sábado, 17 de julio de 2010

De las autonomías al federalismo

Desde los comienzos de nuestra democracia, el problema territorial es el que presenta mayores obstáculos para conseguir un consenso definitivo. La Constitución intenta resolverlo con el modelo autonómico, que posibilita la descentralización del Estado a favor de aquellas regiones con fuerte sentimiento nacionalista, como son el País Vasco, Cataluña y Galicia, a las que otorgó el acceso al autogobierno a través de la vía del artículo 151, senda que también recorrió Andalucía forzando un acuerdo entre partidos tras el referéndum de 1980, donde la provincia de Almería quedó descolgada al no alcanzar la mayoría absoluta del censo. En aquella ocasión, los partidos acordaron una lectura inconstitucional para resolver un problema político, que nadie recurrió, afortunadamente.

Hoy continúa la trifulca. El Tribunal Constitucional acaba de dictar una sentencia, a instancia de un recurso del Partido Popular acerca de la reforma del Estatuto catalán, que vuelve a exaltar las diferencias de ese consenso nunca logrado sobre el modelo territorial de España. Y regresan a la disputa visiones contrapuestas sobre la forma del Estado. Parece evidente que, antes de continuar discutiendo un problema con visos de eternizarse, debería plantearse un Pacto entre las fuerzas políticas que aclarase las ideas. Algunos no se adherirán al mismo, pero seguro que interesará a los que gozan de condiciones de participar en el gobierno de la nación, que son los que, al fin y al cabo, deberán enfrentarse a este conflicto nunca resuelto satisfactoriamente.

Quizá haya sido el miedo a las palabras, pero las Cortes constituyentes no quisieron plantear en su momento la posibilidad de una España federal y se inventó el Estado de las Autonomías que, hasta la fecha, ha encauzado la problemática, pero no ha conseguido darle carpetazo al asunto. Más de 30 años después, los nacionalismos periféricos continúan con sus reclamaciones identitarias y en algunos casos soberanistas. Tal vez haya llegado la hora de definir y marcar los límites de la discusión. Y los límites, para un país integrado en una comunidad internacional de Estados, son llegar a un pacto sobre la unidad territorial de España, cuya integridad quedaría así garantizada, dentro de la cual se construiría una nación de naciones que satisfaga las apetencias federales que ansían los nacionalismos.

Reconocer la identidad nacional de Cataluña y las diferencias que caracterizan a otras regiones, incluidas sus lenguas vernáculas, no supone la desmembración del país. EE.UU. es un Estado federal, igual que Alemania, que por serlo no se rompe ni cuestiona la autoridad de su gobierno central. Respetando la unidad del Estado, podrían lograrse acuerdos de mayor autogobierno en las Comunidades Autónomas que estén dispuestas a elevar sus niveles de competencias. Es evidente que ello no daría satisfacción a los que albergan sentimientos separatistas, que seguirían reclamando un derecho que no encuentra justificación histórica en ninguna situación de colonialismo (único supuesto por el que la ONU apoya la liberación de los pueblos), pero al menos eliminaríamos este tema de la disputa de los grandes partidos, como se hizo con el terrorismo. Y evitaríamos, además, el bochorno de estar constantemente poniendo en solfa nuestra convivencia y dudando de nuestra democracia.

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