También, a pesar del comportamiento pacífico y cívico de la
mayoría de los manifestantes, se produjeron al final de la jornada destacados
incidentes en Madrid y Barcelona, principalmente, por cuenta de grupos aislados
que se enfrentaban a las Fuerzas de Orden Público y la Policía. Carreras ,
lanzamientos de objetos, barricadas, contenedores en llamas, rotura de
cristales, destrozo de mobiliario urbano y cargas de los antidisturbios
enturbiaron la expresión colectiva del derecho a disentir que se materializa en
forma de huelga. La plaza de Neptuno, de Madrid, volvió a registrar disturbios
entre los que pretendían rodear el cercano Congreso de los Diputados y las
fuerzas de seguridad que lo impedían. Y en Barcelona, las furgonetas de la Policía hacían ulular sus
sirenas por todo el centro de la ciudad persiguiendo a los que se concentraban
haciendo caso omiso de las órdenes de desalojo.
En definitiva, una huelga que no escamoteó las
particularidades que se derivan de su desarrollo (pacífico para la mayoría de
participantes), guerra de cifras (a la hora de valorar su seguimiento) e
incidentes (esporádicos por parte de provocadores minoritarios). Cabe en
cualquier caso destacar, aparte del éxito o fracaso que se le atribuya,
el hecho de la profunda disconformidad que muestra por segunda vez la
población española acerca de la acción de gobierno y de las iniciativas que
está implementando, de recortes y ajustes, para hacer frente a la crisis
económica. Pero más allá del relato de un paro de realización y consecuencias
previsibles, hay aspectos de la huelga que merece la pena subrayar porque
denotan una peligrosa tendencia hacia la violencia innecesaria y
desproporcionada en el uso de la fuerza por parte de los agentes de autoridad.
Ignoro si esta actuación extralimitada de policías y
antidisturbios obedece a órdenes emanadas de quien las dirige o es fruto del
“calor” de unos enfrentamientos que son tensos y cargados de agresividad
contenida. Sin embargo, los profesionales que integran estas unidades
policiales han de estar “vacunados” contra la reacción y el rechazo con que es
recibida su labor de ejercer el monopolio de la violencia, que la ley les
confía, con consideración, moderación y de forma proporcionada. Porque causa
vergüenza e indignación contemplar imágenes de cargas policiales contra
ciudadanos indefensos que son brutalmente golpeados y arrastrados sin
contemplaciones, no sólo en manifestaciones como las de la pasada huelga
general, sino incluso cuando han de desalojar a los propietarios de una
vivienda embargada por un banco. Una santa ira se apodera de cualquiera que sea
testigo del trato vejatorio e intimidatorio de una policía dominada por el
exceso de celo.
Se supone que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado son profesionales entrenados, con los nervios templados, para
hacer frente a las aglomeraciones y las revueltas, en las que, es verdad, no se
puede establecer un “diálogo de salón” para que los manifestantes desistan de
su actitud, pero tampoco arrasar a
golpes contra toda persona que encuentran a su paso, como de hecho acaeció en
Tarragona, durante la huelga general, cuando los Mossos d´Esquadra hirieron a
un menor con las porras, empujaron a sus padres cuando gritaban reclamando una
ambulancia y la emprendieron a golpes y empujones contra una chica que les
recriminaba su violenta represión. Más tristeza produce aún la forma
innecesaria y gratuita con la que hacen retroceder a inofensivos aunque
angustiados ciudadanos que se niegan a abandonar una vivienda de la que son
desahuciados. Un comportamiento desaprensivo e inadmisible que lleva a la
reflexión sobre el lado en que se sitúan las Fuerzas de Orden Público en este
país, a quién prestan seguridad y qué es lo que defienden.
Porque cuando la mayoría de los trabajadores decide mostrar
su desacuerdo mediante una huelga legítima frente a medidas económicas que les
perjudica, pero que benefician a la patronal y a los acaudalados, la policía se
presta a defender las empresas y a proteger el acceso de los grandes comercios,
que no pueden permitirse cerrar sus puertas en solidaridad con sus empleados,
aunque sí en caso de la festividad de un santo. Y si un prestatario no puede
hacer frente a una deuda hipotecaria, en muchas ocasiones bajo cláusulas
usureras, la comitiva policial se posiciona a cumplir la orden de expulsión con
una disposición que a veces se echa en falta cuando se trata de perseguir
delitos de mayor gravedad que afectan a la seguridad del conjunto de los
ciudadanos, y no a los intereses lucrativos de unas entidades financieras.
Esa imagen negativa que desprende la actuación policial es,
a mi juicio, lo más preocupante de la Huelga
General de ayer. Ya que, si la soberanía, de la que emanan
todos los poderes públicos, reside en el pueblo, las Fuerzas del Orden no
parecen responder a sus decisiones masivamente respaldadas, sino a los
intereses de los grandes patronos y las élites del capital. Cuando se golpea a
una humilde familia en nombre de un banco o ataca a un menor en una huelga, la
policía no está cumpliendo la ley, está abusando de su fuerza para defender a
minorías poderosas, pero ajenas al sentir del pueblo. Y ello es algo muy grave
y peligroso que este Gobierno deberá aclarar antes de que esta espiral de
acción-reacción-acción conduzca a esos callejones históricos de los que se sale
sólo mediante la fuerza… de la violencia generalizada.
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