco y en las cargas medioambientales, nuevo recorte al presupuesto ministerial, ajuste del número de liberados sindicales, supresión de los días de libre disposición en la función pública, etc.

Jamás creí que llegríamos a estos extremos. No creí posible que España fuera intervenida, y menos de esta forma: con engaños, mentiras y amenazas; primero, negando decisiones que después se tomarían sin dudar, y luego, mintiendo sobre las causas que excusan el empobrecimiento de la población. Es descorazonador haber errado tanto en las posibilidades del país para acabar siendo tratados como holgazanes. Pero lo más doloroso ha sido ver el jolgorio y los aplausos con que la bancada popular recibía cada una de estas duras medidas de Rajoy. Se alegraban de lo que va a producir más sufrimiento a los desfavorecidos, del despojo de sus exiguos derechos. La consideración por parte de la derecha política que sustenta al Gobierno sobre derechos laborales quedaba resumida en el grito que emitió un ilustre parlamentario del Partido Popular cuando desde la tribuna se desgranó la reducción de los liberados sindicales: “¡A trabajar”!, profirió quien considera que los representantes de los trabajadores en las empresas es un “lujo” innecesario e insostenible. ¡Ahora me explico por qué Rajoy hace lo que hace!

El carbón lo tiene negro

Hoy concluyen en Madrid las diversas marchas de mineros que, desde Asturias, Aragón, León y Andalucía, se han convocado para expresar así su protesta por el recorte de cerca de un 64 por ciento en las ayudas a la minería del carbón. El ministro de Industria, José Manuel Soria, ya ha advertido que es obligado cumplir con la reducción de  subvenciones al sector impuesta por la Unión Europea, sobre todo este año en que hay que ajustar el déficit a lo acordado con Bruselas. Este recorte del 64 por ciento en las partidas destinadas, en los Presupuestos Generales del Estado, a la producción de carbón, es lo que ha encendido la mecha de las protestas, encierros, manifestaciones, enfrentamientos, altercados, paro indefinido y las marchas de unos trabajadores que ven que el Gobierno, con esta medida, los condena al paro y al cierre de las cuencas mineras. Según el secretario de Industrias Extractivas del sindicato Comisiones Obreras, Juan Carlos Álvarez Liébana, ello conlleva “la condena del sector y el cierre de la actividad”.

La industria minera del carbón genera en España 10.000 empleos directos y 30.000 indirectos, y su producción se destina casi exclusivamente a la generación de electricidad en centrales térmicas. No es un problema nuevo, sino que siempre ha sido una actividad que ha necesitado aranceles para ser rentable y competitiva. Su consideración como servicio público por el problema social que afectaría a regiones sin otra alternativa productiva, ha motivado que los distintos Gobiernos hayan extendido las ayudas al sector hasta el último plazo en 2018 autorizado por Europa, cuya Directiva que regula el funcionamiento del mercado de la electricidad permitía a los Estados miembros instaurar este tipo de obligaciones de servicio público por razones de seguridad en el abastecimiento.

Ese compromiso de reducción progresiva de las subvenciones al carbón, por motivos medioambientales dada la contaminación por gases de efecto invernadero que genera, es lo que ahora ha incumplido el Gobierno del Partido Popular, acortando los plazos y aplicando recortes de mayor cuantía a causa de la crisis económica y la necesidad de reducir el déficit en las cuentas nacionales.

A ello se añade que las vetas de carbón están prácticamente agotadas y el precio de producción es más caro que el de otros países. Además, la sobreexplotación de los recursos, la contaminación atmosférica, de aguas y suelos, y las alteraciones paisajísticas, todo en su conjunto determina que el futuro del carbón autóctono es más negro que el propio mineral.

Sin embargo, no sólo con recortes se aborda un problema del que son ajenos los trabajadores. Los mineros son víctimas de una mala política energética, de una deplorable gestión de las ayudas y subvenciones y de una carente capacidad gubernamental para generar alternativas de economía productiva en las regiones de las cuencas afectadas por la reconversión de la minería del carbón. Reconducir la situación es lo que exigen al Gobierno los mineros que llegan tras días de marcha a Madrid. Deploran el certificado de defunción que el ministro les quiere aplicar y, con su presencia en la capital y las caras tiznadas, pretenden presionar para que se les prometa un plan viable de reconversión y reubicación que garantice el trabajo. No quieren subvenciones, pero tampoco recortes: aspiran a tener trabajo. Y aunque el carbón sólo representa el 7 por ciento de la energía eléctrica, y ésta es mucho más barata quemando carbón importado del exterior, los mineros son españoles a los que el Gobierno no puede abandonar a su suerte sin preocuparse por buscar soluciones y alternativas. Es su obligación y así se lo demandan los ciudadanos, sean mineros o no.

¿Nos informan?

Me refiero a los medios de comunicación (prensa, radio, televisión e internet), a través de los cuales procuramos conocer lo que sucede en cualquier rincón del mundo, incluyendo nuestro pueblo. Esos medios, en cualquier soporte, nos transmiten información sobre hechos acaecidos en cada ámbito de su influencia, parcelada según temática (nacional, internacional, economía, sociedad, etc.) Responden al esquema básico del paradigma de la comunicación: E-M-R, un emisor, un mensaje y un receptor.

Sin embargo, nada es tan sencillo, y menos en comunicación. El principio de la comunicación se complica al existir una fuente de información, un codificador, un canal de transmisión, el ruido que distorsiona el mensaje y el contexto en que todo ello se produce y lo carga de sentido. Y estamos hablando sólo de la teoría, partiendo de Aristóteles (orador, discurso, audiencia) para citar los modelos de Jakopson y Shannon, de entre tantos existentes.

Todo en comunicación es mucho más complejo. Los medios, incluso sin ánimo de hacerlo, nos ofrecen una información sesgada y parcial. Elaboran la información para hacérnosla comprensible y asequible, procurando atender nuestras preferencias y sus intereses. Por ello, seleccionan las noticias, nos cuentan una porción minúscula de lo que ha ocurrido en cualquier entorno a los que prestan atención. Ahí se produce la primera manipulación, involuntaria o no, de la información: determinan qué es lo importante y lo que nos debe preocupar, creyendo que así responden a nuestras inquietudes o conforman nuestra atención.

Los lectores estamos atrapados (y muchas veces influenciados) por la interpretación de la realidad que nos brindan los medios de comunicación, especialmente si accedemos a una única vía de información. Ello es fácil de discernir al escuchar la opinión de los consumidores de El Mundo, ABC, El País o Intereconomía: la mayoría de sus consumidores coincide con el punto de vista del periódico o el medio del que son habituales. ¿Responde el medio al gusto de sus clientes o éstos se acomodan a la visión que les ofrece el medio? Aun conociendo que la relación entre medio y cliente no es recíproca, la respuesta no es clara ni determinante.

Cada medio de comunicación pertenece a una empresa mercantil que busca lograr beneficios económicos de su actividad. Es decir, tiene intereses legítimos que defender, que se insertan en un entramado de relaciones sociales, políticas y económicas, que condicionan, aunque sea indirectamente, su producto mediático. Refiriéndose a los informativos de las cadenas de televisión, Angeles Barceló opina: “Los informativos de la televisiones privadas no dan información, es otra cosa”. Y es otra cosa porque deben mantener una audiencia que los haga rentables, su razón de ser. En cambio, los medios públicos, que en principio no están condicionados por la rentabilidad aunque sí por la audiencia, podrían ofrecer una información más plural. Pero están sujetos al control político, como ha demostrado Rajoy, presidente del Gobierno, al cambiar el modelo de elección del presidente de Radiotelevisón Española (RTVE) para colocar a una persona de su confianza (política, se entiende).

Si no nos podemos fiar ni de lo que hablamos, ¿cómo confiar de los medios de comunicación? La única manera de hacerlo es abriendo el abanico de nuestras fuentes de información, procurando conocer las opiniones a favor y en contra de cualquier asunto de nuestro interés, leyendo las versiones que ofrecen unos y otros, para intentar completar el mosaico de interpretaciones en que cualquier hecho se descompone. Con ello es posible que no logremos alcanzar el conocimiento exacto de la realidad, pero al menos evitaremos que se nos inculque una sola versión unificadora y sin contrastar, incluso desde la precaución que nos aconseja Gervasio Sánchez: “Estamos saturados de mala información”. Ello también nos ayudará huir de ese fenómeno social que denuncia con franqueza Javier Marías: “El enorgullecimiento de la ignorancia”.

Y para responder al titular: los medios no informan, pero dan pistas para que lo hagamos. Depende de nosotros, también de usted, amigo lector.

La lapidación de la mujer

Aunque la noticia es la suspensión de la condena que pesaba sobre Intisar Sharif Abdallah, una mujer (incluso se sospecha que sea menor de edad) condenada a morir por lapidación en Sudán al haber sido encontrada culpable de zina o mantener relaciones sexuales ilícitas, según la ley islámica, el hecho que motiva este comentario es que la mujer sea, todavía, objeto de castigo mortal por asuntos morales o religiosos. Afortunadamente, en este caso, la víctima ha conseguido quedar libre tras el sobreseimiento del mismo por falta de pruebas. Y vuelve a producirse la circunstancia de que ha sido la propia familia la que ha reiterado la denuncia contra Abdallah, con paliza incluida impunemente por parte de un hermano, para lavar la afrenta al honor familiar.

Ya en otra ocasión, también mereció un post en este blog un suceso similar, acaecido en la persona de Sakineh Ashtiani, otra mujer sentenciada a muerte en Irán por idéntico “delito”: ser mujer en un país islámico que no soporta la igualdad de género ni la libertad en casi nada, mucho menos en cuestiones sexuales. Como estos, todavía son siete los países del mundo que contemplan la muerte por lapidación en el castigo de penas por conductas ilícitas o inmorales. Y la inmensa mayoría de tales condenas, por no decir su totalidad, recae sobre mujeres que, culturalmente en esas sociedades, son consideradas focos de pecado y seres a los que no se les reconoce  su equiparación con el hombre, por lo que se ven relegados a una condición subordinada, en derechos y libertades, al masculino, único intérprete de leyes, costumbres y normas civiles.

Causa estupor que, en un mundo globalizado que comparte tecnologías y negocios, aún permanezcan y se toleren estos arcaicos comportamientos más propios de sociedades feudales y machistas, que se valen de argumentos religiosos y morales para someter y degradar a la mujer, escamoteándoles el reconocimiento de derechos que posibiliten su liberalización y la plena asunción de su dignidad como persona. Para ellas, la Declaración de Derechos Humanos no es compatible con su pertenencia a regímenes islámicos que dictaminan hasta las prendas que han de vestir (velos, etc.) y el sometimiento de sus vidas a las leyes de la sharía, ley islámica tradicional. Por suerte para Intisar S. Abdallah, el progreso debido a Internet ha logrado que cerca de 80.000 personas pidiesen a las autoridades sudanesas la suspensión de una condena que habría de avergonzar a la Humanidad en su conjunto. Pero no en todos los casos se consigue detener la ejecución de condenas que nos retrotraen a épocas en que se consideraba a la mujer como ciudadano de segunda clase y carente de alma. No es algo definitivamente erradicado siquiera en sociedades presuntamente civilizadas, pues en Argentina acaban de condenar al dictador Jorge Rafael Videla a 50 años de cárcel por el robo sistemático de bebés durante la última dictadura militar (1973-1983), el cual se defendió arguyendo que  las madres eran “militantes activas en las maquinarias del terrorismo y muchas de ellas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de ser combatientes”.

Si en Occidente se pueden producir tales atrocidades, ¿qué nos puede sorprender del mundo islámico? Nos indigna que en ambos mundos la mujer sea considerada un objeto manipulable y provechoso para el control y sometimiento de la sociedad a causa de una imperante mentalidad machista que niega su dignidad como ser humano. Da asco.

No hago otra cosa

No puedo dormir. Tu imagen desaloja el sueño de una cabeza cuyos pensamientos continuamente te convocan. Mi mente se empeña en renunciar al olvido de lo que ya forma parte del pasado. La memoria te inmortaliza en el recuerdo para abstraerse con lo que quiso ser eterno cuando nada puede serlo. Se aferra a una ilusión que la voluntad no es capaz de hacer desvanecer. Y te busca en cada rincón de la existencia a pesar de que ya no estás. Pero no puedo hacer otra cosa porque sigues en mi -dijo antes de quedarse dormido.

El desprestigio como estrategia

“En España no hay patriotas. Desde que empezó la crisis, los de abajo han sufrido paro, saqueo salarial, restricciones sin cuento de servicios. Sin embargo, no se han aprobado medidas que obliguen a los de arriba, a los que se envuelven en la bandera rojigualda, a poner un solo euro sobre el tapete. Todo lo contrario: se han reducido sus aportaciones fiscales, se les ha abaratado el coste del despido y se les ha premiado con una amnistía fiscal que es un cruel sarcasmo para el contribuyente. (…) Viven en una burbuja protegidos por la cobardía de nuestros políticos.”

Leer más en: Concha Caballero, “El desprestigio como estrategia”, El País Andalucía, 7 de julio de 2012.

Los viernes en vacaciones

Los viernes, durante las vacaciones, dejan de ser la excepcionalidad que eran, la singularidad que hacía frontera entre la semana de trabajo y el apéndice de ocio y relax. En vacaciones, los viernes se convierten en un día igual a cualquier otro, que en nada se diferencia del anterior y posterior porque todos te ofrecen el mismo proyecto vital de apurar las horas sin ninguna programación obligatoria ni previa. No existe una separación entre actividades distintas, entre las que deseas y las que asumes por obligación. Si acaso,  los viernes en verano marcan el inevitable fin del período de ociosidad, el próximo final del aburrimiento divertido y festivo que te permite no hacer nada por estar de vacaciones, salvo la cotidianeidad de la expectación, el aguardar a los acontecimientos imprevistos que alteran la rutina del descanso, tan necesario. Por eso, hoy, no sabía ni que era viernes hasta que abrí el periódico. Un viernes sin encanto porque algo malo debían de tener las vacaciones: la uniformidad de sus días.

Por encima de nuestras posibilidades

Cuantas más reformas se emprenden, más se recorta el gasto, más empleo se destruye y la actividad económica permanece en estado catatónico, los ciudadanos siguen viviendo por encima de sus posibilidades, lo que, a juicio de los que adoptan todas estas decisiones empobrecedoras, fue la causa de la interminable y profunda crisis que padecemos. Cuanto más se limita la capacidad de consumo de la gente, ésta se sigue endeudando, menos que antes pero se endeuda, seguramente porque no renuncia a seguir viviendo y confía en que algún día esas “vacas gordas” que otros nunca dejan de acariciar también se acuerden de los maltratados por los gestores de la política económica, es decir, la única política en realidad.

Resulta que, por primera vez en los últimos doce años -desde al menos el año 2000-, el consumo superó a las rentas, lo que significa que se gasta más de lo que se gana y, por tanto, no sólo no se ahorra (¿quién puede ahorrar en estos tiempos?), sino que se echa mano de los créditos o de los ahorrillos escondidos bajo el colchón. Una conducta comprensible por cuanto las familias podrán viajar menos, pero tienen que sobrevivir a las penurias de la actualidad gracias al endeudamiento que todavía les es posible. No es de extrañar, en esta situación, que los que tenían posibilidad de ahorro, ahorren menos, pero los que tiraban para adelante con deudas, sigan endeudándose aún más, a pesar de lo cual el poder de compra de los ciudadanos, en su conjunto, ha descendido un 1,3 por ciento en un año.

Vivir por encima de las posibilidades es la única manera de vivir para una mayoría de la población que, con sueldos escasos o nulos, han de afrontar la adquisición de cualquier bien de consumo. Desde una hipoteca hasta la letra de un televisor son deudas que se financian con ahorros o créditos que brinda el mercado financiero. Pero culpabilizar al endeudado de los abusos cometidos por el prestamista, quien no sólo ofertó créditos con excesiva generosidad y benevolencia (incluso a insolventes), sino que además engañó a clientes (hipotecas subprime, tasaciones por encima de su valor e inversiones en preferentes) y a sus cuates y autoridades (véase el escándalo de Barclays y Banco de Inglaterra en Reino Unido por la manipulación de datos en el crédito interbancario), es hacer recaer la responsabilidad de una crisis en los damnificados por ella, en una maniobra perfectamente diseñada para proteger a los verdaderos culpables (agentes, agencias y gobiernos) de un capitalismo desenfrenado por falta de regulación, justo lo que sigue exigiendo –más desregulación-, en nombre de esos todopoderosos mercados, los políticos adscritos al liberalismo económico más inhumano.

En este contexto, produce grima escuchar al ministro Guindos anunciar “esfuerzos adicionales”, y al presidente Rajoy decir que apretará el acelerador de unas “reformas” que –léanse bien: recortes, bajadas de sueldos y más impuestos- no son para socorrer a los ciudadanos, sino por ayudar a esa banca para la que se ha solicitado el millonario rescate a Bruselas. Y para justificar esta dura política de “austeridad”, se sigue aduciendo el vivir por encima de las posibilidades de los españoles, a quienes se les recortan rentas y se le eliminan derechos conquistados con sangre, sudor y lágrimas, aunque, por lo que desvelan las estadísticas, de manera inútil: seguimos viviendo por encima de nuestras posibilidades. ¿Qué querrán, que nos dejemos morir de inanición?

El circo de La Roja

Justo cuando peor estamos, cuando nos engulle sin misericordia una crisis que nos conduce cuarenta años atrás, a los tiempos sin derechos pero cargados de obligaciones serviles, donde el cacique era el señorito feudal de haciendas y vidas gracias al cual se podían ambicionar unas migajas de trabajo en régimen de explotación, y la autoridad era indiscutida, temida y arbitraria, laxa para los ricos pero sumamente estricta para un pueblo sumido en la miseria material y moral, surge entonces el futbol liberalizador de tensiones contenidas, de válvula de escape para las presiones insoportables de una sociedad que no halla satisfacciones más que en los colores de unos equipos que encauzan su descontento, sus ansias de expresión y su afán por disfrutar de la libertad.

El Poder sabe que debe dejar alguna espita que libere la presión con que gobierna,  exprime voluntades y llena las arcas en beneficio de los detentadores de su autoridad. La iglesia era, en otros momentos históricos, ese “opio” que adormecía las conciencias, confortándolas con un paraíso de justicia ubicado más allá de la muerte y actuando con una complicidad criminal que aconsejaba el sometimiento paciente y sufriente como pasaporte a la gloria celestial.

Luego fue el deporte, con el advenimiento de una democracia que tiñó de banderas las regiones y las saturó de instituciones burocráticas y de cargos políticos que multiplican el coste de una Administración ruinosa, el deporte como fiesta para el desahogo y el patrioterismo más simplón y ramplante de cuantas emociones se pueden inducir para cegar inquietudes y desviar preocupaciones colectivas. Ninguna invasión militar extranjera poblaría de enseñas patrias los balcones de nuestras ciudades como las que hoy contemplamos con el triunfo de la selección española en la Eurocopa: una histeria alimentada por los medios de comunicación que, de forma monográfica y asfixiante, se dedicaron por todas las cadenas de televisión, públicas y privadas -salvo alguna excepción-, a retransmitir el ritual de una celebración multitudinaria en medio de las calles, sin que las fuerzas del orden público ni ninguna autoridad gubernamental lo reprimiera como suele cuando son jóvenes los que protestan por recortes en la educación.

Aborrezco estas expresiones jaleadas desde el Poder, ese que encarna un presidente de Gobierno parco en dar explicaciones sobre las medidas que impulsa para empobrecernos, pero que dispone de tiempo y ánimo para arrimarse a los vencedores de gestas tan inútiles para la prosperidad y el progreso de la gente como las del futbol y, en general, las del deporte. Aborrezco ese tratamiento que nos aborrega en una masa uniforme y vociferante, que se disfraza con presuntos colores patrios para clamar a unos héroes nada altruistas con los problemas que asolan al país. Un espectáculo de la extraordinaria capacidad sumisa de quienes, así, pueden desahogarse con tan poco, facilitando un imponente rendimiento mediático y sociológico que explotan los que salen en la foto. Véanlos y apláudanlos.

Empleadas y empresarios domésticos

Se agotó el plazo (30 de junio) para convertir el trabajo doméstico -generalmente oculto a la Hacienda pública- en actividad que cotiza al sistema general de la Seguridad Social, lo que obligaba a los contratantes de las empleadas domésticas, las antiguas limpiadoras de casas, a declararse empresarios de unas trabajadoras a tiempo reducido. Al parecer, la medida no ha surtido los efectos deseados por cuanto el número de altas en la Seguridad Social -151.000 modificaciones- no se corresponde con las estimaciones que cifraban en decenas de miles las mujeres que se dedican irregularmente a esta actividad. Y ahí, probablemente, radique el exiguo éxito de la medida.

Porque resulta que la iniciativa desprende un “aroma” exclusivamente recaudatorio, al obligar a las mujeres a tramitar y cotizar por cada domicilio que sirven, y simultáneamente convierte a los hogares en empresas que deben asimismo declarar y abonar la cuota empresarial de la empleada, independientemente del número de horas de sus servicios, encareciendo el mismo. Tanto para una parte como para la otra, el trámite resultaba complicado y lesivo a sus mutuos intereses.

Por parte de las empleadas del hogar, porque una gran mayoría desarrolla esta labor de forma subsidiaria a otras dedicaciones que, en caso de declararse, resultaban incompatibles. Son remuneraciones extras que se obtienen para completar un subsidio, una paga del paro o un sueldo escaso de otro trabajo que, en principio, les impediría legalmente compatibilizarlo. Un número elevado de ellas ha preferido seguir limpiando de forma opaca a Hacienda, a pesar de los beneficios que, según el Gobierno, reportaría normalizar la relación laboral que establecen con cada hogar.

Y por parte de los contratantes, porque resulta excesivo considerarse empresario por solicitar los servicios de una limpiadora dos o tres horas a la semana, con el papeleo y los certificados que ello conlleva, las estipulaciones del contrato y las cotizaciones que han de abonarse a Hacienda. En realidad, más que ocultar al fisco esta actividad, lo que ha impedido su plena implantación es la complejidad burocrática y recaudatoria de la medida, que va en contra de los intereses de ambas partes.

Posiblemente, hubiera sido más consecuente con la realidad arbitrar opciones legales para que, a quien le conviniera, pudiera convertirse en trabajador autónomo que presta servicios de limpieza a domicilio, cuyas cargas (licencias, seguridad social, cotización por módulo, etc.) se repercutirían en precios por hora estipulados.

Tal tratamiento fiscal solventaría las reticencias de muchos hogares que simplemente solicitan un servicio de pocas semanales a una persona a la que no consideran una  empleada, sino una prestataria de los mismos. Ellas, a su vez, podrían así compatibilizar este trabajo con aquellos otros que pudieran realizar paralelamente.

En cualquier caso, es necesario que el empleo doméstico tenga idéntica protección que cualquier trabajo, reconociéndosele los mismos derechos que las leyes otorgan a cualquier trabajador, ya sea por cuenta propia o ajena (pagas extras, vacaciones, bajas por enfermedad, horarios, paro, etc.). Si esa era la finalidad de la iniciativa legal, su reforma para simplificarla es obligada para extender y completar su aplicación. Pero si la finalidad era meramente recaudatoria, me temo que el trabajo doméstico seguirá siendo “negro” a efectos fiscales y sus condiciones no mejorarán.

Cuestión de educación

Ahora que se inician las vacaciones, cuando el curso escolar concluye con los aprobados y suspensos correspondientes, parece buen momento para una reflexión serena sobre la educación. La coyuntura actual, con las profundas modificaciones que está introduciendo el Gobierno conservador en la enseñanza, a todos los niveles, propicia este debate, partiendo de una constatación previa: el futuro de nuestros hijos y, por ende, el del país no debe estar sometido a los vaivenes políticos respecto a la educación. La arquitectura troncal de la enseñanza tendría que ser ajena a la diatriba partidista, ya que de su estabilidad y solidez depende la preparación durante años de las nuevas generaciones.

Hay en ciernes otra “reforma” educativa que pretende ser una revolución que trastocará todo el sistema educativo, desde Primaria y Secundaria hasta Bachillerato y las Universidades. Se trata de la nueva Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que viene a sumarse a todas las emprendidas hasta la fecha en democracia (LOGSE, LOPEG, LOCE, LOE, etc.), sin solución de continuidad. Ninguna de ellas, por una razón u otra, ha fructificado como se esperaba, reduciendo el fracaso escolar y el abandono temprano. Pero todas han supuesto, con cada cambio legal, un freno en la dinámica funcional de los centros, los cuales han tenido que adaptarse a temarios, materias y pedagogías supuestamente innovadoras, cuando la intención siempre ha sido la misma: la “educación” como subproducto de la enseñanza, en el sentido de adoctrinar incluso sobre valores cívicos, en vez impartir saberes. Todas las reformas olvidan que la escuela está para enseñar, instruir, no para educar, aunque no pueda disociarse una cosa de otra.

Cada vez de manera más notoria, el sistema educativo adquiere perfiles instrumentales, como medio para el acceso al mercado del trabajo o la satisfacción de las necesidades de mano de obra de la actividad económica. Ya no se aspira a la educación para combatir las desigualdades debidas a la cuna o la riqueza, ni siquiera como instancia para la socialización. Hoy la escuela prepara los trabajadores que requiere el mercado, con una fragmentación del conocimiento adecuada a la formación específica que demanda cada sector laboral.

Creo que se traiciona con cada reforma el objetivo último de la enseñanza que es el ayudar a los alumnos a descubrir y desarrollar sus capacidades. Convendría, por tanto, dejar de manipular el sistema educativo cada vez que cambia el gobierno de la Nación y alejarse de la tentación de utilizar la escuela como centros productores de los “recursos humanos” de que se servirá el mundo del trabajo. Porque, como dice el profesor Julio Carabaña*: “Las escuelas, en fin, no son fábricas. Los alumnos no son objetos que se producen; ni siquiera son animales a los que se entrena; son personas que se forman, sirviéndose de, entre otros muchos medios, lo que van aprendiendo en la escuela.”

Es improbable que el Poder deje de servirse de la educación como mecanismo útil para el sometimiento de la población, pero deberíamos aspirar, al menos, que mantenga su capacidad de transmitir saberes que algunos podrían ayudar para la emancipación.

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Nota: Julio Carabaña: Las escuelas del futuro, revista Claves de Razón Práctica, nº 222, págs. 9 a 19. Madrid, Mayo/Junio 2012.