Se inicia un nuevo ciclo político con todas las alarmas en
rojo. El Gobierno conservador, salido de las últimas elecciones con la promesa
de saber resolver los problemas que aquejan a nuestro país, lleva meses
presumiendo de haber adoptado más reformas que ningún otro y, sin embargo, los
resultados no acaban de acompañar semejante empeño reformista.
Antes al contrario, la prima de riesgo -ese índice que
revela nuestra solvencia- no abandona los 500 puntos porcentuales, manteniéndonos
en la peligrosa zona de los países que deben ser rescatados por no poder pagar
su deuda. De hecho, Mariano Rajoy ha tenido que solicitar un “préstamo” parcial
de rescate, de hasta 100.000 millones de euros, para tapar el “agujero” de las
entidades financieras, fuertemente endeudadas con las inversiones fallidas en
el “ladrillo”. El estallido de la famosa “burbuja” inmobiliaria, que permitió
construir en España más viviendas que en el conjunto de los países del entorno
europeo, atrapó a los bancos con hipotecas concedidas al tun-tun que resultan morosas. Ni siquiera devolviendo una casa
sobrevalorada, que tampoco se puede vender en aquellos precios desmesurados, los
bancos pueden sanear sus balances, siendo verdugos y víctimas, simultáneamente,
de un frenesí crediticio que lastra el pasivo de estas entidades hasta el extremo
de hacerlas inviables. Un buen ejemplo de ello es Bankia, el “holding” de Caja
Madrid dirigido por quien fuera el artífice de las políticas económicas neoliberales
de la era de Aznar, Rodrigo Rato, hasta que fue forzado a dimitir. Tras recibir
en mayo pasado 4.460 millones de euros en ayudas del Estado, el Gobierno
anuncia una nueva remesa de “rescate” por 4.500 millones adicionales que
tampoco serán suficientes para resolver definitivamente sus necesidades
financieras, pues, según estimaciones de su actual presidente, José Ignacio
Goirigolzarri, serían precisos más de 23.000 millones de euros.
La envergadura del problema financiero motivó al Gobierno de
Mariano Rajoy a emprender una enésima
reforma del sector, con la creación del “banco malo” –una sociedad gestora que
asumirá los activos dañados de la banca- y la dotación de enormes poderes al
FROB y al Banco de España para diseñar y asignar los mecanismos de actuación en
aquellas entidades que precisen de socorro público. Pero esta reforma incentiva,
además, una mayor concentración bancaria, al permitir que se puedan realizar
adquisiciones parciales del negocio de un grupo con problemas, lo que propiciará
un mercado controlado por sólo dos o tres entidades (Santander, BBVA y Caixabank)
que acabarán imponiendo sus criterios, sin competencia alguna.
Ese mercado financiero, mimado por el Gobierno, cierra ahora
también el crédito a las comunidades autónomas, sin valorar las distintas situaciones
en que se encuentra cada una de ellas. Obligadas a reducir fuertemente el
déficit (en mayor porcentaje incluso que el Gobierno central) y sin posibilidad
de recurrir al mercado secundario para la emisión de deuda pública –los bonos
patrióticos y demás instrumentos de financiación-, los gobiernos regionales se
ven forzados a acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), de cuyas
condiciones se recela por la pérdida de soberanía política y financiera que
puede suponer. Una rigidez presupuestaria que el propio Gobierno no se aplica
con igual severidad, Así, el déficit de la Administración central del Estado, hasta finales de julio, ha alcanzado los 48.571 millones de
euros, superior en más de un punto a la meta fijada del 4,5 por ciento en relación
con el producto interior bruto (PIB), un porcentaje ampliado por la Comisión Europea ,
flexibilidad que el Gobierno no traslada hacia las comunidades autónomas. El ministro del ramo, Cristóbal Montoro,
confía que “la reactivación de los ingresos en el segundo semestre del año”
permita reducir dicho déficit. La subida del IVA, que entró en vigor este mes
de septiembre, va encaminada a aumentar esos ingresos del Estado, aunque también
puede derivar, según algunos expertos, en una contracción aun mayor del consumo, lo
que repercutiría negativamente en los objetivos de recaudación previstos.
Si a ello añadimos el final de la contratación laboral del
período vacacional, que abocará a miles de trabajadores temporales al paro y a
solicitar las prestaciones por desempleo, es posible que el efecto en las arcas
públicas sea de mayor gasto y menos ingresos. Un paro que empujará al alza la
tasa del 25,1 por ciento que registra España, la mayor de la Unión Europea
Como tampoco puede costear la sanidad de miles de
inmigrantes “sin papeles” que, también desde septiembre, se quedarán sin
derecho a disponer de una tarjeta sanitaria que les garantice la atención
médica. En un auténtico “apartheid” sanitario, el Ministerio ha retirado la
tarjeta a más de 910.000 personas que, entre extranjeros e inmigrantes, podían
disfrutar de una sanidad universal y gratuita, financiada con los impuestos
–directos e indirectos- que todos pagamos. También se deja sin financiación
pública un total de 417 medicamentos que ahora habrán de ser abonados en su
integridad por los usuarios. A todos se les garantiza una atención de urgencia,
pero se discrimina en el tratamiento de afecciones que, si bien pueden no ser
mortales, si deterioran la salud cuando no son corregidas a tiempo o se
deja que se vuelvan crónicas. Se trata de otra reforma de la que no se
cuantifica el ahorro económico que conlleva, a pesar de la discriminación que
establece entre los usuarios de la sanidad.
Todas estas reformas, empero, no logran transmitir confianza
a quienes atesoran las grandes fortunas de la economía española. Según
estimaciones del Banco de España, los capitales “fugados” de nuestro país en
los últimos 12 meses son 219.817 millones de euros, un 22 por ciento del PIB,
entre la salida de depósitos de particulares y empresas. Nada mide más el
patriotismo y la confianza en nuestros políticos que esa huida hacia el
exterior del dinero de los ricos, acostumbrados a no fiarse de nada ni en las
promesas de nadie. Saben bien que, si las reformas a los que se somete a los
menos pudientes no dan resultado, ellos podrían ser el próximo objetivo de otras
nuevas.
Porque, a pesar de la tributación fiscal progresiva que en
teoría soportamos, existen bolsas millonarias opacas que escapan a Hacienda, no
de manera ilícita necesariamente, pero sí con la magnanimidad de unas leyes que las
protegen y las eximen de tributar según su cuantía. También hay sectores
privilegiados que no sufren de manera equitativa las “estrecheces” a que se
somete el resto de la población. Y, para muestra, un botón: todo el gasto
farmacéutico anual por habitante en España, antes de las reformas, era de 259
euros, mientras que el gasto militar anual es de 368 euros. Sin embargo, el
recorte en el Ministerio de Defensa este año ha sido del 9 por ciento, mientras
que el de Educación y Cultura es del 21%, Ayudas a la Investigación , del
25 %, y Ayuda al Desarrollo, del 65 %. Por lo que se ve, es insostenible la
sanidad de los españoles, pero perfectamente asumible el gasto militar. De igual
modo, el gasto de 400 euros de los parados de larga duración es insoportable, pero
dejar escapar más de 200.000 millones de euros libres del fisco (casi la misma cantidad
que se tendrá que pedir de rescate a Bruselas) nos lo podemos permitir.
Si este curso político confirma una nueva ronda de recortes, despido de
funcionarios, rebajas más drásticas en las pensiones, el mantenimiento de la
recesión económica, subida de impuestos, la solicitud de un rescate total de
España y la consiguiente miserización más lacerante de la población, a pesar de
todas las reformas que ha emprendido un Rajoy maniatado por las directrices
europeas, todo ello será algo que pronto empezaremos a descubrir tras las elecciones
gallegas. Tanto Galicia como el País Vasco y Cataluña (que posiblemente
adelantará sus elecciones a la primavera), depararán el grado de quebranto o
solidez de la apuesta reformista del Partido Popular, circunscrita a los sectores
más indefensos de la población: los trabajadores y las clases medias. Todas las
alarmas están encendidas y vaticinan un otoño caliente.
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