Comienza el período de mayor número de desplazamientos de
vehículos por carretera, debido a las vacaciones, y el precio de la gasolina
vuelve, como de costumbre, a experimentar una subida no justificada por ningún
problema de abastecimiento ni de escasez en los países suministradores de
petróleo. La única explicación para alzas instantáneas y descensos lentísimos
en los precios de los carburantes es que el Estado y las empresas del sector
aprovechan la fuerte demanda para hacer caja.
El fin de semana que enlaza julio con agosto, momento para el
retorno de muchos veraneantes y de partida para un número aun mayor de ellos, en
el que se prevén más de 40 millones de desplazamientos por carretera -según
previsiones de la Dirección General
Los automovilistas se ven obligados, en una situación de
grandes dificultades económicas, a hacer mayores desembolsos para llenar los
depósitos de sus vehículos, hasta un 10 por ciento más caro el litro de
gasolina con respecto a la misma semana del año anterior, y un 7,4 por ciento
de encarecimiento el gasoil, combustible consumido por el 80 por ciento del
parque automovilístico español.
Las patronales del sector y el Gobierno arguyen que los
precios de las gasolinas en España son inferiores a la media comunitaria, un
argumento que se reitera cuando no se encuentran excusas que justifiquen el aumento
de los precios. Se trata de una comparativa parcial porque sólo ofrece valores
absolutos y no relativos, que reflejen la incidencia real de los carburantes en
el poder adquisitivo de cada país.
En España, esta subida se produce en un contexto económico
que exige grandes sacrificios a la población, como es la subida de impuestos,
el recorte de salarios, el copago de las medicinas, parálisis de la actividad
económica y unas tasas de paro nunca vistas en el país. Según la Encuesta de Población
Activa (EPA), el número total de desempleados se halla en 5.693.100 personas, lo
que eleva la tasa de paro hasta el 24,63 por ciento, el nivel más alto de la
serie histórica, evidenciando una situación de deterioro y recesión de la
economía española.
Aun así, Repsol, la mayor empresa petrolera española, hace balance de su
negocio durante el primer semestre del año, en el que obtiene una cifra de
beneficios (inferiores a los del año pasado, pero beneficios al fin y al cabo)
de 1.036 millones de euros, un 22,9 por ciento menos que el mismo período del
año anterior. Pero lo curioso es que achaca estos “malos” resultados al
descenso de los precios del petróleo -lo que no es óbice para subir las
gasolinas- y a la enajenación de su filial YPF por parte del Gobierno de
Argentina. La compañía, incluso, ha explicado que excluyendo la actividad de
YPF y descontando el efecto de inventario, habría ganado 894 millones de euros,
un 3 por ciento más que en los primeros seis meses de 2011.
Es decir, ni una mala racha del
negocio ni problemas de suministros justifican la fuerte subida del precio de
las gasolinas, sino el abuso al que se somete a unos consumidores cautivos por
la avaricia de rentabilidad de unas empresas que actúan en régimen de
oligopolio (pocos oferentes y muchos demandantes, por lo que acuerdan precios) y
el afán recaudatorio del Gobierno, (más del 50 por ciento de impuestos gravan
cada litro).
Petroleras y Gobierno forman un “cártel” que esquilma
a los ciudadanos cada vez que acuden a una gasolinera, sin importarles que
usted use su vehículo por necesidad o placer. Un abuso en toda regla.
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