Inocente, inocente

Hoy se ha sabido que, a pesar de lo que dictan los voceros del mercado, el Gobierno de España no seguirá sus recomendaciones sobre la reducción del gasto y el reajuste económico. En un giro sorprendente por inesperado, el presidente del Gobierno ha asegurado que los ciudadanos no deben soportar las consecuencias de una crisis de la que no han sido responsables sino víctimas, y que en consecuencia las medidas de corrección necesarias habrán de asumirlas los que han propiciado el desbarajuste. En tal sentido, el presidente español ha confirmado que serán las entidades bancarias las que tendrán que corregir sus balances con sus propios recursos y que, en caso de necesitar ayuda pública, ésta deberá ser devuelta en su integridad a las arcas del Estado. Una ley regulará las retribuciones de los directivos de la banca para que no supongan un saqueo de la entidad, obligando comunicarlas al Banco de España y cotizar íntegramente el Impuesto de la Renta del perceptor, sin posibilidad de trasladarlas a Sociedades u otros emolumentos no dinerarios.

También ha anunciado que en los próximos meses se presentará a la patronal y sindicatos una reforma laboral en la que se establece definitivamente dos tipos de contratos: fijos y eventuales. Todo contrato eventual se transformará en fijo a los tres meses de su firma, no pudiendo sustituirse por otras contrataciones eventuales encadenadas. La indemnización por despido se limitará a 35 días por año, cualquiera que sea el contrato y tipo de despido.

Otra de las medidas contempla que el Estado regulará y vigilará el funcionamiento de las agencias de calificación de riesgo que deseen operar en España, exigiendo un estatuto que asegure su independencia y la de su personal, con un régimen de incompatibilidades riguroso –no podrán acceder a cargo público hasta transcurrido un período de 5 años- y con responsabilidad patrimonial en caso de errores graves de calificación.

Para potenciar la actividad económica, el presidente del Gobierno ha confirmado que el Estado mantendrá su inversión pública, tanto en obra como en gasto social. La red de líneas de alta velocidad en ferrocarril se continuará extendiendo por el territorio y se acometerá el desarrollo del Plan General de Carreteras, procurando dotar de estas infraestructuras a aquellas zonas carentes de ellas, independientemente de su peso en las “balanzas” fiscales.

La actualización anual de las pensiones se garantizará de forma automática en función del incremento del coste de la vida, así como el sueldo de los empleados públicos, en cualesquiera de las administraciones del Estado, no pudiéndose recortar su salario por ley en el futuro, aunque podrá abordarse una reforma de la Administración para redimensionar su volumen. El incremento en los próximos años intentará recuperar el poder adquisitivo perdido.

Otra reforma afectará a la agricultura con objeto de eliminar los latifundios y la propiedad no productiva de tierras y cultivos. Se procederá a desamortizar las propiedades en manos del Estado, la Iglesia, el Ejército y otros estamentos o poderes que no abriguen una finalidad productiva agrícola, siendo distribuidas entre cooperativas o emprendedores agrarios.

Y entre las medidas para un nuevo impulso renovador, el Gobierno de España eliminará los privilegios que goza la clase política, reduciendo a un sólo salario lo que perciba cualquier persona que se dedique a la actividad política, aunque ejerza más de un cargo. Estará prohibido recibir regalos o cualquier tipo de obsequios procedentes de particulares, empresas u otros entes públicos. Todas las retribuciones deberán ser de pública consulta y estarán sometidos a un riguroso régimen de incompatibilidades. La transparencia de la actividad pública será completa en cuanto a concursos, licencias, subvenciones, decisiones y emolumentos del personal, independientemente de su categoría o nivel y de la Administración de que se trate.

Se garantizará el sostenimiento del Estado del Bienestar, en especial para una sanidad pública y universal, la educación, la judicatura, la protección y la dependencia de los mayores, mediante una fiscalidad progresiva que reparta las cargas entre los que más tienen.

El Gobierno ha manifestado al presentar esta nuevas medidas de urgencia que, por un día, todos podemos soñar con la inocencia perdida.