Distinto es que, en el ejercicio de su legitimidad para
decidir las medidas de austeridad que estime convenientes para la economía,
adopte decisiones que afectan a derechos y libertades consagrados en nuestra
sociedad. Como advertía Javier Pérez Royo, la unilateralidad en tales
decisiones puede derivar fácilmente en la imposición autoritaria. Existen
múltiples ejemplos de estar ya comportándose así el Gobierno, gracias a esa
mayoría absoluta que goza el Partido Popular en el Congreso de los Diputados,
que le posibilita legislar sin necesidad de buscar el consenso y los puntos de
acuerdo con las demás fuerzas políticas, guiándose sólo en función de sus
preceptos ideológicos y con claro menosprecio de la pluralidad y diversidad existentes
en la sociedad.
Porque ya no se trata de que se abuse del Decreto Ley para cuando
desea con urgencia no justificada modificar condiciones legales que no le son
favorables, sino de arrasar derechos fundamentales que limitan la
discrecionalidad de su labor ejecutiva. Es decir, endurecer el Código Penal
para castigar el vandalismo callejero y anunciar una propuesta del Ministro de
Interior para responsabilizar criminalmente a partidos políticos o sindicatos
por los daños que causen los convocados en una manifestación, es retroceder en
cuanto a derechos cívicos hasta épocas de caudillaje totalitario, máxime cuando
tales excesos están tipificados penalmente en la ley vigente, que también exige
la proporcionalidad en el uso de la fuerza represiva y una conducta policial ajustada
a derecho que evite cualquier atropello o abuso de autoridad.
Pero si lo que se persigue es la impunidad en la actuación
de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su labor represora de la
conflictividad social, la deriva autoritaria se convierte en un recurso intencionado.
Las imágenes de policías aporreando a jóvenes estudiantes en Valencia dejan en
evidencia la idoneidad de tal
endurecimiento penal, porque lo que delatan es la necesidad de un mayor control
de los procedimientos policiales. Aún más: no conforme con ello, el Gobierno
pretende además limitar el acceso a la información que la televisión pública
facilita a los ciudadanos. Con la excusa de reducir la deuda de las
administraciones, tanto Televisión Española como las televisiones autonómicas
están sentenciadas a la privatización o al cierre de sus emisoras. Los ataques
desaforados de que es objeto RTVE por parte de la derecha mediática son
paradigmáticos de lo que consideran “libertad de información”, aquella que sólo
se limita a la loa gubernamental, sin ningún resquicio de crítica. De ahí la urgencia –otra vez- por romper el
consenso alcanzado para que su presidente no sea fruto de una decisión unilateral
del Gobierno, sino de una mayoría cualificada del Parlamento. Cuando al fin
parecíamos disfrutar de una televisión equiparable en independencia y
profesionalidad a las más acreditadas del mundo, como es la BBC inglesa, viene el Gobierno
a devolvernos aquella TVE que era la mejor de España en su tiempo, porque era
la única, controlada por el comisario gubernamental de turno. Las privadas, ya
se sabe, respetarán la mano que les “mueve” la licencia..., salvo rarísimas
excepciones, sin capacidad de competencia. Y también con prisas, por vía del
Decreto Ley para la imposición autoritaria en ese control de la televisión
pública, cuyos informativos intentaban reflejar lo que sucede en la realidad,
aunque no fuera del gusto de quien gobierna. Es lo que tiene la libertad y la
independencia informativa: no guarda compromisos con ningún poder.
Más allá de recortes económicos y mordazas a la información,
la situación excepcional que el
Gobierno arguye le sirve para imponer de forma francamente autoritaria, sin ningún
procedimiento deliberativo, no sólo medidas económicas, sino también una
regresión del derecho al aborto, la práctica eliminación de la Ley de Dependencia, el
encarecimiento de los estudios universitarios, requisitos más restrictivos para
la concesión de becas, la limitación de la asistencia sanitaria a los
inmigrantes, una “reforma” laboral que despoja de derechos a los trabajadores,
el “copago” en las recetas farmacéuticas a los pensionistas, la reducción del
personal en la enseñanza, la sanidad y las administraciones públicas, lo que se
une a una enésima disminución de sus salarios, la subida de impuestos vía IRPF
(queda pendiente la del IVA), recortes en la Ayuda a la Cooperación y el Desarrollo, la brutal reducción
de las inversiones en ciencia e investigación, etc.
En definitiva, la deriva autoritaria que ha emprendido el
Gobierno del PP puede que, por cómo se comportan los mercados, sea inútil para
contener el paro o la recaída en esa segunda recesión por la que despeña nuestra
economía, pero está consiguiendo que retornemos a la España agria y gris del
estraperlo, aquella donde los señoritos pegaban tiros en sus cotos de caza (a
elefantes o lo que se moviera), con la bendición de la santa madre Iglesia (cubierta
de privilegios) y el amparo de un ejército que no se ve concernido por leyes de
transparencia ni de austeridad, mientras el pueblo intenta sobrevivir de las
migajas, carente de derechos que dignifiquen su condición de desfavorecidos en
virtud de unos servicios públicos. Pero según Rajoy, “no hay dinero para
atender el pago de los servicios públicos”. ¿Qué nos espera?
ACTUALIZACIÓN (26/04/2012)
Enric Sopena reitera la preocupación expresada en este post.
ACTUALIZACIÓN (26/04/2012)
Enric Sopena reitera la preocupación expresada en este post.
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